Un Constitucional caducado por el boicot del PP decide si paraliza las leyes del Congreso para desbloquear su renovación

El bloqueo en la renovación del máximo intérprete de la Constitución se vive a tres velocidades en Madrid. Una de ellas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde un grupo de vocales rebeldes bloquea desde hace meses la renovación clave del Tribunal Constitucional. Otra en el Congreso de los Diputados, donde se tramita una reforma con la que el Gobierno pretende acabar con esa parálisis. Y una última en el propio Tribunal Constitucional, donde los magistrados –varios con el mandato caducado– deben decidir este jueves si, a petición del Partido Popular, paralizan de forma cautelarísima la reforma para desbloquear su propia renovación. Una renovación clave, porque será la que imponga una mayoría progresista en la calle Domenico Scarlatti después de más de una década de mayoría conservadora.

La primera cita es en el Tribunal Constitucional a las diez en punto de la mañana. El presidente Pedro González-Trevijano, uno de los cuatro magistrados pendientes de renovación, convocó el miércoles de urgencia un pleno para estudiar un recurso igual de urgente presentado por el Partido Popular. Un recurso que cuestiona la tramitación de la reforma con la que el Ejecutivo pretende cambiar la aritmética de mayorías necesarias para nombrar magistrados del Constitucional por parte del CGPJ.

El PP denuncia que esta reforma, que modificará la Ley Orgánica del Poder Judicial, se haya puesto en marcha a través de enmiendas en procesos legislativos no relacionados con el bloqueo que ellos mismos han provocado en el Consejo del Poder Judicial y, por extensión, ahora también en el Constitucional. El debate, sin embargo, no girará sobre el fondo del asunto: el pleno del Constitucional decidirá si hay que paralizar el proceso de manera cautelarísima porque se ha hecho vía enmienda. Es decir, sin pedir informes a nadie y porque las consecuencias de no hacerlo no tendrían arreglo.

La decisión será tomada por todo el pleno, pero la ponencia del caso está en manos de Enrique Arnaldo. Es una de las últimas incorporaciones al Constitucional por parte del Congreso y a propuesta del Partido Popular, recusado varias veces sin éxito hasta la fecha y ponente de asuntos tan importantes como el recurso del PP contra la Ley del Aborto. Arnaldo, antes de entrar en el tribunal de garantías, fue durante décadas letrado de las Cortes Generales y conoce al milímetro, por tanto, los procesos legislativos que tendrá que estudiar.

En el pleno que arranca este jueves a las diez de la mañana habrá cuatro magistrados cuyo mandato caducó en junio de este año. Precisamente los que no pueden ser renovados por el bloqueo del sector conservador del CGPJ y cuya salida del Constitucional pretende facilitar la reforma legal sobre la que tendrán que decidir.

Sobre la mesa hay varias opciones. El pleno extraordinario se celebra unas pocas horas antes de que, a las tres de la tarde, arranque el pleno del Congreso en el que los partidos políticos votarán seguir tramitando la reforma legal que, entre otras muchas cosas, afecta a la renovación del Constitucional. Si el TC, por tanto, dicta una paralización cautelarísima, la votación en el Congreso no podría celebrarse.

Esa es la primera opción: que el Constitucional entienda que el recurso del PP, presentado contra la decisión de la Comisión de Justicia de admitir a trámite las enmiendas, es tan sumamente urgente que si no se paraliza todo el proceso los daños serían irreversibles. En ese caso la votación en el Congreso se vería comprometida y cualquier decisión contraria a esa suspensión podría ser interpretada como una desobediencia a un dictamen del tribunal de garantías.

Otra opción es que el Constitucional rechace las medidas cautelarísimas, que se toman sin pedir la opinión de ninguna parte implicada, pero decida tramitar el recurso del PP por la vía de las medidas cautelares y, por tanto, pidiendo informes. Eso dilataría varios días la llegada de la siguiente decisión y no sería un obstáculo para que el Congreso pudiera votar la reforma este jueves y seguir adelante con su tramitación. Una tercera y última opción sería que el Constitucional inadmitiera de plano el recurso del PP y que el caso quedara definitivamente enterrado y sin obstáculos para la tramitación parlamentaria.

Un Constitucional por renovar

En el fondo del asunto, al margen del debate jurídico concreto que tengan los magistrados este jueves, están los efectos de la onda expansiva del bloqueo del Partido Popular a renovar el CGPJ, que llega hasta el Tribunal Constitucional. Los vocales conservadores designados por el PP en este organismo, caducado desde hace cuatro años, se han negado hasta ayer miércoles a sentarse a votar candidatos y eso implica que, por ahora, hay cuatro magistrados del Constitucional sin renovar.

Dos de ellos corresponden al Gobierno y dos al CGPJ, pero parece claro que en el Constitucional no hay planes de dar el visto bueno a los dos candidatos del Ejecutivo si no están preparados también los del órgano de gobierno de los jueces, al menos de momento.

En el Consejo del Poder Judicial la situación está lejos de desencallarse. La última reforma legal obligaba a los vocales a ponerse de acuerdo para designar a sus dos candidatos en septiembre, pero varios meses después eso no ha ocurrido. No ha ocurrido porque varios vocales del sector conservador se han negado, hasta este miércoles, a poner a sus candidatos encima de la mesa y votar.

La aparición de esta última modificación de las mayorías necesarias les ha llevado a exigir, ahora sí de urgencia, un pleno para votar a sus dos candidatos: César Tolosa y Pablo Lucas Murillo. Una oferta que, en la práctica, neutraliza y veta la propuesta del sector progresista, el magistrado José Manuel Bandrés. Una propuesta destinada al fracaso.

Una mayoría progresista bloqueada

Un Consejo caducado desde hace cuatro años, cuya renovación está bloqueada por el PP, bloquea también por tanto la renovación de una parte clave del Tribunal Constitucional. Una parte clave porque estos cuatro puestos pendientes de renovación son los que garantizarán una mayoría progresista durante los próximos años tras una década de mayoría conservadora.

El Gobierno ya ha designado a su propio exministro Juan Carlos Campo y a la catedrática Laura Díez, dos de perfil progresista, mientras que el Consejo no saca los suyos adelante, pero que tradicionalmente suele aportar un magistrado a cada sector del pleno.

La sustitución de dos conservadores nombrados bajo la mayoría absoluta de Mariano Rajoy por dos progresistas invertiría esa proporción con varias decisiones clave por delante: el recurso del PP contra la Ley del Aborto y recursos contra normas más actuales como la de Eutanasia, la Ley Celáa de educación y tantas otras.