Es bueno que los niños aprendan a ponerse la mascarilla y que Casado sepa que no debe tocar todo lo que ve
A mediados de marzo, la primera ministra noruega dio una rueda de prensa reservada a niños para responder a sus preguntas sobre los coronavirus. Algunas de ellas no eran muy distintas de las que haría un periodista y otras tenían que ver con las cuestiones que más les interesan: colegios, vacaciones y mascotas. Erna Solberg las respondió con la idea de dar la mejor información posible y tranquilizar a sus pequeños interlocutores: “Está bien tener un poco de miedo a ser contagiado con el coronavirus, pero sabiendo que es inofensivo para la mayoría de nosotros. Los niños solo se ponen un poco enfermos, pero quedarse en casa ayuda a otras personas a no contagiarse”.
Este sábado, Fernando Simón y el ministro de Ciencia realizaron un encuentro similar en el que las preguntas las hacían adolescentes. No es que intentaran dar una versión edulcorada sobre la amenaza a la salud: “Es muy difícil pensar que vamos a poder eliminarlo y erradicarlo completamente del mundo. Por lo tanto, es muy probable que el invierno que viene vuelva”, explicó Simón.
La iniciativa de Solberg fue bien recibida en Noruega. No tuvo tanta suerte en España la de Simón y Pedro Duque. Se sucedieron en redes los comentarios despectivos. ¿De gente que dedica cada día a esparcir insultos? También, pero no sólo. Un catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona tenía preparada la respuesta: “Simón y Duque comparecen para los niños: después de dos meses tratándonos como a niños han visto que se pueden especializar en eso. Es su nicho de mercado”. Ja, ja, ja. Qué gracioso el catedrático. Una plataforma de periodistas de derechas de TVE atacó a la cadena por emitir la rueda de prensa en su Canal 24 Horas. Nunca se ha visto a un grupo de periodistas denunciar que se facilite información concreta sobre una emergencia sanitaria, pero esta es una crisis muy singular.
Otros se burlaban de que Simón y Duque explicaran cómo hay que ponerse una mascarilla. Cualquiera que haya salido de casa últimamente habrá apreciado que hay un amplio margen de mejora en eso y otras cosas. Sólo había que ver el viernes a Pablo Casado de visita en un economato de Cáritas para verle tocando latas y paquetes con sus guantes cumpliendo una necesidad irrefrenable que no sabemos de dónde le venía.
Confusión sobre los datos
La información que más interesa es la que tiene que ver con el número de casos y fallecidos. Ahí el Gobierno se ha metido en un problema al tener que cambiar la serie histórica de datos a causa de los distintos criterios de las comunidades autónomas. El Gobierno catalán ha llegado a ofrecer una cifra de muertos que reconoce que podría ser superior a la real. Lo ocurrido con la cifra de internados en las UCI de los hospitales fue bastante vergonzoso hasta el punto de que el Ministerio de Sanidad dejó de darlos en un momento dado al no ser homogéneos.
Eso tiene consecuencias negativas para los modelos epidemiológicos que se elaboran y que tienen que ser de gran utilidad para decidir de qué forma se saldrá del periodo de confinamiento en el futuro.
Fernando Simón contó el sábado algo que ya debería conocer todo el mundo. Los datos los facilitan los gobiernos autonómicos. “Nosotros no podemos inventarnos los datos”, dijo. El Partido Popular no parece consciente de eso o prefiere ignorarlo. Mientras elogia a sus gobiernos autonómicos –los demás no tienen tanta suerte–, continúa afirmando que la culpa de esa confusión es del Gobierno central. “A pesar del bombardeo continuo de ruedas de prensa, los españoles vivimos en una desinformación perpetua”, dijo su número dos, Teodoro García Egea. Podía empezar por lanzar el mismo aviso a sus gobiernos.
Para el Partido Popular, no hay hueso que no se pueda tirar al caldo para que dé más sabor. Ha recurrido al bulo de la ocupación de viviendas y anuncia que presentará un recurso contra un decreto del Ministerio de Transportes. Según García Egea, podría estar dando cobertura a “expropiaciones de facto y ocupaciones ilegales de viviendas”, así por las bravas. Un magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que resulta que fue senador del PP, ya ha escrito que el decreto no afecta en absoluto a la propiedad privada de una vivienda. El Partido Popular está ahora como para rechazar un bulo en su menú de oposición. Aquí todo va para la cazuela.
El PP también exige que el Gobierno apruebe una paga extra para el personal sanitario con el fin de recompensarle por sus servicios. Macron, muy criticado en Francia por su gestión de la crisis, acaba de hacer lo mismo. Alguien podría recordar que la gestión sanitaria está en manos de los gobiernos autonómicos y que estos están en condiciones legales de decretar mañana mismo esa paga. No se le ha escuchado a Isabel Díaz Ayuso tener intención de soltar la pasta. Cabe la posibilidad de que el personal médico esté ahora mismo más interesado en que los gobiernos se gasten el dinero necesario en comprar material de protección. Y que en futuros presupuestos esos gobiernos autonómicos inviertan más dinero en contratar médicos y subir sus salarios. Algunos le llamarán gasto. Otros lo considerarán una inversión.
Ha pasado más de un mes después del inicio del confinamiento y todos tienen ideas sobre cómo debería acabar. Es lógico y es recomendable que se intente dar esperanzas a la gente, pero algunos pretenden dar la batalla por ganada antes de que termine. Los últimos datos del sábado revelan un incremento de sólo el 2,4% en nuevos casos. Es una ilusión creer que la tendencia permite relajarse. La cifra de muertos diarios de esta semana hasta el sábado no ha bajado de 500 (el domingo se anunció que habían fallecido 410 personas más).
Sánchez anunció el sábado que a partir del 27 de abril se permitirá la salida “limitada y condicionada” de los niños de sus domicilios. Sin duda, tendrá beneficios evidentes para muchas familias, no sólo para los niños.
Asimismo, anunció que la llamada desescalada, que deberá esperar al fin de la nueva prórroga del estado de alarma el 9 de mayo, se hará de forma “asimétrica”, no generalizada. “No tiene por qué ser una provincia o comunidad autónoma”. Está claro que pretenden hilar muy fino y no se sabrá de qué manera lo harán hasta que no se conozcan los tan citados “marcadores”.
Es de suponer que el Gobierno sabrá que eso también introducirá un riesgo. Cada día será más difícil imponer el confinamiento en aquellas zonas que tengan que esperar más tiempo. En el momento en que se abra la mano con una comunidad o parte de ella, habrá políticos que no tardarán nada en exigir el mismo trato cuanto antes.
Esa lista de espera puede ser uno de los documentos más complicados de elaborar de toda esta crisis.
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