El Tribunal Constitucional ha decidido, con siete votos a favor y cuatro en contra, dar el visto bueno a la ley del aborto y rechazar el recurso que interpuso el Partido Popular en 2010. La mayoría del pleno ha aceptado que la ponencia deje de estar en manos del conservador Enrique Arnaldo y pase a la progresista Inmaculada Montalbán y que la sentencia final avale los puntos principales de la norma, incluyendo los plazos para interrumpir el embarazo.
El tribunal de garantías ha llevado este asunto a pleno 12 años y medio después de que el Partido Popular, entonces con Mariano Rajoy al frente, presentara un recurso contra artículos clave como los plazos establecidos para poder abortar, la información que se ofrece a las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente el embarazo o el conocimiento que deben tener los padres en caso de que se trate de una menor de 16 y 17 años.
El asunto, a lo largo de los años, ha pasado por manos de tres ponentes hasta terminar en la mesa del conservador Enrique Arnaldo, aunque la sentencia será finalmente redactada por la progresista Inmaculada Montalbán. Una ponencia ahora desestimada de más de 90 páginas que avala casi la totalidad de los puntos recurridos por el PP en su recurso de 2010, entregado entonces en el Constitucional por Federico Trillo.
El borrador que proponía Enrique Arnaldo avalaba los plazos de la Ley impulsada por el ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuestionaba un aspecto concreto sobre la información ofrecida a las mujeres y no se pronunciaba sobre los artículos relativos a abortos en menores de edad: ese fue el único punto modificado en 2015 por el Gobierno del PP.
Ahora la sentencia cambia de manos y pasará a ser redactada por Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del tribunal tras su última renovación, para rechazar el recurso del PP de forma íntegra y no parcial como proponía Arnaldo.
El caso ha sido llevado al orden del día del pleno después de que el nuevo presidente, el progresista Cándido Conde-Pumpido, haya decidido impulsar la resolución de asuntos que cogían polvo en los cajones del Constitucional para, según su objetivo, intentar combatir los largos plazos de resolución que predominan en el tribunal en determinados casos de gran trascendencia social.
Varias recusaciones rechazadas
Las deliberaciones siguieron después de que la mayoría del pleno rechazase la abstención con la que la conservadora Concepción Espejel pedía ser apartada del debate. La razón esgrimida por la magistrada era que, en su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial, emitió un informe muy crítico con la Ley del Aborto.
La mayoría progresista del pleno entendió que eso no contaminaba su criterio mientras que sus tres compañeros del sector conservador anunciaron votos particulares en contra de esta decisión de rechazar la abstención. Otra de las magistradas, la progresista Inmaculada Montalbán, también formó parte de ese Consejo e informó sobre la ley del aborto, pero a favor.
El pleno también rechazó un intento de cinco diputados del Partido Popular de dejar al tribunal sin magistrados suficientes para tomar una decisión al recusar a cuatro de sus miembros, tres progresistas y un conservador.