Los testigos acreditan con acusaciones mutuas una trama en favor de Cifuentes

Cuando dos testigos en un juicio, obligados como están a decir verdad, se refieren a un hecho objetivo de forma opuesta, uno de ellos miente obligatoriamente y se arriesga a que el tribunal lo denuncie. La contradicción entre testigos de referencia en la tercera jornada del juicio por el falso máster de Cifuentes evidenció las mentiras de algunos responsables de la Universidad Rey Juan Carlos en su intención de apartarse de la trama para beneficiar a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid.

Esos funcionarios comparecieron como testigos y no como investigados porque la jueza instructora del caso dio carpetazo a la mayor parte de la investigación del máster tras rechazar el Tribunal Supremo su intención de imputar al presidente del PP, Pablo Casado, aforado ante el Alto Tribunal.

Una sala presidida por Manuel Marchena apreció irregularidades en el máster del líder conservador, pero ningún indicio de delito en su persona, y con un informe en el mismo sentido del fiscal Luis Navajas, desestimó su imputación por unanimidad. Tres compañeras del curso de Casado, distinto al de Cifuentes, habían declarado como investigadas ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel en idénticas circunstancias a las del político.

La contradicción más evidente de la vista este lunes fue la que enfrenta al profesor Pablo Chico de la Cámara y a la funcionaria Amalia Calonge. Chico de la Cámara había impartido la asignatura de Cifuentes que constó en el servidor informático de la universidad como no presentada hasta que Calonge se introdujo en el sistema informático en 2014, dos años después de finalizar el curso, y cambió a la nota a 7,5, al igual que hizo con la defensa del Trabajo de Fin de Máster.

Calonge declaró este lunes que recibió una llamada de Chico de la Cámara instándole a realizar ambas rectificaciones. A preguntas del abogado de la Rey Juan Carlos, que ejerce la acusación particular, Calonge dijo que no le extrañó que fuera éste y no quien dirigía el máster el encargado de llamarla. “Los catedráticos normalmente funcionan así”, dijo ante el tribunal. Tampoco le extrañó que se lo pidieran a ella cuando había cambiado de puesto y ya no estaba entre sus funciones la requerida, ni que siguiera teniendo permiso para acceder con sus claves pese al cambio de destino. “Si él me ha dicho que cambie la nota, que se ha producido un problema, no tengo por qué poner en cuestión a un catedrático”, afirmó Calonge.

Victoria Vilches, jefa del Servicio de Gestión Académica y Alumnos, compareció ante el tribunal y dijo después que es imposible que Calonge conservara en ese momento las claves y que alguien debería haberla habilitado específicamente para realizar esos cambios.

La versión del profesor fue radicalmente opuesta a la de Amalia Calonge. Chico de la Cámara aseguró que fue Calonge, compañera de la hermana de Cifuentes en la universidad, quien se puso en contacto con él advirtiéndole del error. Fue entonces cuando el profesor revisó su carpeta y se dio cuenta que era verdad, que Cifuentes tenía un 7,5 en su asignatura y que es la nota que debía figurar. Asimismo negó radicalmente que él pidiera el cambio de la nota en la defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM) alegando que en ese momento desconocía que ese acto fuera siquiera evaluado.

Amalia Calonge es la funcionaria que se fotografió con Cifuentes el día que ésta fue a recoger el título. Este lunes insistió en que había conocido a la presidenta en el tanatorio, con motivo del fallecimiento del padre de ésta, y que cuando fue a recoger la titulación la sorprendió fumando en el exterior de la secretaría del centro universitario. Sin embargo, Irene Cantalejo Martín, jefa del Servicio de Pruebas de Acceso, Títulos y Becas, explicó que Calonge la había llamado para interesarse por cómo se recoge un título, primero de forma genérica y luego especificando que era por Cifuentes. Cantalejo también declaró que Calonge nunca antes había hecho una gestión de ese tipo.

Varias declaraciones después compareció el vicerrector de Planificación y Estrategia, Andrés Martínez Fernández, quien aseguró que el día de la crisis provocada por la exclusiva de elDiario.es no repararon en lo extraño de la explicación de Chico de la Cámara, pero que “a día de hoy”, la explicación del profesor no encaja por el orden al que debían estar las clasificaciones al producirse un error, en orden alfabético y no salteadas. Calonge y Chico de la Cámara estuvieron imputados durante la instrucción, hasta el carpetazo de Rodríguez-Medel, mientras que Andrés Martínez Fernández declaró como testigo.

Sistema de favores

El sistema de favores y clientelismo político que reinaba en la Universidad Rey Juan Carlos quedó en evidencia en otro pasaje del juicio. Este lunes declaró en primer lugar, el responsable de Postgrado y Títulos de la universidad, José Antonio Lobato, quien fijó en 2007, año de la publicación de un Real Decreto, el momento a partir del cual debía ser obligatoria la defensa del Trabajo de Fin de Máster.

Sin embargo, la última testigo de la jornada, la exalumna Susana Ángel Navarro, del mismo curso que Cifuentes, afirmó que ella tampoco hizo defensa alguna y que aunque lo hizo no recuerda de qué versaba su TFM. Susana Ángel Navarro es una de las antiguas alumnas del máster de Cifuentes vinculadas al Partido Popular o sus dirigentes. En su caso fue la número dos de Pedro Núñez Morgades en la Fundación Legálitas. Núñez Morgades es un histórico dirigente de la formación a nivel madrileño de cuya comunidad autónoma fue delegado del Gobierno en tiempos de Aznar.

La jornada originó además dos bloques entre los que dijeron haber visto el acta falsificada en la mesa del rector la mañana de la exclusiva de elDiario.es, el 21 de marzo, y los que lo niegan y ratifican lo expuesto en sesiones anteriores, incluso por la falsificadora confesa, Cecilia Rosado, quien reconoció haber enviado el acta a Enrique Álvarez Conde ya por la tarde.

Amalia Calonge aseguró que vio el acta con la firma de las tres profesoras encima de la mesa del rector durante la reunión de crisis que se celebró en el despacho de Javier Ramos la mañana del 21 de marzo. La declaración produjo sorpresa en la sala por contradecir uno de los datos que parecía contrastados, pero la contradicción se alargó durante toda la jornada. La catedrática Pilar Charro aseguró que el acta del TFM no estaba en poder de los asistentes a esa reunión cuando ésta se produjo, antes de la rueda de prensa de la una de la tarde. Coincidió con ella Andrés Martínez, el vicerrector de Estrategia, quien fue “categórico” en negar que ya estuviese el acta del TFM porque él la requirió y le dijeron que no estaba. Antes de que acabara la jornada, Jorge Urosa, otro de los catedráticos, aseguró que vio el acta en el despacho del rector antes de la rueda de prensa y lo apoyó en que incluso preguntó si estaban facultadas para haber compuesto el tribunal porque creía que eran profesoras muy recientes.

El exconsejero contra el rector

La jornada dio para la exhibición de un último enfrentamiento entre Rafael Van Grieken, que fue consejero de Educación en el Gobierno de Cifuentes, y el rector de la URJC, Javier Ramos. Van Grieken, que tras dejar la política volvió a su puesto de catedrático en esta universidad, defendió ante el tribunal que estaba entre sus funciones recabar la documentación del máster y aprovechó para cargar contra Ramos. 

Afirmó que el máximo responsable del campus tardó “tres horas” en enviarle la documentación acreditativa de que no había irregularidades a la que había hecho alusión en la rueda de prensa que ofreció cuando estalló el escándalo. De hecho, justificó en esa “tardanza” sus “reiteradas llamadas” durante esa jornada. “Era importante como Gobierno hacer acopio de documentación que avalara una postura. Tras esa rueda de prensa yo no tenía dudas de que tenían la documentación. Pero pasaron tres horas. Las llamadas fueron proporcionales a tardanza en enviar documentación que daba por hecho que tenían”, afirmó Van Grieken ante el tribunal. 

El pasado viernes, Ramos, que también compareció como testigo, había afirmado que el consejero le había pedido “reiteradamente” el acta del TFM de Cifuentes el día 21 por la tarde después de que él y Álvarez Conde anunciaran en rueda de prensa que tal documento existía. Van Grieken, sin embargo, aseguró que no le pidió  concretamente el acta, sino la “documentación en general” a la que se había hecho alusión en esa comparecencia. En un comunicado posterior remitido a los medios, el exconsejero afirmó haber sido “engañado” por el rector porque no trasladó a la Consejería de Educación que había abierto una información reservada de forma paralela y calificó de “irresponsabilidad” haber dado una rueda de prensa la mañana del día que estalló todo “con la carencia de información contrastada de la que en ese momento disponía”.