Pedro Sánchez y Albert Rivera escenificaron un acuerdo total en la firma del pacto para la investidura. Todo estaba pactado: la sala en la que se rubricaba, el espacio en el que hicieron sus valoraciones del texto con el cuadro de El abrazo detrás e incluso el número de preguntas que admitirían de los periodistas. Pero a medida que ha pasado el tiempo, PSOE y Ciudadanos han mostrado discrepancias y contradicciones en sus posturas sobre el texto, que reconoce por escrito el “desacuerdo” en tres temas concretos. Apenas unas horas después de hacerlo público lo sometieron a una rectificación.
¿Qué se deroga?
“El acuerdo recoge la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, repito la derogación de la reforma laboral del Partido Popular”. Así de rotundo se pronunció Pedro Sánchez este miércoles a pesar de que el documento que acababa de firmar no recogía tal expresión. Desde el PSOE insisten en que la eliminación de los “aspectos más nocivos” de la legislación del PP supone “de facto” una derogación de esa regulación. Sin embargo, desde Ciudadanos enfatizan que no supone una derogación puesto que no figura en el texto. “No hay ninguna derogación”, ha insistido Albert Rivera en una entrevista en Antena 3.
El mismo encontronazo tienen ambas formaciones en lo relativo a la 'ley mordaza'. Mientras que el PSOE sostiene que el acuerdo recoge una derogación de esa norma al retirar los puntos que han recurrido ante el Tribunal Constitucional, más los que consideran que “restringen los derechos de los ciudadanos”. Sin embargo, Rivera ha dado una idéntica argumentación al caso anterior: no hay ninguna derogación en el texto. Durante la campaña, el candidato de Ciudadanos se comprometió a suprimir los artículos que vulneraran los derechos fundamentales. El acuerdo menciona la “reforma de la ley de Seguridad Ciudadana”.
Rebaja de la supresión de las diputaciones
“Supresión de las Diputaciones Provinciales de régimen común y creación de Consejos Provinciales de Alcaldes para la atención al funcionamiento y la prestación de servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia respectiva”. Ese apartado ha provocado un profundo malestar en las filas socialistas al entender que esas instituciones provinciales van a desaparecer.
Ferraz ha intentado calmar a los barones y cargos intermedios al asegurar que no desaparecerán. “Las diputaciones van a seguir ejerciendo ejercicios fundamentales, teniendo competencias, que no se llamarán diputaciones, que serán otro tipo de organismos mucho más modernos”, ha afirmado Antonio Hernando. Desde el PSOE reiteran que la fórmula escogida para sustituirlas ya se planteó en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba. No obstante, nunca apareció en el programa electoral del 20D.
En Ciudadanos no tienen ningún problema en hablar abiertamente de la supresión de esos organismos: “Me parece un intento, con poco éxito, de los viejos partidos de intentar engañar a la gente y mantener la burbuja política, los cargos de confianza y las estructuras que luego hacen que tengamos que pagar más impuestos y mas IBI y cerrar escuelas o servicios sanitarios”, expresó Rivera durante la campaña. Su propuesta se encontró con el rechazo de PP y PSOE. No obstante, Ciudadanos ha accedido a la creación de los consejos de alcaldes frente a su propuesta inicial que consistía en que las comunidades asumieran las funciones de las diputaciones para reducir la Administración.
Los tres desacuerdos asumidos
El documento del acuerdo recoge explícitamente tres asuntos en los que ambos partidos tienen posturas diferentes. “Hay tres temas en los que no ha sido posible el acuerdo”, reconocieron fuentes socialistas el mismo miércoles tras la firma. Se trata del aborto, la maternidad subrogada y la custodia compartida. Cada formación defenderá una posición distinta llegado el momento de su debate.
“Ambas organizaciones defienden la Ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo”, expresa el texto. Sin embargo, el PSOE “se reserva la posibilidad de impulsar la reforma de la ley del aborto en relación con las jóvenes de 16 y 17 años”, es decir, recuperar la norma de José Luis Rodríguez Zapatero para que las menores de esa edad puedan abortar sin necesidad de permiso paterno. Ciudadanos defiende que las menores tengan que informar a sus padres, aunque no aboga por la necesidad de consentimiento que defiende el PP.
El acuerdo permite que Ciudadanos pueda impulsar una regulación de la maternidad subrogada. Fue el único partido que abogó por regular los vientres de alquiler planteando una normativa con la que las personas que no puedan tener hijos puedan usar esta fórmula con garantías jurídicas y previo consentimiento expreso de las partes implicadas, así como contemplando una compensación económica. El PSOE rechaza la gestación subrogada al entender que supone una mercantilización del cuerpo de la mujer.
En cuanto a la custodia compartida, Ciudadanos puede plantear en el Congreso la custodia compartida de menores como régimen general en los procedimientos de separación y divorcio, es decir, que esta opción sea la más habitual. El PSOE no se opone a esa fórmula siempre y cuando no proceda de la imposición de un juez en los casos en los que no hay acuerdo de las partes.
La rectificación: no abaratar el despido
La primera versión del papel rubricado por Sánchez y Rivera contemplaba el abaratamiento del despido para un tipo de contrato temporal en el caso de que el trabajador fuera despedido de manera improcedente. Esos casos “son muy pocos”, según los expertos, pero inicialmente ambas formaciones -con especial beligerancia el PSOE- defendieron que en ningún caso el acuerdo recogía el abaratamiento del despido.
Horas después de la difusión del documento, ambas formaciones notificaron una rectificación y adujeron que la redacción inicial suponía un “error”.
Esta era la redacción inicial: Una indemnización creciente por despido por causas económicas, organizativas, productivas, técnicas y de finalización del trabajo que tendrá un coste de 12 días el primer año, que se transforman en 16 días el segundo año y confluya con los 20 existentes hoy para los contratos indefinidos, reduciendo los saltos en la cuantía. En caso de despido improcedente la indemnización será de 20 el primer año, 25 en el segundo hasta confluir con los actuales 33 días por año“.
Así ha quedado el texto: “Una indemnización creciente por finalización del contrato de trabajo, que tendrá un coste de 12 días el primer año, que se transforman en 16 días el segundo año, convirtiéndose en contrato indefinido en el tercer año. En caso de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y de despido improcedente, la indemnización seguirá siendo la misma que se aplica actualmente.