El derecho a la vida ha sido uno de los principales argumentos del Partido Popular y de Vox para cuestionar en los tribunales derechos como el aborto o la eutanasia. Una visión universal de ese derecho que, según las derechas, impide cualquier tipo de autonomía del individuo sobre la decisión de interrumpir un embarazo o acabar con la propia vida en casos de sufrimiento extremo. Pero las últimas decisiones del Tribunal Constitucional, que ha rechazado sus recursos a las leyes que consagran ambos derechos, han cuestionado esta línea de actuación que desarrollan desde hace dos décadas en la calle, en el Parlamento y en los tribunales.
El derecho a la vida está recogido en el artículo 15 de la Constitución Española. “Todos tienen derecho a la vida”, dice la Carta Magna. Y es un artículo que tanto PP como Vox han colocado como clave de bóveda de sus recursos más importantes. El derecho al aborto, dijo el partido de Alberto Núñez-Feijóo en su recurso, es “incompatible” con el derecho a la vida de un no nacido. El derecho a la eutanasia, decía Vox en su recurso, chocaba con un derecho a la vida “de carácter absoluto”.
La sentencia del Constitucional que avala la ley de eutanasia y rechaza el recurso de la ultraderecha contradice frontalmente estos argumentos. Y niega la mayor en su tramo inicial: el derecho a la vida es clave en la Constitución, pero no es el único. Magistrados tanto progresistas como conservadores recuerdan al partido de Santiago Abascal que el mismo artículo 15 que define el derecho a la vida, a renglón seguido, contiene más palabras: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”. Y más derechos aún: la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad.
Esta versión más completa del derecho a la vida es habitualmente omitida por las derechas en sus recursos y eslóganes. La oposición al aborto se autodenomina “provida”, por ejemplo. “Sin duda, lo que consagra nuestra Constitución es el derecho a la vida”, dijo en TVE la vicepresidenta de políticas sociales del PP, Carmen Navarro, en febrero. “Hay una clarísima colisión de la ley de eutanasia con el derecho fundamental de la vida”, dijo Santiago Abascal a las puertas del Constitucional.
La sentencia del Constitucional sobre la eutanasia contradice ese argumento y explica que el derecho a la vida no es un derecho absoluto, y que eso además no es ninguna novedad. Ya lo dijo el mismo tribunal, por ejemplo, cuando en 1985 avaló varios supuestos para abortar como compatibles con ese derecho a la vida, recuerda. El derecho a la vida, explican los magistrados, “debe leerse en conexión con estos otros preceptos constitucionales”, en alusión a la integridad, la dignidad y el libre desarrollo. Eso evita, añaden, que la protección del derecho a la vida se transforme en un ataque al “espacio de libertad y autonomía del sujeto, y la imposición de una existencia ajena a la persona y contrapuesta al libre desarrollo de su personalidad carente de justificación constitucional”.
Ni el Constitución ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos preconizan esa versión del derecho a la vida que esgrimen las derechas en España. “No exige una protección de la vida humana de alcance absoluto que pueda oponerse a la voluntad libre y consciente de su titular”, dice esta sentencia de más de un centenar de páginas. Poner punto y final a la propia vida en los supuestos contemplados por la ley, de sufrimiento y enfermedad irreversibles e inaguantables, es para el Constitucional “una de las decisiones vitales amparadas por el derecho de autodeterminación de la persona que deriva de los derechos fundamentales a la integridad física y moral en conexión con el reconocimiento de los principios de dignidad y libre desarrollo de la personalidad”.
En su recurso, Vox mencionaba estos derechos, pero no en el mismo sentido. “Lo que es y ha de ser digna o libre es la vida en sí misma y no caben una dignidad o libertad cuya preservación exija la desaparición de la vida”, decía el partido de extrema derecha. Argumentos que sí comparten los dos magistrados conservadores que han votado en contra. Enrique Arnaldo, por ejemplo, explica que reconocer este derecho acarrea una “inevitable consecuencia de devaluar la Constitución”. Concepción Espejel concede que la eutanasia es “una excepción al deber estatal de protección de la vida”.
La vida y el aborto
La contraposición del aborto o la eutanasia a la vida no es nueva, ni en los tribunales, ni en los púlpitos, ni en la calle. En 2009 fue Mariano Rajoy, entonces líder del PP y de la oposición, el que animó a sumarse a la manifestación “Por la vida” que en marzo de ese año recorrió Madrid en protesta contra la ley del aborto del Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese día la facultativa Gádor Joya leyó un manifiesto en calidad de portavoz de la plataforma “Derecho a Vivir” en el que pedía leyes que “protejan el derecho a vivir”. Hace unos días dejó su escaño por Vox en la Asamblea de Madrid.
La sentencia del Constitucional que, salvo sorpresa o cambio de última hora, rechazará el recurso del PP interpuso hace casi 13 años contra esa ley del aborto que prometió derogar y apenas modificó cuando tuvo mayoría absoluta, todavía no se conoce. Pero incluso la ponencia del conservador Enrique Arnaldo, rechazada por la mayoría progresista del pleno para buscar un aval más amplio a la norma, rechazaba esos postulados absolutistas sobre el derecho a la vida, en este caso la vida del no nacido.
“El bien jurídico que es la vida prenatal se tutela de forma razonablemente suficiente a través de las medidas preventivas, de las políticas sociales activas de apoyo a la maternidad y a las mujeres embarazadas a las que esta remite, y de un procedimiento de asesoramiento neutral a la mujer”, reconoció ese primer borrador. Ese mismo texto también invitaba a analizar la libertad, la dignidad y el libre desarrollo así como la integridad física y moral de la mujer a la hora de tomar esta decisión.
Ni siquiera las ponencias conservadoras sobre el derecho al aborto y su compatibilidad con el derecho a la vida, por tanto, avalan los postulados de las derechas sobre la primacía total de este derecho, durante tantos años blandido en manifestaciones y discursos políticos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, optó por suavizar ligeramente su discurso tras el varapalo del Constitucional, limitándose a constatar la obviedad de que el aborto no es un derecho recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Un respeto implícito a la decisión del tribunal de garantías que le costó una embestida del obispo José Ignacio Munilla: “La traición del PP a la causa de la vida es total y absoluta”.