El Tribunal Constitucional analiza a partir de esta semana la validez de los artículos más polémicos de la Ley Mordaza. El debate se encara con un tribunal dividido que empezará a deliberar sobre la ponencia de la sentencia, cuya redacción ha tocado por reparto al magistrado progresista Fernando Valdés. La propuesta sobre la que empezarán a debatir los magistrados plantea calificar como inconstitucional las devoluciones en caliente de los inmigrantes. El texto pide anular los artículos que sancionan las manifestaciones frente al Congreso y los que permiten a la policía incautar imágenes en las que se registren sus actuaciones, según ha podido saber eldiario.es.
El debate se produce a raíz del recurso planteado por las formaciones que conformaban la oposición a principios de 2015 (PSOE, PNV, CiU, UPyD e IU). Ese año la norma fue promovida por el ejecutivo de Mariano Rajoy como respuesta a las manifestaciones que desde finales de 2012 habían discutido en la calle los recortes impuestos por su Gobierno.
Ahora el Constitucional tendrá que analizar en profundidad esa ley. El ponente de la sentencia, Fernando Valdés Dal-Ré, se opone a visar la constitucionalidad de las devoluciones “en caliente”, argumentando que el derecho de frontera no puede superponerse al estricto cumplimiento de la Constitución ni conculcar las normativas internacionales de Derechos Humanos. La Ley de seguridad ciudadana permitía repatriar a los inmigrantes de manera inmediata sin un proceso de garantías que sustentase cada caso.
El debate sobre este punto está condicionado por la doctrina que tendrá que dictar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras el recurso que han recibido relacionado con expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla.
El Constitucional tendrá que estudiar también las quejas sobre los aspectos de la ley Mordaza que ponen límites a la celebración de protestas frente al Congreso de los Diputados. Según ha avanzado el diario El País, el ponente se decanta por que las prohibiciones se basen en algo más que la mera sospecha de que las concentraciones o protestas pudieran derivar en graves desórdenes.
También está en discusión el articulado de la ley que permite a los policías incautarse de las imágenes en las que se hayan grabado sus actuaciones. Según fuentes del tribunal, toda la discusión se afronta sin perspectiva de acuerdo y con la previsión de que la ponencia será confrontada por la mayoría conservadora. Sea como fuere este martes arranca el primer examen en el principal tribunal de garantías sobre una de las decisiones más controvertidas de cuantas ha adoptado Rajoy desde la presidencia. El Partido Socialista y Unidas Podemos, mientras tanto, se han comprometido a derogar la norma, en el acuerdo sobre el que se sustenta su actual Gobierno de coalición.