El Constitucional da los primeros pasos para abrir una causa penal contra Roger Torrent por desobediencia
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad dar el primer paso necesario para abrir una causa penal contra el presidente del Parlament por un posible delito de desobediencia. La decisión adoptada este martes contra Roger Torrent responde a la petición realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 31 de octubre, antes de las últimas elecciones generales y cuando aún no se vislumbraba la necesidad del acuerdo que ha permitido que Esquerra Republicana de Catalunya facilitase la investidura de Pedro Sánchez con su abstención.
El Constitucional tambien ha decidido iniciar actuaciones contra el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, y contra el secretario primero del mismo organismo, Rosselló y Eusebi Campdepadrós i Pucurull.
La decisión adoptada por el Constitucional responde a la petición que le hizo el Gobierno el pasado 31 de octubre en respuesta a la decisión de la Mesa del Parlament adoptada el 22 de octubre tramitando una propuesta de resolución que respondía a la sentencia del procés, dictada por el Tribunal Supremo.
Aquella propuesta de resolución recogía “la defensa del derecho de autodeterminación” y la revindicación de la soberanía de Catalunya. El ejecutivo decidió acudir al Constitucional tan pronto tuvo conocimiento de la tramitación parlamentaria del texto. Sin embargo, no lo hizo cuando la iniciativa fue sometida a debate y aprobada con los votos de la mayoría independentista.
La decisión adoptada por el Constitucional pone ahora el dilema en el tejado de la Fiscalía, que deberá decidir si pide la apertura de una causa penal contra el presidente del Parlament y sus dos compañeros en la Mesa de esta institución. Tras semanas sumidos en la división, todos los magistrados del Constitucional se han puesto de acuerdo para concluir que “el presidente del Parlament, el vicepresidente primero y el secretario primero de la Mesa del Parlament han incumplido el art. 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que declara que todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el tribunal resuelva”.
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