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El Constitucional suspende la ley balear que prohíbe matar a los toros en las corridas tras el recurso del Gobierno
El Tribunal Constitucional ha suspendido la ley contra el maltrato a los animales aprobada por el Parlament balear el pasado mes de julio y que prohibía matar a los toros en las corridas.
Según fuentes judiciales, el Constitucional deja en suspenso varios artículos de la ley autonómica al admitir a trámite el recurso que aprobó presentar el Gobierno central el 10 de noviembre.
La Ley de protección de los animales de Baleares fue aprobada por el Parlament con los votos de los partidos de izquierda y la oposición del PP y Ciudadanos. La misma prohíbe expresamente maltratar y matar a los toros, por lo que en los festejos suprime el tercio de varas y los toreros solo pueden emplear el capote y la muleta, descartando el uso de banderillas, estoques o puntillas.
En su recurso, el Gobierno argumenta que Baleares no tiene competencias específicas de protección de animales en su Estatuto de Autonomía e incide en que la ley autonómica incumple determinados preceptos de leyes estatales de patrimonio inmaterial y tauromaquia.
El ejecutivo consideraba que la ley balear incurre en inconstitucionalidad porque invade o menoscaba competencias estatales que regulan las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes.
También argumentan que invade competencias estatales en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; de la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español, así como en las de seguridad pública.
A esto se añade que, a diferencia de otras comunidades, Baleares no tiene recogidas en su Estatuto de Autonomía competencias específicas para la protección de los animales, sostiene el Gobierno en el recurso admitido a trámite.
El Tribunal Constitucional dictó en 2016 una sentencia sobre la Ley catalana de protección de los animales, indicando que “es competencia de la Administración General del Estado garantizar la conservación y promoción de la tauromaquia como patrimonio cultural”.
