La normalidad de siempre del PP: ataúdes en las urnas y flipo colorines

Dos noticias de este lunes, una falsa y otra real, para confirmar que la normalidad, la de toda la vida, regresa con todo su empuje. “La afición del Real Madrid saldrá al balcón a las ocho de la tarde para aplaudir a los árbitros”, titula la web satírica El Mundo Today. “Argumentarios del PP piden usar las cifras de los muertos contra el Gobierno en la campaña de Euskadi y Galicia”, titula este medio. 

Aficionados al fútbol, pegándose por las decisiones de los árbitros al final de la temporada. El Partido Popular, tirando de cadáveres en una campaña electoral. ¿Dónde está la nueva normalidad de la que tanto hablaban? Esta película ya la habíamos visto. Antes eran las víctimas del ETA o las del 11M y ahora salen a escena las víctimas del coronavirus. En su primer punto del argumentario, los responsables de comunicación del PP escriben “Basta ya de mentiras”: “Es un escándalo que el INE, el Instituto Carlos III y las funerarias señalen un desfase de varios miles con respecto a las cifras de Moncloa”.

Lo extraño sería que dieran la misma cifra si están utilizando bases de datos diferentes con criterios que no son los mismos. Esa diferencia entre muertes con pruebas de coronavirus y exceso de mortalidad existe en España y también en Francia, Italia, Reino Unido y muchos otros países del mundo. No cabe llamarse a engaño. En el segundo dato, es probable que la gran mayoría de los fallecimientos tenga su causa, directa o indirecta, en la pandemia. 

El Ministerio de Sanidad cometió un error cuando decidió durante tres semanas dejar de dar la cifra total de fallecidos con los criterios existentes hasta entonces. Tenía su lógica: era más importante vigilar la evolución de la pandemia en los últimos días en materia de contagios de cara a las últimas fases de la desescalada antes que seguir sumando totales de muertos ocurridos en días anteriores. 

Sin embargo, la lógica sanitaria y la política no coinciden aquí, y las dos son importantes. El parón restó credibilidad a las estadísticas ofrecidas por Sanidad, cuando otros países seguían dando cifras totales con independencia de la fecha de fallecimiento. Por ejemplo, en términos de imagen de cara a atraer turistas extranjeros, eso importaba mucho. 

Esa diferencia de datos ha sido el martillo que ha escogido ahora el PP y lo va a agitar con gusto en la campaña de las elecciones vascas y gallegas. Ya casi no se habla de las manifestaciones del 8M. En la sesión de control en el Congreso de la pasada semana, no salió el tema. La jueza del Juzgado 51º de Madrid había cerrado su investigación y eso dejaba al PP sin pantalla jurídica. Debían escoger otra 'canción del verano', una que Pablo Casado llevaba tiempo ensayando: el Gobierno estaba ocultando las cifras de muertos. Si fuera así, sería una ocultación muy chapucera, porque los datos del Instituto Carlos III y el INE están disponibles para todos los medios de comunicación, que obviamente los citan con frecuencia. 

El argumentario del PP no es nada ambiguo e imparte instrucciones muy claras sobre las intervenciones públicas que deben hacer sus dirigentes. En un caso evidente de '¿a quién vas a creer?, ¿a mí o a tus ojos mentirosos?', el partido dice que la noticia sobre su contenido es “completamente falsa” e incluso amenaza con ir a los tribunales. Será para saludar al señor juez, porque el primer punto del documento deja poco margen para la interpretación.

Casado también cuenta con flancos abiertos en materia de números. Con la pasión de iniciar la precampaña en Galicia –esa que Feijóo dijo que no iba a hacer–, alardeó en relación a las residencias de que las CCAA gobernadas por el PP, que son cinco, contaban con menos fallecidos que las otras, que son doce. La ingeniería contable de Casado obliga a ignorar que las dos comunidades con más muertes en residencias son Madrid y Castilla y León, que tienen gobiernos del PP. Ejerciendo la presión adecuada, las cifras terminan diciendo lo que tú quieres que cuenten. 

“Nos vamos a hacer los reyes y los amos”

También han quedado cristalinos los efectos de la “colaboración público-privada” de la que presume Isabel Díaz Ayuso. Se sabía que la persona a la que el Gobierno madrileño encargó desde el 26 de marzo la gestión del refuerzo de ayuda a las residencias durante la pandemia era hija de un ex alto cargo de la Consejería de Sanidad. Era alguien cuyo currículum profesional no tenía nada que ver con la sanidad y cuyo mayor puesto alcanzado era haber sido jefa de ventas de Telepizza. Las comunicaciones internas de su empresa, desveladas por El País, confirman ahora el nivel profesional de Encarnación Burgueño, la elegida para salvar a las residencias de una situación sanitaria escalofriante. 

La idea de 'medicalizar' las residencias se limitaba a una visita por una empresa de ambulancias privadas que no tenía los medios necesarios para mejorar las cosas. No importa. Suficiente para que Burgueño quedara extasiada el 4 de abril: “Llevamos en torno a 8.700 abueletes vistos. ¿Sabéis lo que es eso? ¿el curro que habéis hecho? En una semana... Flipo colorines. Como sigamos así nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid comunidad autónoma. ¿Vale? flipo. Sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se consiga, que es trabajar en el mundo sociosanitario. Tener mi propia empresa”. 

Te lo juro por Snoopy, nos hacemos los amos y nos van a llover los contratos de Isabel que es divina de la muerte.

Esto es lo que el Gobierno de Díaz Ayuso llamó el 26 de marzo “un plan de choque para las residencias de mayores”. De choque frontal contra la realidad del que nadie suele salir bien parado.