El pleno del Tribunal Constitucional se sentará a estudiar el recurso que el PP presentó contra la Ley del Aborto hace casi 13 años. Lo hará en la primera reunión que celebrará el próximo mes de febrero, entre los días 7, 8 y 9 de ese mes. El segundo pleno, que se celebrará a finales de febrero, acogerá el debate sobre la Ley de Eutanasia que entró en vigor hace dos años.
La nueva composición de las cuatro secciones del pleno deja la presidencia de tres de ellas en manos de magistrados y magistradas progresistas, y una en manos de un conservador. Tres de ellas también recogen una mayoría progresista, mientras que en una cuarta solo hay dos miembros a la espera de que el Senado sustituya al conservador Alfredo Montoya, que dejó el Constitucional por motivos de salud.
Ha sido la primera medida tomada por el nuevo Tribunal Constitucional tras la renovación de cuatro de sus miembros y la implantación de una mayoría progresista, inédita en una década, con el magistrado Cándido Conde-Pumpido como nuevo presidente. Uno de sus objetivos, según explicaban fuentes cercanas al tribunal de garantías desde el mismo instante de su renovación parcial, era desatascar temas que llevaban años guardados en los cajones de los magistrados sin que se dictara sentencia.
En el caso del aborto, la Ley entró en vigor en 2010 durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y el recurso del PP fue presentado a mediados de ese mismo año. Desde entonces el asunto cayó en manos del magistrado Andrés Ollero, exdiputado del Partido Popular que dejó el tribunal en 2021 durante su penúltima renovación. El redactor actual de la ponencia es el también conservador Enrique Arnaldo.
La Ley de Eutanasia entró en vigor en 2021 y fue llevada hasta el Constitucional tanto por Vox como por el PP, aunque el partido ultraderechista fracasó en su intento de que la norma quedara suspendida de forma cautelar.
También entra en la agenda del Tribunal Constitucional otra norma del ejecutivo recurrida por Vox: la Ley Celáa de educación. Una de las ponencias, tal y como reveló elDiario.es, apuesta por dar la razón al partido de Santiago Abascal. La otra pasa a manos de la recién entrada Laura Diez, que también se encargará del recurso de PP y Ciudadanos contra las leyes autonómicas que regulan el uso del catalán en las escuelas.
El primer pleno del Constitucional ha servido para que los cuatro magistrados entrantes hereden las carteras de los cuatro salientes. La nueva composición de sus distintas secciones deja en manos de dos magistradas progresistas los dos recursos de Alberto Rodríguez contra su condena y contra la retirada de su escaño: María Luisa Segoviano asume la ponencia sobre el fondo del asunto y María Luisa Balaguer mantiene la ponencia sobre la petición de medidas cautelares, que aguarda una respuesta desde hace meses.
Una de las dos ponencias sobre la reforma que impidió hacer nombramientos al Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado pasa a manos del conservador César Tolosa, mientras que la otra sobre el mismo asunto se mantiene en la mesa de la progresista Balaguer. El primero estudia el recurso del PP y la segunda, el de Vox.