A pocos días de que se cumplan tres años de la detención de José Manuel Villarejo, el caso que lleva su nombre se enfrenta a un momento delicado. El próximo 27 de octubre, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, deberá decidir si los dos fiscales que han impulsado las más de treinta piezas de las que se compone por ahora la causa siguen en su puesto. Este hito para el proceso se produce con la campaña aún viva que ha intentado presentar a la Fiscalía Anticorrupción como un aliado de Pablo Iglesias y de Podemos, el partido que ejerce la acusación popular.
Miguel Serrano e Ignacio Stampa pertenecen al grupo de fiscales de Anticorrupción que se encuentra destinado en la Fiscalía en comisión de servicio. Junto a otros seis fiscales en esa situación han solicitado la plaza en propiedad. El día 27 se asignarán esas ocho plazas, así como una novena que de forma temporal ha dejado la fiscal del caso Gürtel Concepción Sabadell, nombrada en julio representante española en la Fiscalía europea.
Otros siete fiscales han solicitado las ocho plazas que ocupan de forma interina Serrano, Stampa y sus seis compañeros. Entre los peticionarios ajenos a Anticorrupción destaca por su destino en la Inspección Fiscal y escalafón, Luis Rodríguez Sol, quien también opta a la novena plaza, la que ha dejado la fiscal Sabadell.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha trasladado a la fiscal general su satisfacción con el trabajo que han realizado estos años los ocho fiscales a sus órdenes en comisión de servicio. Dos de ellos, Stampa y Serrano, sostienen las acusaciones contra empresas del Ibex, el segundo banco del país o antiguos responsables del Ministerio del Interior, entre otras. Todas ellas cristalizan en caso de una corrupción sistémica alumbrada en la transición, la época en la que Villarejo comenzó a despuntar en la Policía. El Ministerio del Interior asignó escolta a los dos fiscales en enero de 2019.
Luzón ya tuvo oportunidad de respaldar el trabajo de Stampa y Serrano durante la declaración como testigo en la pieza Dina del abogado despedido de Podemos José Manuel Calvante. El jefe de Anticorrupción decidió representar el 10 de septiembre a la Fiscalía especializada, en lugar de los fiscales del caso, después de que el testigo se prodigara en medios de comunicación mezclando al fiscal Stampa en el contencioso que mantiene con el partido. Luzón calificó ante el juez de “impecable” el trabajo de los fiscales.
José Manuel Calvente fue despedido de Podemos a finales de 2019 acusado de acoso sexual a una compañera. En diciembre de ese año acudió a la Comandancia de la Guardia Civil en Barcelona, donde vive, para denunciar un supuesto caso de financiación irregular en el partido y asegurar que había sido despedido por los descubrimientos que había realizado al respecto. Después de que circularan por varias redacciones sin éxito, en enero comenzaron a publicarse mensajes extraídos de un chat del equipo jurídico de Podemos en el que participaba Calvente. Del contenido de esos mensajes se dedujo que la abogada Marta Flor y el fiscal Stampa habían tenido una relación. Flor es la mujer que supuestamente acosó Calvente, pero una jueza de Madrid ha archivado el caso.
La letrada se refería al fiscal en el chat interno como Ironman y en uno de esos mensajes decía: “Esto acaba en boda”. Cuando la entonces responsable de la estrategia jurídica de Podemos, Gloria Elizo, le interpeló por el asunto, Flor respondió: “Quizás he sido muy bocazas y he dado a entender lo que no es”.
Pese a ello, tertulianos y columnistas ya se referían con naturalidad a la “relación” entre el fiscal y la abogada de Podemos. Para entonces, Pablo Iglesias había entrado en la ecuación y algunas informaciones adelantaban la tesis que cristalizaría meses meses después en el escrito del juez Manuel García-Castellón pidiendo la imputación de Iglesias: el secretario general de Podemos había urdido un “montaje” en torno al caso Dina para obtener “rédito electoral”. Según se desprendía de esta tesis, las “cloacas policiales” durante el Gobierno del PP y su principal obra, los informes apócrifos contra la oposición, eran un invento de Podemos para tapar la verdadera corrupción, que es la que siempre habría habitado en el seno del partido.
Incluso el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, fue preguntado por la “relación” entre el fiscal y la abogada de Podemos en dos entrevistas en septiembre, a lo que respondió que había sentido “asco” y que Stampa debía haber sido apartado de inmediato. Navajas firmó el pasado jueves un escrito público en el que considera las informaciones sobre la presunta relación como “absolutamente falsas”, admite que antes de darlas por ciertas debía haber indagado en ello y pide disculpas a su compañero.
A los mensajes de los que se deducía una relación entre fiscal y abogada siguieron otros acerca de un presunto trato de favor de Anticorrupción, por una parte a Podemos, acusación popular en las distintas piezas del caso Villarejo; y por otra parte a Pablo Iglesias y Dina Bousselham, personados como perjudicados en la pieza 10. De los mensajes se deducía que las dos acusaciones, pública y popular, habían compartido estrategia y que los fiscales habrían informado a los abogados de Podemos de cuestiones que aún estaban bajo secreto.
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación en febrero por los primeros mensajes, los que aludían a la supuesta relación entre Stampa y la abogada. El jefe de la Inspección Fiscal dio carpetazo al asunto porque, entre otras cosas, el estatuto del Ministerio Público no contempla como causa para apartar a un fiscal que mantenga una relación con la representante legal de una parte implicada en un proceso. En consecuencia, la Inspección Fiscal no entraba a valorar la realidad de las acusaciones. La denuncia había sido puesta por una locutora de Canarias, la comunidad autónoma donde Stampa había ejercido como fiscal Anticorrupción en casos que habían sacudido al espectro político y empresarial de la islas.
Los mensajes sobre el supuesto trato de favor a Podemos provocaron una segunda investigación interna en junio. Sin embargo, una denuncia del partido de ultraderecha Vox contra Pablo Iglesias, Dina Bousselham, la abogada Marta Flor y el fiscal Stampa obligó a suspenderla hasta que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronuncie.
La denuncia, que se basa en las informaciones de distintos medios sobre extractos del chat de Podemos, atribuye a los denunciados simulación de delito, denuncia falsa, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos. En la misma se pide la declaración de un periodista, del fiscal Serrano y del abogado José Manuel Calvente. El fiscal que instruye las diligencias ha llamado a declarar desde junio a varios testigos. Stampa aportó el pasado viernes a la Fiscalía de Madrid y a la Inspección Fiscal la carta pública en la que Navajas se retracta.
Alejandro Luzón fue nombrado jefe de la Fiscalía Anticorrupción durante el Gobierno de Mariano Rajoy. De reconocido prestigio en la carrera fiscal y amadrinado en su toma de posesión por la exfiscal general Consuelo Madrigal, su nombramiento pretendía poner fin al periodo convulso que abrió en Anticorrupción el nombramiento de Manuel Moix, quien tuvo que abandonar el cargo a los 87 días por su participación en una sociedad panameña desde la que se gestionaba una herencia familiar. Moix fue quien decidió que dos fiscales recién llegados y en comisión de servicio se encargaran de la denuncia anónima que había llegado sobre Villarejo. El comisario y sus colaboradores se refieren en varias ocasiones a Moix como su candidato preferido para Anticorrupción en grabaciones incorporadas a la causa de las semanas anteriores al nombramiento.
Los detalles de la intervención de Alejandro Luzón durante la declaración de Calvente fueron publicados por El Español. El abogado de Villarejo sacó el tema de los mensajes y el juez preguntó al actual jefe de Anticorrupción si quería decir algo. “No quiero interrumpir (…) Se habrá fijado en que no he mostrado mi oposición a ninguna pregunta porque esta Fiscalía no tiene nada que ocultar”, respondió. Y añadió: “Nada complacería más a la Fiscalía que se aportara la totalidad de los chats. La lectura de chats para que los interprete el testigo carece de todo sentido y si se van a leer los chats, que se lean en su integridad y que se diga dónde están porque no están aportados al procedimiento. Tiene poco rigor ir leyendo trocitos no sabemos de dónde”. “En cuanto a las relaciones personales, también hay otros chats que abundarían en otra interpretación”, apostilló Luzón.
En referencia a la supuesta connivencia de los fiscales con Podemos, el responsable de Anticorrupción afirmó: “Como fiscal jefe me remito a la actuación procesal de los fiscales en este procedimiento. Una actuación, a juicio de esta Fiscalía, impecable, en las antípodas de cualquier tipo de conspiración, complacencia o connivencia con ninguna de las partes”. “Ahí están los escritos oponiéndonos a las diligencias”, añadió.
El lugar donde se encuentran es, efectivamente, el sumario. En él consta la exigencia de Fiscalía de que se impusiera a Podemos 30.000 euros de fianza si querían personarse en el caso y la impugnación posterior de los recursos presentados por el partido al respecto, tanto en reforma como en apelación.
Anticorrupción también se opuso la petición del levantamiento del secreto y pidió que no fueran aceptadas la mayoría de diligencias del partido que pretendían que se ahondara en las maniobras policiales en su contra, ya fuera referentes al informe PISA, el de las falsas cuentas de Iglesias en Granadinas o relacionadas con el caso del Pequeño Nicolás. Según el recuento de elDiario.es, Anticorrupción apoyó tres de las 19 diligencias solicitadas en este sentido por Podemos.
El día 27 se reunirá el Consejo Fiscal, un órgano consultivo cuyos miembros son elegidos por los miembros de la carrera fiscal, que se pronunciará también sobre las ocho plazas de Anticorrupción y otras diez más, incluida unas de fiscal de sala del Tribunal Supremo. El Consejo Fiscal está compuesto por tres miembros fijos y nueve representantes de las asociaciones. Los fijos son la fiscal general, Dolores Delgado; el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas; y el jefe de la Inspección Fiscal, Fausto Cartagena. Los nueve resultantes de las elecciones internas en la carrera son cinco de la conservadora Asociación de Fiscales y cuatro de la Unión Progresista de Fiscales. Su informe sobre la elección de los fiscales no es vinculante y la última palabra será de la fiscal general.
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