La estrategia judicial de Francisco Correa está tutelada, desde el pasado jueves, por el letrado Javier Iglesias, quien se suma así a Juan Carlos Navarro en la defensa del principal acusado de Gürtel. El caso no es nuevo para Iglesias, quien también ejerce de representante legal de Alfonso García-Pozuelo, empresario imputado en cuatro piezas y que aparece en los ‘papeles de Bárcenas’ como donante del PP. Iglesias defendió a otro de los guardianes de los secretos de la caja B, el extesorero Álvaro Lapuerta, en una primera fase del caso.
Además de abogado, el constructor García-Pozuelo comparte con Francisco Correa el hecho de haber sido imputado en el caso de la caja B a raíz de las confesiones que realizaron en el juicio de Gürtel el pasado octubre. Empresario y conseguidor mencionaron en sus declaraciones ante el tribunal unas mordidas con destino a Génova que luego se han negado a detallar cuando han sido reclamados por el juez que investiga la financiación irregular del PP, José de la Mata.
De la Mata, sucesor de Pablo Ruz en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, accedió el pasado 1 de marzo a la reapertura de la investigación de la caja B del PP que le habían solicitado IU y Adade, organizaciones que ejercen la acusación popular y que contaron para ello con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.
El magistrado quería ahondar en la confesión de García-Pozuelo y Correa sobre el pago de mordidas al PP a cambio de adjudicaciones de grandes obras. Correa tendría la oportunidad de ofrecer detalles sobre esas comisiones de entre el 2% y el 3% que gestionaba con los empresarios, según él, junto a Luis Bárcenas.
El 7 de marzo, seis días después de que el juez ordenara la reapertura del caso, Correa recibió en la prisión de Valdemoro la visita del letrado Javier Iglesias, defensor de García-Pozuelo, el antiguo dueño de Constructora Hispánica, informaron a eldiario.es fuentes conocedoras del encuentro.
Javier Iglesias ha asegurado a esta redacción que el motivo de su visita fue un correo electrónico enviado por su colega Juan Carlos Navarro, en el que éste le trasladaba el interés de Correa por que se incorporara a su defensa. El 23 de marzo, Correa fue trasladado a la Audiencia Nacional para su declaración como imputado en la 'caja B'. Su negativa a declarar ha estrangulado las posibilidades de avanzar en el caso de la financiación irregular del partido en el Gobierno.
Casi un mes después después de su visita a Correa en prisión, el abogado Javier Iglesias ha presentado un escrito en el Juzgado de José de la Mata solicitando su personación como abogado del presunto cabecilla de Gürtel, a lo que el magistrado ha accedido en una providencia fechada el pasado jueves.
Entre la visita de Iglesias a la cárcel para hablar con Correa y la decisión de nombrarle nuevo abogado se produjo otro hecho: una de las acusaciones populares en la causa de la caja B, Observatori Desc, pidió al juez que solicitara a Instituciones Penitenciarias el libro de visitas a Correa. Las acusaciones populares habían abandonado el 27 de marzo la Audiencia Nacional con la indignación de haber presenciado cómo Correa se echaba atrás y se negaba a declarar, a pesar de las advertencias del juez de que no caben colaboraciones con la justicia “a la carta”.
“Indicios racionales” de un pago por no hablar
En su petición del libro de visitas, el mismo que habría desvelado la visita de Iglesias, el abogado de Observatori Desc, Gonzalo Boye, afirma: “Existen indicios racionales para creer que al señor Correa se le habría podido pagar para guardar silencio en esta concreta pieza separada, tal cual se acredita mediante los documentos probatorios 1 y 2, consistentes en sendos artículos publicados por la revista Interviú y que nunca han sido desmentidos por el propio señor Correa”.
El 19 de octubre de 2015, la citada revista titulaba “Caso Gürtel: Un coche lleno de dinero para Correa”. La información aparecía después de que Correa hubiera dado la espantada de las negociaciones que su abogado de entonces, Francisco Miranda, llevaba a cabo con Anticorrupción y las acusaciones populares para alcanzar un acuerdo de rebaja en la petición de condenas en el juicio que se desarrolla ahora. A cambio, el principal acusado desvelaría la maquinaria de financiación irregular del PP, entre otros extremos. En el texto la revista se citaba a una fuente implicada en aquellas negociaciones que aseguraba: “Le han mandado un coche lleno de dinero”.
Las negociaciones entre el abogado que representaba entonces a Correa y Anticorrupción corrieron paralelas a las de Javier Iglesias, en representación de García-Pozuelo, con la misma Fiscalía. Mientras el primero se echó atrás, el constructor pactó una confesión a cambio de que Anticorrupción no solicitara más de dos años de cárcel en el juicio de Gürtel y le ahorrara la prisión.
Esta es la segunda imputación en el caso de la caja B contra el antiguo dueño de Constructora Hispánica, la empresa que creció exponencialmente al calor de las administraciones del PP. En su momento, García-Pozuelo integró la veintena de empresarios que el juez Pablo Ruz citó a declarar como imputado por aparecer en los ‘papeles de Bárcenas’.
En concreto, el nombre de García Pozuelo se puede leer en las notas como donante de cantidades que suman 258.161 euros a la caja B del PP entre diciembre de 1998 y abril de 2006. Como el resto de los empresarios, la causa se archivó contra él porque fue imposible demostrar que las donaciones en B se realizaran a cambio de adjudicaciones concretas, por lo que no se pudo acreditar el delito de cohecho.
Además de la pieza que se está juzgando en la Audiencia Nacional, conocida como 'Primera Época', García-Pozuelo también está imputado en las piezas de Boadilla y Arganda del Rey. En estas, Correa y García-Pozuelo no compartirán abogado, según su defensa compartida.
Bárcenas y los Pujol
El 15 de julio de 2013, fecha en que Luis Bárcenas confesó ante el juez Ruz el sistema de financiación irregular del PP durante al menos dos décadas, el diario El Mundo publicó que los abogados Javier Iglesias y Miguel Durán, por separado, habían ofrecido en la cárcel un pacto al extesorero de la formación de parte del PP para que no tirara de la manta.
Ambos letrados hicieron públicos sendos comunicados desmintiendo tajantemente la información. Iglesias, que reconocía la visita una semana antes a la cárcel, negaba que se produjera en los términos publicados. “Jamás me he prestado ni me prestaría a una actuación como la que se describe en la noticia”, aseguraba.
Por otra parte, Josep Pujol, hijo del expresident de la Generalitat, declaró en la Audiencia Nacional que se había reunido con el comisario José Manuel Villarejo por intermediación del abogado Javier Iglesias. El encuentro tuvo lugar en el despacho del letrado en Madrid sin que éste estuviera presente, siempre según la misma versión. El entonces policía en activo le habría ofrecido tumbar la causa a cambio de una “proclama” de la familia en contra del proceso independentista, según recoge la declaración incluida en el sumario de la causa contra varios miembros de la familia Pujol.
Cotino y Correa en la pieza de la visita del Papa
El otro abogado de Francisco Correa, Juan Carlos Navarro, también defendió al presunto cabecilla de la trama en la pieza de Fitur, por la que ha sido condenado a 13 años de prisión y ha ingresado ya en prisión. Navarro prepara ya el recurso ante el Tribunal Supremo.
Juan Carlos Navarro es también abogado del antiguo hombre fuerte del PP en la Comunidad Valenciana Juan Cotino, imputado en la pieza de la visita del Papa a Valencia. En su breve intervención del 27 de marzo ante el juez de la caja B, Correa dijo: “Que quede claro que yo seguiré colaborando, pero ni aquí ni ahora”. Navarro había ofrecido en las semanas anteriores la colaboración de Correa exclusivamente en la pieza de la visita del Papa, donde está imputado Cotino.