A solo unas horas del inicio de la campaña electoral el Gobierno intentó sin éxito impulsar una causa penal contra el presidente del Parlament, Roger Torrent. El Consejo de Ministros celebrado el pasado 31 de octubre acordó enviar al Constitucional tres incidentes de ejecución de sentencia referentes a las decisiones de la Mesa del Parlament. Este tipo de requerimientos no necesitan que participe el Consejo de Estado, así que el Ejecutivo puede redactarlos como considere. Su objetivo era que el alto tribunal derivase a la Fiscalía este caso. Pero el Gobierno no lo consiguió y tuvo que conformarse con que el Constitucional tumbase la resolución pactada por los independentistas.
Moncloa solicitaba que el Constitucional dedujera testimonio contra los responsables de las decisiones de la Mesa del Parlament para exigir las responsabilidades penales que pudieran concurrir. La deducción de testimonio supone analizar los indicios delictivos y redactar un “tanto de culpa” que se remite a la Fiscalía General del estado. Dicho en otras palabras, se trata de dar los primeros pasos para iniciar una causa penal contra el presidente del Parlament.
La petición que el Gobierno anunció desde la mesa del Consejo de Ministros a mediodía del jueves tardó poco más de una hora en llegar a la ventanilla de entrada del Tribunal Constitucional. “A las 13 horas ya teníamos el incidente aquí”, señalan fuentes del TC.
El Consejo de Ministros pretendía así, por una parte, que la resolución pactada por los tres partidos independentistas, en la que reiteraban cuestiones ya anuladas como el debate sobre la autodeterminación o el derecho de la Cámara para reprobar la monarquía, se frenara antes de llegar al pleno del Parlament. Por eso la iniciativa del Gobierno obligó al alto tribunal a improvisar un pleno extraordinario ya que, de no haberse suspendido la admisión a trámite, la iniciativa de los independentistas podría haber sido debatida y aprobada por el Parlament la semana que viene.
Pero, además, el Gobierno quería ir más allá y que la Fiscalía se pusiera ya en marcha para considerar la admisión a trámite por parte de Torrent y la Mesa como un primer acto constitutivo del delito de desobediencia. Sin embargo, de la reunión que el Constitucional celebró el pasado martes salió la decisión unánime de desoír la petición del Gobierno de iniciar acciones legales contra Torrent.
Fuentes del Tribunal consultadas por eldiario.es aseguran que “hubo un gran consenso” sobre que “no era el momento” de tomar una decisión que empujase la vía penal en medio de la campaña, ya que es norma del alto tribunal no intervenir en el debate electoral con decisiones de este tipo. “Acordamos una solución más moderada. Hemos preferido dar otra oportunidad al presidente del Parlament”, explican las mismas fuentes. Los magistrados querían además valorar el respeto con el que se abordaba la medida, es decir, si pese a la prohibición Torrent seguía adelante con la resolución o la frenaba.
Lo que el pasado martes acabó dictando el Constitucional fue la suspensión de dos acuerdos de la Mesa del Parlament, el primero el que admitía a trámite la resolución independentista y, el segundo, el que se rechazaba la petición de reconsideración formulada por el PSC. Además acordó que se notificara a Torrent y al resto de miembros de la Mesa la prohibición expresa de que esa resolución viera la luz en el pleno, al menos hasta que el Constitucional dilucide si finalmente es inconstitucional o no.
Estas notificaciones son la segunda advertencia que recibe el presidente del Parlament desde el Constitucional. La primera llegó pocos días antes de que se conocieran las condenas a los líderes independentistas, en las que se informó tanto a los miembros de la Mesa del Parlament como a los del Govern de que tenían la obligación de paralizar cualquier iniciativa inconstitucional. Esas advertencias generaron cierto aturdimiento del independentismo, que no fue capaz de consensuar una respuesta a la sentencia en los primeros días, aunque finalmente, la semana siguiente, sí se redactó un texto de consenso, que es el que ahora se impugna por el Constitucional.
Desde la presidencia del Parlament consideran que “Sánchez ha avanzado por la derecha a Rajoy” al ser el propio Gobierno quien pidió al Constitucional iniciar medidas penales, un paso que hasta ahora nunca se había dado. “Es profundamente inquietante que un gobierno en teoría progresista, que en la práctica debería ser más sensible a la defensa de derechos como el de la libertad de expresión, no sólo comparta con Rajoy su nulo respeto por el parlamentarismo, sino que vaya aún más allá y pida que se actúe penalmente contra el presidente y la mesa de un parlamento democrático para permitir que se pueda hablar libremente”, indican estas estas fuentes.