Tres semanas después de que Esperanza Aguirre abandonase el último cargo público que le quedaba -concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid-, un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario Púnica ha dejado por escrito que sus mayorías absolutas se fraguaron sobre un fraude de subvenciones públicas y contratos amañados con los que financió su imponente maquinaria electoral.
Solo en las municipales y autonómicas de 2007, el PP de Madrid incurrió “en gastos electorales muy por encima de los realmente declarados superando con creces los 2,5 millones de euros de exceso” sobre lo declarado a la Cámara de Cuentas, sostienen en su informe los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Usó los mismos métodos para pagar parte de la campaña de las generales de 2008 en las que Mariano Rajoy sucumbió ante Zapatero. Y después en los comicios de 2011, techo electoral del PP, cuando Aguirre se jactó de haber laminado el cinturón rojo de Madrid y de sus victorias en 170 de los 179 ayuntamientos madrileños.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no está sola en ese diagnóstico. Un informe de la Fiscalía Anticorrupción apunta que las prácticas de financiación ilegal siguieron hasta anteayer: “Existen indicios de que incluso en los años 2014 y 2015 los proveedores de campañas electorales del Partido Popular seguían cobrando de diversas cuentas del partido, al margen del escrutinio de la Cámara y del Tribunal de Cuentas”. La tesis del ministerio público señala que “los órganos de decisión de las campañas analizadas 2007, 2008 y 2011 continuaron en los ejercicios sucesivos”.
Todo está en la pieza separada que el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha desgajado del caso Púnica para indagar sobre la financiación ilegal del PP de Madrid, más de 50 tomos plagados de evidencias: movimientos bancarios, correos electrónicos, declaraciones de Hacienda, y sobre todo las anotaciones del exsecretario general Francisco Granados y del hombre que llevó las cuentas del partido durante casi dos décadas, Beltrán Gutiérrez, ambos imputados en este caso, para probar que las campañas electorales se pagaron con fondos procedentes de actos ilícitos. El informe cita una ristra de delitos.
La Guardia Civil lo resume así: “La superación sistemática de los límites de gasto electoral durante al menos los comicios celebrados en 2007 y 2011 supone una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y con ello un grado aceptable de pluralismo político, habiéndose sustentado mediante actuaciones con relevancia penal (fraude de subvenciones, malversación, falsedad documental)”.
En el sumario hay pruebas de ingresos en efectivo y procedencia desconocida que superaron el millón de euros. Y de una caja B en el PP madrileño para pagar a proveedores de campañas y encuestas.
El uso de Fundescam, una supuesta fundación de interés público que pagaba las cuentas pendientes del PP desde al menos 2003, merece un informe monográfico de la Guardia Civil.
En más de 100 folios los investigadores detallan el triple papel de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid encarcelado por otro escándalo de corrupción. Como mano derecha de Aguirre en el Gobierno regional, concedió ayudas públicas a Fundescam, fundación en la que fue patrono, que luego usaba el PP de Madrid -donde era director de campaña- para pagar sus mítines.
Una de esas ayudas, por importe de 195.727 euros, la dio la Comunidad de Madrid a Fundescam para “la realización de actividades que difundan el contenido democrático y la realidad política y sociocultural de la Comunidad de Madrid”. La fundación que financiaba al PP por la puerta de atrás también recibió fondos para cursos de formación que nunca impartió, según la Guardia Civil
Ese dinero servía después para sufragar todo el aparato de campaña que acompañaba a Aguirre y sus candidatos en los mítines, pese a que la mayoría de las veces se usaban empresas pantalla para camuflar las facturas.
En Fundescam aparece como uno de los donantes más desprendidos, un viejo amigo de la derecha empresarial madrileña: Arturo Fernández, quien fue presidente de la patronal CEIM y dueño del Grupo Cantoblanco, adjudicatario de jugosos contratos públicos. Fernández, condenado en el escándalo de las tarjetas black e imputado en este caso, aparece con entregas de 160.000 euros a Fundescam.
La UCO sospecha que no fue a cambio de nada y ha rastreado los contratos que su grupo recibió, como el de la cafetería y restaurante de la Asamblea de Madrid. Ahí es donde aparece la implicación de Cristina Cifuentes, quien, según la Guardia Civil, era “uno de los cargos públicos que pertenecían al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas”. Hasta el punto de pedir que se le investigue por los delitos de prevaricación continuada y cohecho.
La presidenta madrileña se felicitó el martes, varias horas después de que se conociera el informe de la UCO, de que fuentes cercanas al juez Velasco se apresuraran a manifestar a varios medios que no está entre sus planes la decisión de enviar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el único competente para investigar a Cifuentes, dada su condición de aforada.
El fin del secreto de sumario Púnica llega solo tres semanas después de que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González fuese encarcelado en la Operación Lezo, donde también se investiga el uso de fondos públicos para pagar campañas electorales del PP. Ambos sumarios han mandado a prisión a los dos delfines de Esperanza Aguirre: además de González que pasa los días en su celda de Soto del Real, Granados lleva dos años y medio en la cárcel de Estremera.
La expresidenta Esperanza Aguirre, cuyos actos y mítines aparecen en ambas causas, de momento se libra de imputaciones, aunque las secuelas de tanto escándalo le han obligado a abandonar la política por la puerta de atrás.