Los contratos secretos del Gobierno
El Gobierno se niega a facilitar información sobre contratos públicos en base a criterios de confidencialidad opacos y apoyados en un limbo legal. El caso más reciente es el referido a los contratos firmados por la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) con la mexicana PEMEX para la construcción de dos hoteles flotantes en los astilleros de Ferrol (Galicia). Ese compromiso de contratación ha sido utilizado con fines electorales por el presidente en funciones de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sin que nadie haya visto la documentación y sin que el propio Feijóo tenga derecho a conocerla.
El pasado lunes en comisión parlamentaria, Ramón Aguirre Rodríguez, presidente de la SEPI, mostró en su mano los contratos pero se negó a distribuirlos entre sus señorías aludiendo a la confidencialidad del acuerdo entre las empresas públicas de España y México. Según las transcripción elaborada por el personal del Congreso, el presidente de la SEPI alardeó ante los miembros de la comisión al afirmar: “Aquí lo tiene usted. Este es el contrato, ¿eh? Y como verá el señor presidente, esto es oro. Pero le voy a leer una cosa del contrato (...). El artículo 18 (publicidad) dice exactamente: El constructor –es decir, Navantia– no podrá divulgar la existencia o contenido de este contrato salvo a través de notas de prensa escritas, aprobadas previamente por el armador. El armador sí podrá divulgar la existencia de este contrato a través de la persona que designe a tales efectos”.
Extracto de la comparecencia de Ramón Aguirre en el Congreso:
El presidente de la SEPI se negó de este modo a la entrega de la documentación y afirmó que ni siquiera el presidente de la Xunta ha tenido acceso a la misma: “Yo no estoy autorizado a entregárselo, señoría (...) y tampoco está autorizado el presidente de la Xunta. El presidente de la Xunta no tiene acceso a esta documentación”. ¿Cómo, entonces, pudo el presidente de la Xunta garantizar públicamente la existencia de los contratos si no tiene acceso a los mismos?, ¿por qué Feijóo tuvo un papel protagonista en la firma del acuerdo?
Desde la oposición, el PSOE ha respondido a esta posición pidiendo amparo al presidente del Congreso. Los socialistas se basan en el artículo 109 de la Constitución que reza: “Las cámaras y sus comisiones podrán recabar la información y ayuda que precisen del gobierno y de sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas”.
El caso Oliver Wyman
El caso Oliver Wyman
El ejemplo Pemex, de actualidad porque Galicia está en campaña electoral, no es el único reciente. El pasado 25 de septiembre, el Gobierno se negó por escrito a facilitar el expediente de contratación de Roland Berger y Oliver Wyman, a quienes se había encargado realizar un análisis independiente sobre las necesidades de capital de la banca y en cuyos resultados se basaría la petición de rescate europeo para el sistema bancario español. La petición la realizó por escrito el diputado y exministro Valeriano Gómez.
Respuesta del Gobierno sobre Berger y Wyman:
En su escrito de respuesta el gobierno afirma que la petición “no puede ser atendida, dada la confidencialidad de documentación obrante en el expediente”. O dicho de otro modo: el Gobierno se niega a facilitar los criterios de contratación del análisis de la banca. No sabremos qué se le ha pedido exactamente a Roland Berger y Oliver Wyman ni cuánto han cobrado por ello.
Siguiendo el ejemplo de Francisco Camps
La actitud oscurantista del gobierno de Rajoy parece inspirarse en la que en su día encabezó el ahora denostado Francisco Camps a la hora de explicar, por ejemplo, los contratos firmados con Ecclestone para llevar a Valencia la Fórmula 1. Cada vez que la oposición en Les Corts quiso saber cuánto se gastó la Generalitat Valenciana en la carrera de bólidos por las calles de Valencia, la respuesta al otro lado ha sido la misma: “El contrato firmado con el señor Ecclestone incorpora una claúsula de confidencialidad que impide divulgar los detalles del mismo”.
