Una consulta a los reos revela serias deficiencias en las cárceles de Bolivia

Una consulta reciente realizada por las autoridades bolivianas a reclusos de 53 cárceles del país reveló una serie de deficiencias consideradas como “violaciones” a sus derechos, explicó este lunes una fuente oficial.

Estos casos son “graves”, señaló el ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, fundamentado en datos preliminares del llamado Censo Carcelario, según un comunicado ministerial.

Reclusos sin sentencia o que permanecen en la cárcel a pesar de haber cumplido con su condena, internos con discapacidad, otros que padecen alguna enfermedad mental, además de indígenas a los que se les privó de asistencia legal en su lengua de origen, forman parte del universo de casos que más preocupan a las autoridades.

El ministro también señaló el caso de un preso que continúa en la cárcel pese a que hace cuatro años se emitió un mandamiento de libertad a su favor, pero que “ha sido privado de su libertad indebidamente”.

La información que proporcionó Arce forma parte de un informe preliminar basado en la consulta realizada día antes, cuyos datos detallados se publicarán en unos dos meses con el objetivo de encauzar una reforma penal que busca implementar el Gobierno boliviano, señala la comunicación.

Esa transformación pretende ajustar considerablemente el régimen de medidas cautelares y la práctica de la detención preventiva de los acusados, que alargan su encarcelamiento en espera de una sentencia que puede ser absolutoria tras mucho tiempo recluidos.

Arce manifestó que los casos “más graves” se identificaron en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz, que es considerada la más grande y peligrosa del país, y por lo que se vio necesario enviar una comisión del ministerio.

Una de las medidas inmediatas propuestas por esa repartición del Estado busca que algunos tribunales celebren audiencias “en los propios recintos penitenciarios”, con la finalidad de identificar los casos delicados de manera más efectiva y que “restituyan” el derecho de los privados de libertad, aseguró Arce.

La consulta carcelaria se trazó el objetivo de llegar a unos 19.000 reclusos del país con la finalidad de mejorar las condiciones de vida en las prisiones bolivianas.

Durante tres jornadas, 1.507 estudiantes de Derecho de universidades públicas del país fueron los encargados de encuestar a la población detenida en base boletas censales que constaban de 84 preguntas.

En el diseño de la encuesta participaron varias instituciones públicas como el Tribunal Supremo Electoral, el Instituto Nacional de Estadística y el Servicio General de Identificación Personal, además de aquellas directamente relacionadas con la Justicia y la seguridad, entre otras.

En Bolivia existen 19.161 reos, de ellos 1.612 mujeres, un 330 por ciento por encima de la capacidad de las cárceles, para 5.805 reclusos, de ellos el 68 por ciento preventivos, con lo que cerca de siete de cada diez está en espera de condena, según datos de un informe parlamentario.