Una frase hirió a un general de la Guardia Civil y un email lo remató

He visto cosas que no creeríais. Todas las naves de ataque de la derecha lanzándose contra un general de la Guardia Civil. Después, afirmaron que el jefe del Estado Mayor de la fuerza policial estaba leyendo un papel que seguro que alguien le había escrito, como dijo Pablo Casado, con lo cual pasaba a ser un tonto útil en manos del Gobierno. Finalmente, un periodista del ABC se refirió al síndrome de Estocolmo para explicar su conducta. El general José Manuel Santiago había sido secuestrado por Pedro Sánchez o el ministro Marlaska y ahora, en su nuevo papel de Patty Hearst con tricornio, deambulaba por Moncloa dispuesto a matar la democracia para complacer a sus captores.

No es extraño que los vendedores de hachís y marihuana estén utilizando los servicios de mensajería o de entrega de comida a domicilio para repartir su material. No dan abasto. La demanda se ha disparado.

Todo parecía otro capítulo de esta guerra de todos contra todos. En la noche del lunes, y esto no lo sabía antes el PP, se conoció que el general sí tenía algo que esconder. Hasta el punto de que quizá tenga que ser destituido. Que tenga que acompañarle el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, es un asunto que se verá en los próximos días. Las cosas no pintan muy bien para él.

Nada mejor para la oposición que empezar la semana con una polémica nueva. Hay que renovar el repertorio para que el público quede satisfecho. Santiago se la puso en bandeja. “La otra línea de trabajo (de la Guardia Civil contra los bulos) es minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”, dijo el domingo. ¿En serio, general? ¿Tantos años de servicio para acabar de 'community manager' del partido en el poder?

Parecía al principio un fenomenal traspiés mental. De lo contrario, debería haber sido cesado –o llevado ante un juez– por cualquiera de las dos opciones posibles. Por utilizar recursos policiales en favor del Gobierno o por ser tan incompetente en esa supuesta tarea. Cualquiera que se dé una vuelta por la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo de Madrid, o las redes sociales comprobará que el Gobierno está siendo troceado, fileteado y horneado por su gestión de la crisis del coronavirus.

Marlaska calificó de lapsus las palabras de Santiago por la tarde (“de haberse producido, sería una orden ilegal”, no olviden esta frase). Puestos a aligerar el día, podía haber dicho: si hiciéramos eso, no lo contaríamos en una rueda de prensa. También intervino la Guardia Civil con un breve comunicado en Twitter que terminaba diciendo: “La Guardia Civil es uno de los principales garantes de la libertad de expresión” (no internamente, al ser un cuerpo de disciplina militar). Ahí se pusieron un poco estupendos, porque los mayores garantes de esa libertad son las leyes y los tribunales, además de los propios españoles al ejercer ese derecho.

La ministra portavoz del Gobierno dijo por la tarde que las palabras de Santiago se habían “sacado de contexto”. Eso es una justificación tan gastada que raramente suele funcionar. Unas horas más tarde, el contexto dio un golpe en toda la cara a María Jesús Montero y en definitiva al Gobierno.

Un email enviado el 15 de abril por el general Santiago –ese mismo, el del lapsus– pidió a las comandancias de la Guardia Civil en toda España datos sobre “campañas de desinformación (en relación a la crisis del coronavirus), así como publicaciones desmintiendo bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”.

¿Del Gobierno? Quizá haya quien diga que si hubiera escrito 'instituciones del Estado', todo sería diferente. No tanto, porque abriría una muy peligrosa puerta a la persecución política de la disidencia. Eso es lo que ocurrió cuando las fuerzas de seguridad y la Audiencia Nacional empezaron a ir a por gente por su dudoso sentido del humor o por opiniones consideradas subversivas. Sentencias del Tribunal Supremo y finalmente de la Audiencia Nacional contuvieron esa deriva, pero esas puertas nunca se cierran del todo.

En una democracia, la policía no puede vigilar a aquellos que generan “estrés social y desafección” al Gobierno o al Estado. ¿Quién mide ese concepto tan arbitrario del estrés social? La desafección (propia del que “no siente estima por algo o muestra hacia ello desvío o indiferencia”, según la RAE) es precisamente lo que sienten todos los votantes de los partidos que no están en el Gobierno.

¿Alguien quiere un guiño procedente de la hemeroteca? El PP presentó una proposición no de ley en 2017 para que el Gobierno de Rajoy se ocupara de identificar en internet las noticias falsas y de asignarles un “sellado” para alertar a los ciudadanos. El entonces portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, dijo que se ocuparía de ello un nuevo organismo de ciberseguridad nombrado por el Gobierno y en el que seguro que estarían representadas las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia. Hay cosas que no cambian tanto.

Antes de que se conociera el contenido de ese email, la derecha no se lo pensó dos veces antes de llevarse por delante a Santiago con el fin de propinar un golpe al Gobierno. La cuenta del PP aprovechó para meter de por medio al CNI y a Pablo Iglesias, que ni siquiera pasaban por allí. Álvarez de Toledo dio a entender que la Guardia Civil está podrida por culpa del Gobierno. En un homenaje a la ironía, Dolors Montserrat, cumpliendo órdenes, anunció el mismo domingo que hará una pregunta a la Comisión Europea para denunciar “que se persiguen las críticas al Gobierno por su gestión sobre el coronavirus”. Como decían los independentistas catalanes en sus intervenciones en el exterior, el PP alega que la democracia en España está en peligro. Si les dan una semana más, dirán que somos como Turquía, pero con mejores playas.

Había una parte de justicia poética en estos ataques al Gobierno. Esa idea de que se puede acabar con los bulos mandando a unos agentes a vigilar las redes sociales –se le podía llamar 'apatrullando la interné'– está fuera de la realidad. Deberían hablar menos de un fenómeno que ha existido siempre y que se ha extendido gracias al modelo de negocio de empresas como Facebook, WhatsApp o YouTube, y actuar más en ese ámbito (el de las empresas). Nunca desaparecerá del todo, porque la demagogia ha acompañado a la democracia desde sus orígenes. Y si encuentran pruebas de un delito, ya pueden hacer como con todos, enviarlos a la fiscalía correspondiente o a un juzgado. Pero no hablar todos los días del tema como si estuvieran a punto de cazar a los culpables.

En el ámbito político, sería conveniente que los partidos no aprovecharan los bulos para sus iniciativas, como hizo Teodoro García Egea, del PP, con el infundio de la ocupación de viviendas. Pero eso es pedir demasiado en la situación actual.

Muy poco de lo que haga el Ministerio de Interior en relación a los bulos quedará libre de sospecha y del riesgo de interferir en la libertad de expresión. Marlaska parece pensar lo contrario y, como ocurre con muchas de las multas que están imponiendo en la calle las fuerzas de seguridad, es probable que termine dándose de bruces contra los tribunales. Y sólo podrá culparse a sí mismo.

Ahora el email del general le coloca en una posición muy vulnerable. ¿Qué sabía Marlaska de esa comunicación a las comandancias? ¿Procede de una orden directa suya? ¿Quería buscar pruebas contra los desafectos? ¿Destituirá al general o le pedirá su retiro para que se vaya de forma no demasiado deshonrosa? Y finalmente, ¿podrá seguir el ministro de Interior en el Gobierno por su responsabilidad en esta polémica o por no haber controlado lo que Santiago solicitaba a las comandancias? Son preguntas que tendrán que ser respondidas este martes.

Ya hemos olvidado a Fernández Díaz

Ha habido cosas más graves en este país que bulos difundidos por la extrema derecha e incluso que los emails preocupantes de Santiago. Por ejemplo, un Ministerio de Interior como el que dirigió Jorge Fernández Díaz, en el que cargos policiales de confianza se dedicaron a buscar información comprometedora sobre los rivales del PP, en algunos casos hasta fabricando pruebas falsas que no pasaron el corte del Tribunal Supremo, pero que sirvieron para ser filtradas a los medios de comunicación que ahora reaccionaron con dureza a las palabras del general Santiago en la rueda de prensa.

Santiago volvió a aparecer en la rueda de prensa del lunes. Por su aspecto desolado, parece que el general había cometido el error de leer lo que se escribió de él o se vio a sí mismo en la portada de ABC. Sus palabras, entrecortadas, fueron respondidas con aplausos por los demás miembros del comité, una imagen un tanto extraña, pero comprensible en el plano personal.

Fernando Simón dio una respuesta más contundente, algo alejada del estilo reposado de sus intervenciones. “No creo que utilizar frases o terminología que podamos utilizar personas que estamos ya al límite de nuestra resistencia para hacernos daño como equipo sea algo decente”, dijo. Una cosa es atacar al Gobierno –eso va en el manual de instrucciones de cualquier democracia– y otra hacerlo con el comité técnico. En el segundo caso, son buenas noticias para la pandemia.

Como también lo es la noticia de que un general de la Guardia Civil había llevado demasiado lejos esa cruzada de dudosa base legal contra los bulos.

Nota: artículo actualizado con la noticia del email enviado por el general Santiago a las comandancias de la Guardia Civil.