La corrupción bajo las alfombras de Génova 13

La irrupción del caso Mediador (una investigación judicial que implica a un diputado del PSOE ya dimitido, algunos ex altos cargos de instituciones públicas canarias e incluso a la Guardia Civil) la ha aprovechado el PP para atacar a su principal rival electoral en uno de los temas que más daño ha hecho a los populares en los últimos años: la corrupción. La dirección de Alberto Núñez Feijóo se ha lanzado a intentar exprimir este escándalo e intentar convertirlo en un caso estatal que afecta al Gobierno y a Pedro Sánchez, pese a que ese salto todavía no lo ha dado la jueza que instruye la causa.

El PP trata de quitarse la etiqueta que lo relaciona con la corrupción. La acumulación de casos, y una sentencia condenatoria, llevó al Congreso a aprobar en 2018 por primera vez una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Contra ese estigma intentó actuar Pablo Casado, quien procuró dar una imagen de “limpieza” que le llevó a señalar por corrupción a Isabel Díaz Ayuso, lo que provocó su defenestración política. 

Ahora, con Feijóo sentado en la planta noble de la sede nacional, el PP confía en situar a su rival en un marco comunicativo relacionado con la corrupción. Pero bajo las alfombras del edificio situado en el 13 de la calle de Génova de Madrid se esconde todavía mucha mugre que se barrió deprisa y corriendo. Y algunos de esos casos siguen vivos y todavía pueden deparar alguna sorpresa a los actuales dirigentes.

70 policías para salvar al PP

La investigación sobre la Operación Kitchen ha dado un paso clave en su viaje al juicio oral: la Fiscalía Anticorrupción ha presentado sus conclusiones provisionales y ha pedido penas de hasta 15 años de cárcel para la cúpula de Interior y de la Policía Nacional durante el mandato del PP. Entre otros, el exministro Jorge Fernández Díaz, su número dos Francisco Martínez y varios mandos policiales. 

La petición más alta es para el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Anticorrupción considera probado que hace exactamente una década las máximas autoridades de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy pusieron en marcha un operativo ilegal para acceder a los archivos del extesorero Luis Bárcenas y retirar de la circulación pruebas que pudieran comprometer al PP. 

La causa ataca así el núcleo duro del Gobierno de Mariano Rajoy, uno de los padres políticos de Feijóo y un referente para el candidato del PP, según él mismo ha asegurado. Y eso que la investigación del juzgado de la Audiencia Nacional de Manuel García Castellón ha dejado fuera a la entonces secretaria general, María Dolores de Cospedal, y a su marido, Ignacio López del Hierro. 

Rajoy telefoneó a Fernández Díaz cuando se conoció el escrito de acusación, tal y como informó El Periódico de Catalunya. Apenas un mes antes, compartía escenario con Feijóo en Valencia para apoyarlo en su carrera a la Moncloa.

Según la Fiscalía, el operativo parapolicial supuestamente impulsado por el PP empleó “recursos, técnicos y humanos” del Ministerio del Interior en beneficio del PP: ocho inspectores jefes de grupo, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 agentes de Policía Nacional especializados en seguimientos. Un total de 70 efectivos de Policía dedicados a evitar que la corrupción salpicara al partido. 

Además, se ha conocido una nueva ramificación de esta Operación Kitchen: las presiones ejercidas sobre Luis Bárcenas y su entonces abogado para no publicar informaciones perjudiciales para el PP. Según investiga la Audiencia Nacional, hubo “un encargo realizado por terceras personas vinculadas al PP a fin de conseguir que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el partido vinculadas con dicho sumario”. 

Los contratos ilegales de Alberto Casero

La petición de Anticorrupción para Jorge Fernández casi ha coincidido en el tiempo con la decisión del Tribunal Supremo de juzgar a Alberto Casero por prevaricación y malversación de caudales públicos, quien dejó la militancia en el PP y su escaño en el Congreso en dos veces tras conocerse la decisión del juez.

Casero se hizo famoso por equivocarse en la votación de la reforma laboral y permitir con su error la aprobación de la medida del Gobierno. El exalcalde de Trujillo (Cáceres) fue el número cuatro interno en el organigrama de Pablo Casado, cuando fue designado secretario de Organización del PP. A las órdenes de Teodoro García Egea y Ana Beltrán, Casero era el enviado de la dirección nacional a los territorios. Allí donde había un problema, llegaba él a intentar solucionarlo. 

El juez ha concluido que Casero adjudicó cinco contratos por un valor de 94.000 euros de manera ilegal cuando era regidor de la localidad. Contratos para organizar la Feria del Queso, para contratar un psicólogo o para poner en marcha un evento gastronómico de comida peruana. Él mismo reconoció en el Supremo que los procesos podían estar trufados de errores e irregularidades, pero que en ningún caso cometió un delito.

La renuncia a su escaño puede devolver el caso a los tribunales de Extremadura para ser juzgado allí, al haber perdido el aforamiento. 

Tres años de cárcel para el expresidente de Murcia

Tercera coincidencia temporal con el PP intentando sacarse de encima el estigma de la corrupción: el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha sido condenado a tres años de cárcel.

Cuando el PP reformó la ley para limitar el tiempo que la Justicia podía dedicar a una investigación penal, uno de los principales beneficiados fue precisamente Sánchez. Presidente de la Región de Murcia entre 2015 y 2017, se vio envuelto en varios casos de corrupción. Uno de ellos, que analizaba la contratación supuestamente ilegal para acondicionar la Rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras, quedó archivado porque muchas diligencias se pidieron fuera de plazo. 

Pero otro de esos casos, que también procede de su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras, ha pasado ese filtro y le ha costado una condena que, en caso de ser declarada firme, implicará su entrada en prisión: tres años de cárcel por prevaricación y falsedad documental en el conocido como caso Auditorio.

En este caso, sin expediente de contratación de por medio y de forma verbal, Sánchez encargó a un arquitecto un proyecto para las obras del auditorio municipal, evitando que otros arquitectos pudieran ganar ese concurso. Todo para justificar una subvención regional y evitar tener que devolver el dinero.

Sánchez dimitió en 2017, con Rajoy todavía en la Moncloa y Feijóo en la Xunta de Galicia. Pero quien ocupa hoy la Presidencia de Murcia, y uno de los principales barones del PP, salió entonces a defender a su jefe de filas. “Yo confío en Pedro Antonio”, dijo Fernando López Miras en un vídeo que sus rivales han recuperado ahora.

Pero no hay que irse tan lejos. En julio de 2022, López Miras fue reelegido presidente del PP de Murcia. En una intervención ante el pleno del congreso dijo en referencia expresa a Pedro Antonio Sánchez que él había “aprendido de los mejores”. En primera fila, destacados barones del PP y dirigentes autonómicos, así como la secretaria general, Cuca Gamarra. La ovación duró varios segundos. Ese mismo día, para la intervención final, apareció también el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo y un imputado de Ibiza comparten mantel

Otra ovación se llevó el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, el pasado fin de semana. En un acto de precampaña del PP balear, Marí compartió mesa y mantel con el presidente del partido en la isla, José Vicente Marí Bosó, la líder autonómica, Marga Prohens, y el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

El problema es que Vicent Marí está imputado, también por corrupción. En su discurso, Prohens dijo: “Los ibicencos te reconocen, te estiman y quieren que seas su presidente. Por eso yo y este partido necesitamos que sigas siendo el alcalde de alcaldes. Pero sobre todo que sigas siendo Vicent Marí”. El aplauso fue cerrado.

Ayuso: de Arroyomolinos a la comisión de su hermano

Muy actual es también la corrupción del PP de Madrid, que está inserta en la dirección autonómica del partido que lidera Isabel Díaz Ayuso. La lideresa cuenta en su organigrama con la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, también imputada por corrupción junto a un empresario que se habría beneficiado de unas contratos durante su anterior etapa como concejala en el Consistorio. 

Millán ocupa un puesto clave: la vicesecretaría de Organización Territorial. Pese a la imputación judicial, en mayo será de nuevo candidata del PP en Arroyomolinos. La alcaldesa reconoció el pasado 22 de abril ante un juez de Navalcarnero los pagos, aunque dijo que los ingresos que le realizó el empresario que recibía adjudicaciones de la concejalía que encabezó entre 2012 y 2016 porque correspondían al alquiler de un ático de su propiedad, con derecho a compra. En cuatro años, Millán recibió más de 44.000 euros de la empresa Neverland, propiedad del empresario Vicente Roselló, cuyas empresas recibieron contratos por valor de más de 660.000 euros.  

El otro gran caso que ha afectado a Ayuso tiene que ver con los negocios de su familia, su Gobierno y fue arma central en la mayor guerra civil vivida en la derecha española en las últimas décadas. “¿Cuando morían 700 personas al día puedes contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros?”, dijo un viernes el por entonces presidente del PP, Pablo Casado, en una entrevista en la cadena COPE. Cinco días después estaba muerto políticamente.

Se refería al hermano de Ayuso, que había cobrado al menos una sustanciosa comisión de una empresa que vendió material sanitario al Gobierno de Madrid durante la pandemia. Un pago que ha sido reconocido por la propia presidenta regional, pero que se llevó por delante a quien lo denunció. Casado fue defenestrado de su puesto. Los barones pusieron en su lugar a Feijóo.

Marbella: la alcaldesa que no conocía los negocios de su marido

De plena actualidad es también el proceso judicial que afecta a la familia de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, quien ha visto como su marido (recientemente fallecido) y su hijastro eran procesados por la Audiencia Nacional por delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

Un cálculo de elDiario.es cifra en más de 12 millones de euros el patrimonio de la alcaldesa acumulado en tres décadas en política durante los cuales solo ha cobrado dietas del Consistorio Marbellí y su sueldo de parlamentaria nacional en dos legislaturas. 

Ante el Senado, Muñoz ha ocultado incrementos patrimoniales y ha reducido las numerosas propiedades que posee a las acciones que figuran a su nombre de las sociedades que ha utilizado para adquirirlas, lo que rebaja considerablemente el valor real de ese patrimonio declarado. 

Los jueces Alejandro Abascal y Manuel García Castellón han dejado fuera de la investigación las relaciones de la trama con el propio Ayuntamiento de Marbella, pese a los informes policiales que apuntaban indiciariamente en sentido contrario. Muñoz intenta acallar a elDiario.es en los tribunales por revelar toda esta información.

Pese a todo, el PP ha respaldado públicamente a Muñoz, quien volverá a ser la candidata en la ciudad malagueña el próximo 28 de mayo.

Salamanca y la “financiación ilegal” del PP de Mañueco

En el PP también hay sombras de corrupción interna. Uno de los barones de Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco, está en el centro de un proceso judicial por supuesta “financiación ilegal” del PP en su provincia, Salamanca, durante el proceso de primarias que le permitió liderar el partido, primero, y ser candidato a a Junta de Castilla y León, después.

La Operación 'Mañueco presidente' está pendiente de juicio. Y el congreso provincial acumula meses y meses de retraso sin que los órganos de garantías del PP hayan intervenido. Tampoco la dirección nacional, que ha dejado hacer a su líder autonómico pese a las dudas sobre el proceso que lo eligió.

La situación está tan enquistada que se ha producido otro conflicto judicial por el retraso de ese congreso, mientras sí se han celebrado las primarias para seleccionar a los candidatos el 28 de mayo. Un proceso interno otra vez salpicado de dudas por la aparición de cientos de afiliados nuevos en pocos días.

Los problemas judiciales del PP de Salamanca han llevado al partido a los tribunales, y la dirección nacional estaba llamada a comparecer. En concreto, la jueza citó a Feijóo. Pero el presidente no acudió y mandó a un representante, lo que provocó el enfado de la magistrada: “La persona que estaba citada, era el señor Feijóo, que hubiera venido y me hubiera dicho: no sé absolutamente nada, no puedo informarle de nada, no puedo ayudarle en nada. Era él el que estaba citado, no estaba citado el señor que está ahora enfrente de mí”.

No es el único caso judicializado en Castilla y León. El eexvicepresidente de la Diputación de Valladolid y alcalde del municipio de Olmedo, Alfonso Centeno, ha sido procesado en el llamado caso Meseta Ski, que investiga la construcción de una pista de esquí seco que proyectó el organismo público con un presupuesto inicial de cuatro millones de euros, que se disparó hasta los 12 y que hoy está desmantelada por orden judicial, al haberse construido en un monte quemado. Centeno se fue de viaje de placer con los promotores de la obra.

Pese al auto de procesamiento, el PP incumple sus propios Estatutos y no ha abierto un expediente sancionador contra el alcalde, que quiere repetir el 28M.

La corrupción del PP en València

Las administraciones valencianas fueron, durante años, uno de los grandes caladeros de negocio de la trama Gürtel y su relación simbiótica con el PP, que lideró el Ejecutivo regional desde 1995 hasta 2015. Algunos casos de supuesta corrupción están siendo juzgados en los tribunales valencianos. Uno de ellos es el caso Taula, donde el fiscal ha afirmado estos días durante el juicio que “asusta pensar lo que han podido hacer con ese dinero”. 

Se refiere el fiscal a los 40 millones de euros anuales que manejaba Marcos Benavent al frente de la empresa pública Imelsa, de la Diputación de Valencia que también presidía el PP con Alfonso Rus. La Fiscalía, que pide 12 años de cárcel para él, declara probado que en el seno de esta empresa pública existieron trabajadores zombies que cobraban sin trabajar o mientras trabajaban fuera de la empresa que les pagaba con dinero público. 

Otro caso, que también afecta a los socialistas valencianos, es el bautizado como Azud, donde una jueza investiga una trama de corrupción con epicentro en el Ayuntamiento de València en la época de Rita Barberá pero con ramificaciones que llegan a más de medio centenar de imputados y que afecta también a cargos del PSPV y a varias campañas de los socialistas, todo entre 1999 y 2013. En esta causa el foco está puesto en el empresario Jaime Febrer y los sobornos y comisiones que la trama pagaba, supuestamente, a cambio de acceder a obra pública. 

El horizonte judicial del PP

El PP de Alberto Núñez Feijóo tiene todavía por delante un campo de minas de causas de corrupción que afectan a su partido. En las próximas semanas, por ejemplo, el Tribunal Supremo hará pública su sentencia firme sobre una de las ramificaciones principales de la trama Gürtel: la corrupción que rodeó la organización de la visita del Papa a València en 2006. 

Varias piezas de la trama Gürtel, Púnica o Lezo también están pendientes de juicio o sentencia en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Una de ellas es la pieza separada que analizó y condenó la actividad de la trama en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, causa en la que el Partido Popular fue condenado como responsable a título lucrativo por los 204.198,64 euros que la trama corrupta usó para pagar sus campañas municipales entre 2003 y 2007 en una ciudad en la que gobierna ininterrumpidamente desde 1983. 

Otro de los casos pendientes de sentencia en este organismo central es la pieza sobre adjudicaciones irregulares a las empresas de Gürtel que atañe precisamente a Francisco Camps, entre otras cosas, para el expositor de esta administración en la edición de Fitur en 2009. Anticorrupción pide dos años y medio de cárcel para él en un juicio en el que colaboradores de la trama como Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ han señalado sin dudar al expresidente valenciano. 

Sobre él dijo Feijóo el pasado mes de febrero en una entrevista: “Vamos a ver qué dicen los compañeros de Valencia, porque al final Paco Camps es un personaje de la política valenciana. Pero desde luego yo le mantengo el respeto (...). Está claro que las cosas que se le imputan, al menos el 90% de las mismas, han quedado resueltas satisfactoriamente.

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