El Constitucional avisa: los presos preventivos tienen sus derechos políticos limitados
El Tribunal Constitucional acaba de limitar el derecho de las personas en prisión preventiva a participar en política con plenitud de facultades. Es la primera vez que el alto tribunal pone por escrito la existencia de esas limitaciones y lo hace en un auto en el que responde a la petición de Jordi Sánchez que para poder participar de manera telemática en su propia investidura.
En el Auto emitido por el Constitucional para responder a las cautelares reclamadas por Sánchez, los magistrados aseguran que la prisión provisional dictada por el Supremo afecta y limita “indefectiblemente” la libertad para participar en política.
Se trata del primer aviso del Constitucional, antes de resolver definitivamente sobre otros dos asuntos que requerirán la emisión de una sentencia: el recurso contra la Ley de Presidencia y la propuesta parlamentaria que designaba a Puigdemont como candidato a la presidencia. En ambos casos, el TC tendrá que posicionarse sobre la constitucionalidad de reclamar el ejercicio del gobierno por vías telemáticas.
El Artículo 23 de la Constitución proclama el derecho de los ciudadanos a “participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes” y aclara el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos“. En el ámbito independentista defienden que esos derechos permanecen inalterables para los políticos encarcelados preventivamente o perseguidos por la justicia.
El Constitucional opina lo contrario. Fuentes del tribunal argumentan que “la prisión provisional implica la restricción de muchos derechos” en referencia a la imposibilidad de los presos para poder beneficiarse de derechos aludidos por la Constitución como el de reunión, comunicaciones o trabajo. “Están planteando una especie de privilegio para los políticos con respecto a los demás ciudadanos que, cuando están en prisión tienen muy limitados estos derechos”, aseguran las mismas fuentes.
El auto sobre Jordi Sánchez marca el camino a las futuras reclamaciones que pudieran caer en manos del Constitucional si el Gobierno persiste en su decisión de impedir la investidura de los consellers encarcelados o huídos. El TC avisa: no podrán participar en la vida política con los mismos derechos que el resto de ciudadanos.
