La presidenta del Congreso, Ana Pastor, está a punto de cerrar su ciclo al frente del Parlamento con una nueva reprimenda del Constitucional por varias resoluciones adoptadas durante su mandato para bloquear iniciativas de la oposición. El alto tribunal acaba de sentenciar que el Gobierno de Mariano Rajoy y la Mesa del Congreso no justificaron su veto a una propuesta de Unidos Podemos que planteaba modificaciones en la normativa laboral sobre la aplicación de convenios colectivos.
La propuesta de Unidos Podemos fue bloqueada por el Gobierno en noviembre de 2017. El ejecutivo aplicó para ello el artículo 134 de la Constitución, que le permite frenar cualquier iniciativa que suponga un incremento del gasto y tenga un efecto directo sobre los presupuestos en curso. En la justificación de su veto, el Ejecutivo de Rajoy argumentó que la iniciativa supondría, en caso de aprobarse, un incremento de 100.000 nuevos parados, generando un gasto no previsto en prestaciones de 1.500 millones de euros. La mesa, bajo la presidencia de Ana Pastor, dio por buenos los argumentos y asumió un bloqueo que también contó con el visto bueno de Ciudadanos.
La sentencia del Constitucional, publicada esta semana, pone de manifiesto una vez más que el Gobierno de Rajoy recurrió al filibusterismo parlamentario para frenar la mayoría parlamentaria en su contra y vulneró los derechos de los diputados para establecer debates. En relación a este veto de 2017, el Constitucional asegura que el equipo de Rajoy no ofreció “ningún dato objetivo que permita conocer cómo se obtiene la cifra de 100.000 nuevos perceptores de prestaciones y el importe de 1.500 millones más de gasto en esas prestaciones”.
La estrategia de frenar una iniciativa argumentando que altera el presupuesto no es nueva. En abril de 2017, el Gobierno también hizo uso de su capacidad de veto para frenar una iniciativa de Unidos Podemos que pedía el cierre de las centrales nucleares. Una vez más, el Gobierno argumentó que de llevarse a efecto la propuesta, habría un efecto sobre el gasto público. Unidos Podemos recurrió al TC y más de un año después (septiembre de 2018) la sentencia dio la razón al grupo liderado por Pablo Iglesias.
En otras ocasiones, el Gobierno de Rajoy consiguió parar leyes con la estrategia del veto. Paró propuestas que pedían recuperar la universalización de la asistencia sanitaria, suprimir las tasas judiciales o crear mecanismos que luchasen de manera efectiva contra la pobreza energética.
El Gobierno del Partido Popular también recurrió a ese mecanismo para bloquear leyes autonómicas. En el País Vasco se frenó una iniciativa que pedía indemnizaciones para las víctimas del amianto, en Murcia se tumbó otra sobre autoconsumo eléctrico y en Galicia se paró la proposición de ley autonómica que solicitaba asumir la titularidad pública de la autopista de peaje que une, a través del eje atlántico, las ciudades de Vigo y A Coruña.
Los equilibrios de fuerzas en los parlamentos han demostrado tener un papel clave en la aplicación de los vetos solicitados por el Gobierno. En diciembre de 2016, Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos sumaron sus fuerzas en la Mesa del Congreso para oponerse a los vetos que el Gobierno de Rajoy había planteado contra dos iniciativas del PSOE que pedían la paralización de la LOMCE y cambios en la reforma laboral para proteger a las “kellys” y demás trabajadores de subcontratas. Contra el criterio de Ana Pastor y el resto del PP, la Mesa del Congreso decidió levantar aquellos vetos.
El Gobierno no se dio por vencido entonces y decidió acudir al Constitucional, planteando un conflicto de atribuciones y discutiendo la capacidad de los parlamentos para desoír sus órdenes de bloqueo. Cuatro meses después, en abril de 2018, el alto tribunal falló por primera vez en contra de las pretensiones del Gobierno de Rajoy.
Con la sentencia conocida este lunes, el Constitucional sentencia por cuarta vez contra un veto del Ejecutivo y lo declara nulo.
Fuentes del Congreso, consultadas por eldiario.es, señalan que el efecto de la sentencia será nulo, por la cercanía de la disolución del Parlamento, como consecuencia de la convocatoria de elecciones para el próximo 28 de abril. La ley señala que todo debate parlamentario en marcha decae al disolverse las cámaras y apenas queda tiempo para que se abra ahora el trámite legislativo que Unidos Podemos pretendió impulsar hace más de un año. eldiario.es se ha puesto en contacto con el equipo de la presidenta del Congreso para recabar su opinión sobre la nueva reprimenda que les llega desde el Constitucional. La respuesta ha sido que “no hay comentarios”.
A las cuatro derrotas cosechadas por el Gobierno de Rajoy ante el Constitucional por sus vetos en el Parlamento, hay que sumar una más: la sentencia que dictaminó que, tras las elecciones de diciembre de 2015, Rajoy vulneró la ley durante 10 meses, al negarse a asistir a las sesiones de control en el Congreso. En aquellos meses, el Gobierno en funciones desoyó todas las peticiones de control que le trasladaba la mesa de la cámara que presidía el socialista Patxi López, con el apoyo de Podemos y Ciudadanos.
Los ritmos del Constitucional han impedido que sus sentencias sobre los excesos de los gobiernos de Rajoy frente al Parlamento hayan tenido ninguna consecuencia práctica. La última resolución contra hechos acaecidos durante el mandato de Rajoy llega cuando está a punto de finalizar el Gobierno de Pedro Sánchez. Este tipo de resoluciones no comportan ningún tipo de pena para las personas que se consideran responsables de haber incumplido con la Constitución. Se trata de textos que los letrados del Congreso incorporan a su colección de jurisprudencia y que, según fuentes del Congreso, “harán más difícil” que en el futuro un Gobierno intente frenar las propuestas de la oposición con vetos, apoyados en supuestos efectos sobre los Presupuestos en curso.