El Tribunal Constitucional ha decidido dar su aval a la vigencia de las órdenes de detención nacionales, europeas e internacionales que pesan sobre Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí. Los jueces rechazan la petición de anulación cautelar de los tres exmiembros del Govern unos días después de que los tribunales italianos hayan decidido dejar en suspenso el proceso de extradición de Carles Puigdemont, arrestado en Cerdeña el 23 de septiembre.
Las órdenes de detención, vigentes tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, fueron emitidas por el magistrado Pablo Llarena a finales de 2019 después de que el Tribunal Supremo dictase sentencia sobre el procés independentista. El instructor de la causa decidió emitir una nueva orden de detención contra el expresident catalán pero en esta ocasión por delitos de sedición y malversación después de que la sentencia descartase la rebelión que defendía la Fiscalía.
Los jueces del Tribunal Constitucional entienden ahora que estas órdenes de detención deben seguir en pie y rechaza la petición de suspensión cautelar de Puigdemont y el resto de requeridos. “Se considera que aquella decisión fue respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo, y no vulneró su derecho a la tutela cautelar porque el Tribunal abrió, simultáneamente, una pieza separada de medidas cautelares sujeta a un procedimiento contradictorio”, dice el tribunal de garantías.
La decisión del Constitucional se aplica tanto a la puesta en marcha de estas órdenes de detención de octubre de 2019 como también a sus confirmaciones posteriores. En decisiones anteriores de este mismo año los jueces habían validado, por ejemplo, las órdenes vigentes dentro de nuestras fronteras.
La vigencia de las órdenes europeas de detención ha vuelto a ser sometida a debate en los últimos días después de que Carles Puigdemont fuera detenido en Cerdeña el 23 de septiembre. Los jueces italianos entendieron que el expresident había sido correctamente detenido por una orden en vigor aunque unos días más tarde decidieron suspender el proceso de entrega hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva una cuestión prejudicial planteada por el propio juez Llarena.