El empresario de la construcción Lars Gunnar Broberg entregó a su esposa, Ángeles Muñoz, la alcaldesa de Marbella, el presupuesto de una obra pública que finalmente obtuvo la adjudicación en 2013, según acredita una cadena de correos electrónicos a los que ha tenido acceso elDiario.es. Se trata de una de las cinco adjudicaciones que consiguió de la administración local el empresario Nils Fischer, acusado ahora por la Audiencia Nacional de pertenecer a la misma organización criminal de narcotráfico y blanqueo de capitales que el marido y el hijastro de la regidora.
La cadena de correos parte del arquitecto de la empresa Codecosol, propiedad del sueco Nils Fischer y señalada como instrumento para el blanqueo del narcotráfico en la citada investigación de la Audiencia Nacional. Su primer destinatario es el dueño de la compañía. “Te envío el presupuesto de la acera de Centro Plaza”, dice el técnico a su jefe. Fischer se lo reenvía a su compatriota Lars Gunnar Broberg, marido de Ángeles Muñoz, que se lo remite a su vez a su esposa, la máxima autoridad de la administración que concederá la adjudicación.
Pero la cadena de correos no acaba en la alcaldesa. Ángeles Muñoz, desde la dirección alcaldesamarbella@gmail.com, envía el presupuesto a su concejal de Obras entonces, Francisco Javier García, responsable del departamento del que saldrá el presupuesto para cambiar el acerado de la Avenida Manolete, justo en el tramo donde se sitúa el Centro Plaza. Este edificio alberga comercios y oficinas, entre ellas la sede de la sociedad Wasa Consulting, propiedad de Lars Gunnar Broberg, y también, justo en frente la de Codecosol, empresa de Nils Fischer que se encargaría de reformar la acera que todos los días pisaban ambos empresarios.
Construcciones y Demoliciones Costa del Sol (Codecosol SL) obtuvo cinco adjudicaciones del Ayuntamiento de Marbella entre 2011 y 2015 por un valor total de 642.415,22 euros, como publicó este lunes elDiario.es. La reforma del acerado de Avenida Manolete supuso un desembolso de 60.000 euros al Ayuntamiento y es una de las tres adjudicaciones a Nils Fischer que se realizaron por procedimiento negociado con publicidad, según el cual debe invitarse a al menos tres empresas a hacer ofertas. La de Fischer llegó al Consistorio marbellí por alguien supuestamente ajeno a la política municipal: el empresario de la construcción Lars Gunnar Broberg, casado desde hace treinta años con la que es alcaldesa de Marbella, del Partido Popular.
Otro correo del concejal de Obras para el marido de Muñoz
La intromisión del Lars Gunnar Broberg en cuestiones políticas y administrativas aparece en un segundo correo en poder de este medio. Se trata de una cadena de mensajes que llevan el flujo inverso al anterior. En esta ocasión, el correo original procede del concejal de Obras, Francisco Javier García Ruiz, ahora teniente de alcalde de San Pedro de Alcántara y al frente de Obras en esta localidad de la Costa del Sol. García Ruiz envía el 3 de octubre de 2013 el presupuesto de obras pendientes para ese año y la alcaldesa se lo reenvía a su marido constructor.
“Buenas tardes Ángeles: Te envío la planificación de las obras que tenemos previstos ejecutar hasta final de año, te lo he clasificado por la situación en la que se encuentran cada obra…”, arranca el mensaje el concejal de Obras. Se trata de un excel con numerosos proyectos en el que García Ruiz distingue obras finalizadas de otras en ejecución, las que están próximas a finalizarse, en tramitación o pendiente de que se firme el contrato.
Entre esos apuntes aparece la concesión a Codecosol de las obras de acerado junto a Centro Plaza. Han pasado seis meses desde que Fischer enviara su propuesta al Ayuntamiento a través de Lars Gunnnar Broberg. Del presupuesto de Codecosol, de 34.000 euros, se ha pasado a una ejecución por valor de 60.000, con un sobrecoste de 26.000 euros.
La reacción de Ángeles Muñoz y su equipo de gobierno al procesamiento de su marido y su hijastro por pertenencia a organización criminal consistió en subrayar que ninguna actuación del Ayuntamiento estaba siendo investigada por la Audiencia Nacional y en amenazar con acciones legales contra quien publique informaciones que, como dijo este lunes el portavoz municipal, Félix Romero, “probablemente sean falsas”.
La UDEF de la Policía propuso al juez del caso contra la filial de la Mocro Mafia sueca a la que presuntamente pertenecen el hijastro y el marido de la alcaldesa de Marbella que abriera una línea de investigación por delitos de corrupción. Los policías se basaban en el análisis de las conversaciones intervenidas a Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa, quien vinculaba concesiones inmobiliarias al hecho de que el PP gobernara en Marbella, Estepona o la Junta de Andalucía. La Fiscalía Antidroga no apoyó esa propuesta y el juez declinó abrir tal línea de investigación o solicitar la deducción de testimonio para que investigara un juzgado local.
Una denuncia presentada y archivada en secreto
Los correos que hoy publica en exclusiva elDiario.es pertenecen a una larga serie que se extiende entre 2011 y 2015 y que mezclan cuestiones personales, como recibos de su vivienda o reservas de viajes personales, con otros que tienen incidencia directa en la política municipal. Estos últimos fueron incorporados a una denuncia que presentó el PSOE local ante la Fiscalía Anticorrupción en diciembre de 2017, aún con el Gobierno de Mariano Rajoy, después de recibirlos de fuente anónima. Anticorrupción derivó el asunto a Málaga y de ahí acabó en manos del fiscal del Área de Marbella, Julio Ángel Martínez Carazo.
El fiscal Martínez Carazo ordenó un informe pericial sobre la obra en la que habría intercedido Lars Gunnar Broberg y con el resultado del mismo archivó la denuncia. Ni la existencia de la misma ni el archivo decretado por el fiscal de Marbella habían trascendido hasta ahora.
En la citada denuncia, la representación legal de los socialistas se dirigía contra la propia alcaldesa, su marido, el entonces concejal de Obras y el adjudicatario Nils Fischer, así como la empresa de éste, Codecosol, en concepto de persona jurídica, entre otros. Fue cinco años antes de que todos los mencionados, a excepción de la alcaldesa fueran procesados por pertenecer a una organización criminal dedicada al narcotráfico y el blanqueo de capitales.
La denuncia recogía posibles delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, negociación prohibida a funcionario público, administración desleal, asociación ilícita y pertenencia a organización criminal. Según relataba el abogado que presentó el escrito, los correos fueron entregados en la Agrupación del PSOE en Marbella por alguien que se ocultaba con un casco de motorista. El individuo dejó un sobre con un pen drive y una nota dentro con instrucciones sobre cómo acceder a su contenido.
El peritaje ordenado por el fiscal buscaba conocer si la obra concedida a Nils Fischer con la intermediación del marido de la alcaldesa se correspondía con “el precio presupuestado y abonado por la ejecución de la misma”. La perito confirmó: “Lo ejecutado es conforme con la medición del proyecto así como lo certificado en las tres certificaciones aportadas [por Codecosol]”. Y ahí se acabó el caso.
El fiscal se sintió “incómodo” pero no apreció delito
El fiscal jefe del Área de Marbella tuvo que acogerse a la sentencia del Supremo sobre la lista Falciani –posteriormente refrendada por el Constitucional– y considerar los correos como un indicio legítimo sobre el que sostener una investigación. Pero aún así, en su decreto de archivo, y antes de entrar en materia, Martínez Carazo dejó por escrito una controvertida advertencia: “El origen de la denuncia obliga a extremar el celo en la ponderación de los hechos y del material aportado, pues no se puede desconocer la notoria rivalidad existente entre los diversos partidos políticos”.
En su decreto de archivo, al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal concluye que, aunque el hecho de que el marido de la alcaldesa presentara la oferta de su amigo por un cauce que no es el establecido, no presupone de por sí “un trato de favor”. El Ayuntamiento de Marbella, añadía el fiscal, había adjudicado “numerosas obras de objeto e importe similares” a diferentes empresas.
Que el marido de la alcaldesa, empresario inmobiliario y de la construcción, recibiera un documento elaborado en el Ayuntamiento sobre el estado de las obras en el municipio, a través de Ángeles Muñoz, no le pareció al fiscal indicio suficiente de revelación de secretos porque “no incluye datos diferentes de los que pueden (y deben) ser objeto de la publicidad institucional”, aseguró en su escrito.
No hay pruebas, sostuvo el fiscal, de que el marido de la alcaldesa, Lars Gunnar Broberg, actuara “en favor” de su amigo. “Nada consta sobre este particular, sin perjuicio de que lo lógico es que un empresario remita el presupuesto directamente a la oficina municipal, sin utilizar intermediarios”, añade el representante del Ministerio Público. “El resto de datos, no obstante, permiten descartar el trato de favor y, por lo tanto, el tráfico de influencias”.
Para el fiscal, las dos cadenas de correos mencionadas en esta información no tienen por qué referirse a la misma obra. Incluso si fuera así, “no se puede descartar a priori la concurrencia de posibles alternativas no delictivas que explicaran el desfase entre el presupuesto inicial y el coste final”. Se refiere al fiscal a que, en lugar de una comisión, el montante se hubiera encarecido por la “duración de su ejecución” o porque “el cambio de circunstancias” con motivo del “transcurso del tiempo”.
Respecto al hecho de que la Alcaldía de Marbella optara por la adjudicación a Fischer con la comodidad de “contrato menor” producía en el fiscal una incomodidad que no alcanzó la categoría de indicio de delito y que además es una posibilidad recogida en la ley.
“Aunque podamos sentirnos incómodos por la utilización del contrato menor, que permite a la Administración adjudicar contratos sin criterios conocidos y objetivados, sin ponderación de los criterios de adjudicación, sin pliegos que definan la característica de lo que se pretende contratar, casi sin motivación, y que esto propicia la imagen de una contratación en la que el poder adjudicador tiene plena potestad de decidir libremente quién gana la adjudicación de un contrato (…) se trata de una modalidad contractual prevista en la Ley de Contratos del Sector Público”, añadía Martínez Carazo en su decreto de archivo.