Los bulos tienen las patas tan largas que acaban apareciendo en un informe de la Guardia Civil

Si descubres una noticia inventada o distorsionada en un medio sensacionalista, cuidado con desdeñarla, porque puede acabar en un informe de la Guardia Civil que formará parte de una investigación judicial. Si lees una teoría de la conspiración delirante, cuidado con reírte, porque puede tener el mismo destino. Mientras tanto, la Guardia Civil se ocupa también de vigilar la proliferación de rumores y bulos relacionados con el coronavirus. Acabamos de descubrir que puede ser para utilizarlos como materia prima de sus guisos policiales.

Si crees que cuando un ministro destituye a un alto cargo policial en mitad de una pandemia, está obligado a explicar sus razones, es que no conoces a Fernando Grande-Marlaska, el ministro que ha trasladado al Gobierno la forma de actuar de la Audiencia Nacional. En términos políticos, eso te convierte en un imán de problemas y situaciones embarazosas para el Gobierno y en una oportunidad inagotable para la oposición.

La investigación de la jueza Carmen Rodríguez-Medel contra el Gobierno por permitir las manifestaciones del 8M ha cobrado un giro inesperado al hacerse público el contenido de su condimento original: un informe de 81 páginas de la Guardia Civil que mezcla noticias con bulos, comete errores tan obvios que es difícil creer que sean inocentes e ignora datos conocidos al no acomodarse a la tesis que se intenta sostener.

El texto cita la carta ya conocida de la directora de Salud Pública de Madrid del 5 de marzo que recomendaba evitar los lugares con aglomeraciones de personas –no que se celebraran esos actos– o el transporte público, que obviamente no iba a ser cancelado. Convenientemente, se ignora el tercer párrafo que consiste en una sola frase: “La población general puede continuar con su actividad con toda normalidad”. Cómo encajar la idea de un posible delito si te ves obligado a incluir esa frase. Fuera. Quita del guión las escenas de amor y deja sólo la parte dramática.

Se cita el famoso bulo de los guantes morados, que tanto juego le dio a Abascal y a Díaz Ayuso, pero eso no es suficiente. Por eso, se adjunta un DVD con las imágenes para que la jueza pueda darle al 'play' tantas veces como quiera. Se falsea la fecha en que la OMS decretó la pandemia global para situarla en enero (la real fue el 11 de marzo, tres días después del 8M). Se da la vuelta a unas declaraciones de Fernando Simón el 28 de febrero para interpretar que dijo que la enfermedad estaba fuera de control (en realidad, dijo lo contrario, que los casos de transmisión comunitaria en Madrid se han producido “a un nivel muy bajo”). Después, se vuelve a otra frase de Simón del 27 de febrero en la que el doctor intentaba explicar que no era posible saber aún cuándo había llegado el coronavirus a España para remarcar que “implican un riesgo para toda la comunidad”. ¿Culpable de no mentir en una entrevista?

Se dedica un amplio espacio a la actitud del Ministerio de Sanidad cuando exigió a los organizadores de un congreso evangélico que se iba a celebrar en Madrid a mediados de marzo que lo cancelaran. En un caso de amnesia interesada, se obvia que era un congreso mundial al que estaba previsto que acudieran miles de personas desde el extranjero, incluidos países de Asia que ya estaban siendo atacados por la enfermedad, “países de alto riesgo”, como los ha definido Fernando Simón.

La última revelación: la Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo para sustentar la acusación contra el Gobierno, como queda patente en el acta de su declaración ante los agentes. La lectura de los artículos 390 a 394 del Código Penal puede hacer que los responsables del cambio duerman peor en los próximos días.

“No constaba en el procedimiento si la autoridad gubernativa contaba con datos objetivos y suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso de cara a prohibir reuniones/manifestaciones”, dice el informe. Uno pensaría que eso dejaba pocas opciones legales a la Delegación del Gobierno en Madrid para tomar una decisión tan grave, más allá de recomendar a los convocantes en los términos más firmes que se quiera para que no realizaran una concentración, como así ocurrió finalmente en una veintena de casos. Pero ahí los autores del informe –un capitán y un teniente– hablan de “ponderar” los derechos constitucionales a la salud y la vida. Que no se diga que la Guardia Civil no puede hacer de Tribunal Constitucional si las circunstancias lo requieren.

Los guardias civiles, ya metidos en su papel de epidemiólogos sin titulación, tienen preparado su veredicto: “Por tanto, el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia”. Si la ciencia viviera en ese universo de ficción, ya tendríamos vacuna y tratamiento médico para las próximas diez pandemias.

Con tal despliegue de imaginación policial, no es raro que el informe haya tenido graves consecuencias políticas. No pasa todos los días que la Guardia Civil se dedique a investigar al Ministerio de Sanidad sin más base que comunicados oficiales y noticias aparecidas en los medios, incluidas varias falsas.

El ministro de Interior procedió el lunes a destituir a Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El coronel es el mando superior de los autores del informe, pero no hay pruebas de que conociera su contenido. Marlaska tenía la obligación de explicar las razones de la destitución de un alto cargo policial tan importante, pero se negó a hacerlo en la rueda de prensa del martes. Ante varias preguntas sobre el tema, el ministro torturó con persistencia al idioma español con frases como esta: “La sustitución o cese del coronel Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política razonable y normal de reconstitución de nuevos equipos dentro del ámbito de máxima confianza”.

Marlaska no cree que los ciudadanos tengan derecho a conocer las razones del cese, más allá de esa confusa referencia a la confianza en un alto cargo. En otra ocasión, se basó en sus 30 años de experiencia como juez para afirmar: “Hay una palabra que no la conjugo, y es injerencia”. Los sustantivos no se conjugan. Teniendo en cuenta cómo emplea el ministro el lenguaje, tampoco nos vamos a poner muy exigentes en ese punto, más allá de anotar que la forma de hablar de Marlaska no despierta mucha confianza.

Las manifestaciones del 8M, de las que a posteriori se puede decir que no deberían haberse celebrado al igual que partidos de fútbol, misas y otros actos públicos en la primera semana de marzo, han pasado a ser una auténtica obsesión de la derecha y de Pablo Casado en particular. Es otro de esos frentes en los que el PP no puede dejar que Vox le supere ni en un centímetro. Atizar a las feministas y al Gobierno al mismo tiempo es una carta ganadora en ciertos círculos.

Volvieron a preguntar en rueda de prensa a Fernando Simón sobre el impacto del 8M en la extensión de la pandemia. Una vez más, él se refirió al aumento de casos detectados el 9 de marzo. “Sabemos que las personas tardaban entonces entre seis y siete días en ir al médico (tras el periodo de incubación) y dos o tres días en conocer los resultados. Así que debieron de contagiarse en torno al 19 y 20 de febrero”, explicó. Por los datos de contagios conocidos dos semanas después del 8M, deduce que tuvo “un impacto marginal”.

En otros países, hay científicos que sospechan que los actos masivos de marzo sí tuvieron una influencia decisiva en los contagios, como es el caso en Reino Unido de las carreras de caballos de Cheltenham (16-19 de marzo) y el partido del Atlético de Madrid en Liverpool (11 de marzo). Al menos en esos casos las fuentes de autoridad son científicos, no policías.

La investigación judicial parece centrada en perseguir a aquellas autoridades que no sabían en marzo lo que saben ahora en mayo. Su responsabilidad política o profesional existe, pero para llegar a la responsabilidad penal hay que dar muchos saltos acrobáticos. Con bulos y manipulaciones interesadas, resulta tan sencillo que hasta se pueden fabricar 81 páginas sin esfuerzo.

Nota: la OMS declaró el 11 de marzo que la Covid-19 era una pandemia, no el 13 de marzo, como decía una versión anterior del artículo.