La persona que ocupa la presidencia del Tribunal Constitucional tiene un poder tan determinante como poco conocido por el gran público: controlar la agenda del pleno. Si el presidente no introduce un asunto en el orden del día, no será estudiado por los magistrados y por tanto no será sentenciado. El reciente cambio con Cándido Conde-Pumpido al frente ha puesto en evidencia que asuntos como la ley del aborto habían sido guardados en el cajón durante cuatro ciclos, la mayor parte de dominio conservador.
El objetivo, en esta nueva etapa, es que el Constitucional deje de ser ese tribunal que muchas veces resuelve asuntos con tanto retraso que, para cuando llega la sentencia, ya no tiene ningún efecto práctico. La nueva presidencia, incluso, ha puesto en marcha “plan de choque” para evitarlo.
La ley del Aborto es el mejor ejemplo de cómo el manejo de la agenda del pleno del Constitucional puede influir decisivamente en la decisión que se tome, o incluso en la composición del tribunal que lo sentencie. La norma entró en vigor el 5 de julio de 2010, y para entonces ya llevaba más de un mes recurrida ante el tribunal de garantías por parte del Partido Popular. Desde entonces se ha convertido en el asunto de mayor relevancia social y más longevo a la espera de sentencia.
El recurso ha pasado por manos de cuatro presidentes: el progresista Pascual Sala, los conservadores Francisco Pérez de los Cobos, Juan José González Rivas y Pedro González-Trevijano y ahora el progresista Cándido Conde-Pumpido, que 13 años después ha puesto en marcha las deliberaciones. Ha tenido tres ponentes, y estuvo tanto tiempo en barbecho que el magistrado Andrés Ollero, exdiputado del PP, cumplió su mandato íntegro de nueve años sin que su propuesta saliera del cajón después de recoger el asunto de manos de Elisa Pérez Vera, que sí llegó a elaborar su borrador. Heredó el tema finalmente el también conservador Enrique Arnaldo. Mientras tanto, más de 970.000 mujeres han abortado en la última década según los datos del Ministerio de Sanidad.
La velocidad con la que se resuelve un asunto en la calle Domenico Scarlatti de Madrid no responde a un criterio fijo, aunque desde este organismo suelen apuntar a factores como su complejidad, la carga de trabajo, la necesidad de tomar medidas cautelares y, finalmente, el filtro de la presidencia. En los últimos años asuntos como la ley del aborto han estado cogiendo polvo en los armarios del Constitucional y otros, como los recursos de Vox contra los dos estados de alarma, han sido resueltos apenas pasado un año y por un pleno profundamente dividido.
Llevar un asunto a pleno no garantiza que ese mismo día vaya a existir un fallo sobre el asunto. Si el ponente se queda en minoría, esa misión pasa a otro magistrado y todo se retrasa, por ejemplo. Pero supone poner en marcha la cuenta atrás hasta la sentencia definitiva del asunto. Arnaldo trabaja desde hace más de un año y medio en su ponencia y la decisión de la presidencia de llevarlo al primer pleno del próximo mes de febrero evidencia la actuación de los presidentes anteriores para evitar la votación del asunto por razones a día de hoy desconocidas en público.
En una entrevista con El País, Ollero expuso una serie de razones para justificar el retraso mientras estuvo en sus manos, razones que a veces tenían que ver con la política: el PP consiguió mayoría absoluta un año después y era previsible que el asunto perdiera su razón de ser si eran consecuentes y cambiaban la ley, cosa que no hicieron. Desde el punto de vista interno, alegó que no había consenso en el Constitucional para sacar una sentencia adelante. No especificó si el problema era que no había una mayoría suficiente para avalar una postura unitaria o que su borrador no tenía visos de recabar suficientes apoyos.
Todas las justificaciones han quedado en evidencia después de que la nueva presidencia haya decidido, una semana después de tomar posesión, que este asunto es la máxima prioridad después de casi 13 años y que la ponencia de Arnaldo se estudiará a partir del seis de febrero. Lo mismo que sucede con otros casos de gran trascendencia social aunque llevan mucho menos tiempo esperando su turno: los recursos de la derecha contra la ley de eutanasia, que se estudiarán a finales del mes que viene, y los presentados contra ley Celáa de educación ya en marzo.
El recurso de Vox contra el segundo estado de alarma fue resuelto en menos de un año con gran división interna del tribunal cuando la norma ya no estaba en vigor. Tardó casi dos años en confirmar, igualmente dividido, la condena de Oriol Junqueras de 13 años de cárcel por el procés independentista y cuando ya estaba indultado y en libertad. La reforma del Gobierno para dejar en manos de los tribunales territoriales decisiones sobre restricciones sanitarias durante la pandemia fue anulada, con la misma división, un año y medio después de recibir el asunto, y cuando ya prácticamente no había restricciones en marcha.
La entrada de asuntos como la ley de eutanasia o la ley Celáa en el orden del día, por tanto, sigue los plazos que han seguido otros de similar trascendencia. Las dos semanas que ha necesitado Conde-Pumpido para llevar a pleno la ley del aborto, cuando además está a punto de ser reformada de nuevo, ponen en evidencia los casi 13 años que el asunto ha estado neutralizado durante cuatro presidencias distintas.
La situación de profunda división entre bloques que atraviesa el Constitucional, que deja atrás el momento más convulso de su historia, no invita a pensar en grandes consensos en asuntos como el aborto o la eutanasia. El primero, un asunto en el que no se sabe si habrá unanimidad pero en el que algunos miembros del pleno ya han mostrado su opinión en el pasado de forma clara en contra de la norma que ahora estudian como miembros del máximo intérprete de la Constitución.
La tardanza del Tribunal Constitucional
Las estadísticas que elabora anualmente el Consejo General del Poder Judicial permiten saber cuánto tarda, aproximadamente, cada tipo de juzgado y tribunal en resolver cada tipo de asunto, tal y como recopiló elDiario.es en este reportaje. Esos datos no existen en las estadísticas anuales del Tribunal Constitucional, que sí recogen con detalle el número de asuntos que entran, se resuelven o se quedan pendientes, pero no el tiempo que pasa desde que un recurso llega al registro hasta que sale transformado en un auto, una sentencia o una providencia.
Los datos sí reflejan cómo ha evolucionado su actividad en el último lustro. En 2021 el Constitucional recibió muchos más recursos de amparo que en 2017, pero menos recursos de inconstitucionalidad. El pleno dejó 77 casos pendientes y 47 en 2021. En este último año el que hay estadísticas disponibles, el Constitucional inadmitió casi 6.500 recursos y dictó 192 sentencias, 23 de ellas relacionadas con recursos de inconstitucionalidad.
Detrás de estos números hay recursos que se inadmiten con autos y providencias de unos pocos párrafos y asuntos que se resuelven con largas sentencias cuando la decisión del Constitucional no tiene ningún efecto práctico. Por ejemplo, recursos de personas extranjeras contra órdenes de expulsión que quedan sentenciados cuando esa persona ya no está en España y sus abogados no saben ni dónde está.
Recientemente, el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia en la que declara que los retrasos en los juzgados a la hora de poner fecha a los juicios vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos. En 2016 también resolvió el recurso de un ciudadano ucraniano contra la tardanza de la Justicia en darle cita para pedir la residencia en España. El Constitucional tardó seis años en resolver el asunto y, en su sentencia, criticó que un juzgado de Madrid le hubiera citado para dentro de un año y tres meses. Para entonces, recuerdan ahora sus abogados, ya había conseguido la tarjeta de residencia.