- La Fiscalía niega haber llegado a ningún pacto con Francisco Correa, que ya en 2015 amagó con colaborar con la Justicia y finalmente se echó atrás
A solo cuatro días de que comience el primer macrojuicio por Gürtel, Francisco Correa, el cabecilla de la red, el personaje que da nombre al mayor escándalo de corrupción de la historia de España, vuelve a amagar con tirar de la manta. Su procuradora entregó el pasado 26 de septiembre un escrito en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Agudiencia Nacional en el que Correa asegura tener “la voluntad de proceder a la completa reparación del daño causado” y faculta a la Justicia para que pueda disponer de los 20 millones que todavía guarda en cuentos suizas. Sucede que esos fondos ya están bloqueados por los jueces. El propio Correa ha asegurado a EL PAÍS que se ha comprometido con la fiscalía a responder a todo lo que pregunten sus representantes en el juicio -en el que se enfrenta a una petición de pena de 110 años de cárcel del ministerio público por una docena de delitos-. “En todos estos años ningún político ha hecho nada por mí”, declara al periódico que destapó su caso ahora que ve cerca una condena.
Fuentes de la Fiscalía niegan a eldiario.es haber llegado a un pacto con el principal procesado de la trama corrupta que amañó contratos en distintas administraciones de Madrid, Valencia, Andalucía y Castilla León en manos del PP y comercio con suelo recalificado en municipios madrileños a cambio de sobornos y mordidas a distintos cargos institucionales.
No es la primera vez que Correa amenaza con contarlo todo. En mayo de 2015, su abogado se reunió con la Fiscalía Anticorrupción buscando un acuerdo, pero finalmente Correa se echó atrás. Unos meses después, en octubre de 2015, eldiario.es publicó una confesión escrita por él mismo en nueve folios: el documento que Correa había redactado para negociar con la Fiscalía Anticorrupción y en la que detallaba todas sus actividades ilícitas al frente de la trama. En aquella confesión, Correa admitía ser el cobrador del 3% en el nombre de Luis Bárcenas y el PP en numerosas obras públicas durante la presidencia de José María Aznar.
Ese precedente explica el escepticismo del ministerio público ante cualquier muestra de arrepentimiento del propio Correa, que ahora esgrime comos signo de buena voluntad el no haberse adherido a las recusaciones que otros de los acusados –y antiguos colaboradores– como Pablo Crespo y el propio Luis Bárcenas han planteado contra el magistrado José Ricardo de Prada que debe resolverse definitivamente el lunes para que las vistas puedan empezar el día siguiente en las dependencias que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid).
La amenaza de Correa se produce a menos de una semana de que arranque el juicio de la primera era del caso Gürtel que acumula 40 acusados y más de 300 testigos, algunos de ellos ilustres como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en cuyo Gobierno y partido se tejieron buena parte de los presuntos delitos. El escándalo se llevó por delante a su consejero Alberto López Viejo, a dos diputados de su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid y a media docena de alcaldes de su partido.
El testimonio de Correa en el proceso es clave para aclarar si las siglas L. B. o el apodo Luis, el cabrón, escritas en los apuntes de la contabilidad incautada a la red, corresponden al tesorero del PP Luis Bárcenas, tal y como han sostenido siempre la policía y los fiscales, y que en este juicio se enfrenta a penas de 45 años de prisión.
Este pleito es uno de los seis a los que se enfrenta Correa relacionados con la presunta red mafiosa que encabezaba junto al exsecretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo, y otros nombres insignes que ya son símbolos de la corrupción en España como Álvaro Pérez, el bigotes.