El PP pasa a la fase 3: ya vale de tanta alarma y la culpa será del Gobierno

Una vez más, el BOE llega tarde. No aparece este lunes en sus páginas la decisión del Partido Popular de pasar por su cuenta a la Fase 3 de la desescalada. La única alarma que le preocupa es la que proviene del aumento de las competencias del Gobierno de Pedro Sánchez, no la pandemia. Después de votar a favor de las sucesivas prórrogas del estado de alarma en el Congreso, ahora su paciencia se ha acabado (esa es la expresión que utiliza). 

El estado de alarma “no hace falta ya para la desescalada”, dijo Pablo Casado con un argumento que sólo existe en su imaginación. “Una vez que el presidente del Gobierno dice que se puede tomar un vermú (spoiler: no se puede), parece poco compatible que se siga pidiendo otra prórroga del estado de alarma”. Sánchez no dijo eso, pero qué más da. Sus votantes creerán que dentro de nada se podrá ocupar masivamente los bares para cumplir con el sagrado rito del vermú y por tanto ¿para qué dar al Gobierno instrumentos legales extraordinarios con los que decidir dónde pueden trasladarse los ciudadanos? Son “medidas extraordinarias que van en contra de sus derechos y libertades, como es la libre circulación”, dijo el líder del PP. Si pudiera, el coronavirus aplaudiría con sus púas. 

¿Cómo seguir luchando contra la pandemia? Casado tiene una idea. Le basta con la Ley General de Salud Pública (unida a la Ley de Seguridad Pública con la que cumplir su sueño húmedo de que el Ministerio de Interior diga a los Mossos en qué esquina pueden colocarse). La idea de que con una ley que establece como principio la idea genérica de que “los ciudadanos facilitarán el desarrollo de las actuaciones de salud pública y se abstendrán de realizar conductas que dificulten, impidan o falseen su ejecución” se pueda confinar a los ciudadanos en sus casas o limitar su actividad comercial pone en duda los conocimientos de Derecho de Casado, pero ese chiste ya se ha hecho antes. Con esa simple ley, muy importante para otras cosas, no cuentas con argumentos legales para limitar la libre circulación. 

Sánchez ha utilizado el estilo del jugador al que se le caen los ases por las mangas para sugerir que el fin del estado de alarma pone en peligro los ERTE con los que las empresas no despiden a millones de trabajadores gracias a la ayuda del Estado. Tanto los ERTE como los préstamos del ICO son decisiones políticas que se toman para paliar los efectos económicos de la pandemia. Otra cosa es que si resulta que se acabaran las medidas excepcionales, sería legítimo plantear el debate de si el Estado debe seguir financiando el pago de nóminas de compañías privadas. También es cierto que la economía del país no va a sobrevivir si cierra la mayoría de esas empresas.

En cualquier caso, Sánchez debe ofrecer algo a cambio del voto a favor de la prórroga. No a Casado, que lo ha apostado todo a la confrontación, sino a los presidentes autonómicos, que se supone que son sus socios en esta batalla. O a los partidos que apoyaron la moción de censura que llevó a Sánchez a Moncloa. ERC anunció el lunes que votará en contra de la prórroga, no porque tenga un plan de desescalada distinto, sino porque sostiene que el Gobierno catalán lo hará mejor. ¿Cómo? Ellos decidirán. 

Es una posición idéntica a la del PP en Madrid y Galicia. En la línea de la estrategia de Díaz Ayuso: nosotros somos mejores gestionando y el Gobierno central sólo molesta. Es una respuesta que llama mucho la atención en el caso de Madrid y Catalunya, las dos comunidades con el mayor número de muertos. Las únicas en que es más probable que el fin prematuro del confinamiento pueda provocar un aumento de los contagios y el regreso de las medidas más drásticas. Que tendrán que serlo para toda España. 

La carrera por abrir cuanto antes

Casado no es el único que quiere dar por cerrada la respuesta pública coercitiva contra la pandemia hasta dejarla en un catálogo de recomendaciones. Los presidentes autonómicos del PP pretenden abrir sus comunidades cuanto antes a la actividad económica y comercial. Los empresarios saben cómo presionarles. Todo el mundo es cauteloso a la hora de manifestarse en público sobre las posibles consecuencias, pero hay que pensar que parten de la idea de que una reaparición de la COVID-19 es imposible o un riesgo asumible. O eso o tienen acciones en las funerarias locales. Si eso ocurriera, no tendrían problemas en culpar del rebrote al Gobierno central. 

Núñez Feijóo y Moreno Bonilla quieren tener manos libres para abrir la tienda cuanto antes, aprovechando que sus comunidades no están ahora en una situación sanitaria tan difícil como otras. Sí hay algún dirigente del PP, como el presidente de Castilla y León, que está en una posición opuesta, porque sus números están más cerca de los de Madrid y Catalunya que las demás. En el 'sálvese quien pueda', algunos van a salir perdiendo. O quizá todos, porque cómo evitar sin estado de alarma que un madrileño viaje a Galicia o un barcelonés a Zaragoza. Cómo impedir que los viajes a segundas residencias o zonas turísticas sean como una estampida de búfalos.

Si hay una comunidad que no va a oler la Fase 3 hasta dentro de algún tiempo es Madrid. Su presidenta no está por la labor de reconocerlo. La estrategia de Isabel Díaz Ayuso es sencilla. Como la culpa de todo es del Gobierno, incluso de la gestión de las competencias que están en manos del Ejecutivo madrileño, pactar es un absurdo y aprobar más estado de alarma, un regalo al enemigo. Ante la tesitura de cadáveres o votos en los dos platos de la balanza, no hay color, en especial si a tu electorado parece encantarle la táctica del francotirador desde la torre de la iglesia, según algunos sondeos.  

“Hablo con todo el mundo, pero no pacto con el desastre”, comentó Ayuso con el estilo trágico de Gloria Swanson bajando por la escalera en 'Sunset Boulevard'. Su vicepresidente, Ignacio Aguado, dice que “no se puede pretender gobernar contra la mitad de la población”. Qué inocente. Ayuso le va a enviar a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, para que le dé unas clases de política madrileña. Las prácticas son duras, pero luego te lleva de copas para celebrar el aprobado.

Un breve viaje a Japón

Para analizar las posibles consecuencias del debate actual de la política española, apunten el nombre de Hokkaido. La isla del norte de Japón –5,3 millones de habitantes– fue la primera zona del país que se vio afectada por el coronavirus. El detonador pudo ser un festival que se celebró el 31 de enero en Sapporo al que acudieron dos millones de personas, incluidos muchos turistas chinos.

Su gobernador aplicó pronto el estado de emergencia, que inició un periodo de confinamiento de tres semanas. Los datos mejoraron y Hokkaido se convirtió en un ejemplo de éxito, comparado favorablemente con el mucho más lento Gobierno japonés. Con sus dos fuentes de ingresos, la agricultura y el turismo, muy castigadas, las presiones de los empresarios aumentaron. El gobernador cedió finalmente y levantó las restricciones el 18 de marzo.

La gente regresó a las calles y los restaurantes. Los japoneses de otras zonas del país volvieron a los bellos parajes montañosos de la isla. Tres semanas después, se recogió la cosecha con una segunda oleada de contagios. El 14 de abril, se volvió a declarar el estado de emergencia. Los casos de coronavirus habían subido un 80% en ese mes (sobre cifras muy inferiores a las de Europa).

“Ahora lo lamento. No deberíamos haber levantado el estado de emergencia”, dijo a Time el presidente de la Asociación Médica de Hokkaido.

Evitar más cadáveres o ganar votos. Difícil elección.