La corrupción desalojó al PP del Gobierno hace algo más de un año. El partido está en caída libre desde entonces: la línea dura impuesta por Pablo Casado para tratar de no perder votos hacia Ciudadanos y Vox no ha detenido la sangría. La pérdida de votos en las generales se trasladó a los comicios locales y autonómicos del 26M, aunque en estos últimos tanto Ciudadanos como Vox han apuntalado el poder territorial en regiones como Madrid, Murcia o Castilla y León. Esos socios que han unido su futuro al de los populares se verán arrastrados por toda la corrupción que aún se investiga en los juzgados.
El partido de Albert Rivera, que aspiraba a superar al PP en las diferentes convocatorias electorales, ha decidido ahora apoyar a su rival en la derecha. A cambio de cesiones mínimas y pese a que en las tres comunidades llevan décadas gobernando con la sombra de la corrupción, Ciudadanos avanza en acuerdos para mantener al PP en los gobiernos, en algunos con los votos indispensables de la extrema derecha. Desde esa posición de apoyo al que hasta hace unas semanas era su principal competidor electoral, Ciudadanos asistirá al avance de casos de corrupción nacionales y locales que afectarán a su socio.
El juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas que comenzó el viernes sirve como aviso. El PP se ha convertido en el primer partido político de la historia en sentarse en el banquillo como acusado. Para evitar la imagen de que uno de sus empleados se enfrentase al juez, el partido ha colocado a una abogada de un bufete externo. Los de Casado han intentado impedir el juicio echando mano de la doctrina Botín, pero el juez no se lo ha permitido: resolverá en la sentencia y hasta entonces, se desarrollará el proceso con normalidad.
El caso juzga al PP y a algunos de sus empleados –el responsable de estrategia legal, Alberto Durán, su extesorera Carmen Navarro y el antiguo jefe de informática, José Manuel Moreno– por destruir los discos duros de Luis Bárcenas cuando se los reclamó el juez que investigaba la trama Gürtel. El caso se acompasará con las negociaciones para cerrar la investidura del PP en sitios como Madrid, donde la corrupción se filtró a todas las capas de la administración aupada por la ambición de dinero y de poder de los cargos populares ahora investigados.
Madrid, de la caja B al máster de Cifuentes
Isabel Díaz Ayuso, que trata de cerrar un acuerdo con Ciudadanos y Vox, heredará un modelo político forjado durante un cuarto de siglo a base de mayorías absolutas del PP. Se pondrá al frente de una comunidad autónoma donde en los últimos años ha destacado el impulso a la educación concertada, la externalización de los servicios sanitarios y las tramas de corrupción. Aquí tuvo una pata Gürtel y su epicentro Púnica y Lezo.
Del primer caso aún quedan piezas por cerrar y juzgar. De los dos segundos, sin embargo, quedan el grueso de las piezas por cerrarse. En Púnica se siguen reuniendo indicios del sistema de financiación ilegal que presuntamente puso en marcha el PP de Madrid para asegurar las mayorías absolutas de Esperanza Aguirre.
De hecho, la Fiscalía no descarta imputar a la expresidenta madrileña y mentora política de Díaz Ayuso cuando acabe la investigación. Por ahora ya tiene sobre la mesa multitud de informes de la Guardia Civil que implican a diversos cargos de los antiguos gobiernos populares en una estructura diseñada para llenar la caja B del partido mediante facturas falsas y donativos encubiertos.
También avanzan las pesquisas en Lezo, la trama que tiene en su cúspide a Ignacio González, heredero de Aguirre en la Comunidad de Madrid. Una de sus piezas separadas sentará en el banquillo a dos exconsejeros del PP durante el Gobierno de Gallardón, otras ahondan en el uso de las empresas públicas para llenar las arcas del PP -y de los propios investigados- y en alguna se rastrean los tratos de la constructora OHL con los cargos políticos para conseguir adjudicaciones. Todas irán avanzando durante los próximos años.
Además, Ciudadanos verá como en los próximos meses la Audiencia Nacional ahonda en la investigación del Campus de la Justicia -el proyecto que dejó un agujero de 100 millones de euros de dinero público con un único edificio en pie- o como se sienta en el banquillo de los acusados la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes. La misma a la que Ciudadanos sostuvo hasta su dimisión por el caso Máster. En aquella ocasión apoyaban desde fuera, pero ahora tendrán consejerías.
Castilla y León: el poder absoluto del PP
Madrid concentra buena parte de la corrupción que arrastra el PP, pero Ciudadanos y Vox -que también exhibe en público un discurso de tolerancia cero con la corrupción- se enfrentan a un escenario similar en Castilla y León. Pese a que el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, alentó la posibilidad de un cambio en la región, finalmente ha pactado con el cabeza de lista del PP, Alfonso Fernández Mañueco.
El partido de Rivera va a mantener un Gobierno al que ha denunciado por corrupción en el mismo momento en el que se producían las negociaciones. Junto con el resto de la oposición, han llevado a la Fiscalía Anticorrupción un informe sobre el Hospital de Burgos. El escrito relata cómo la concesionaria incumplió en contrato mientras el Gobierno regional de Juan Vicente Herrera le daba cobertura legal.
Además, en esa región, tres casos de corrupción han dominado la política durante los últimos años: el de la Perla Negra, la trama Eólica y el caso Enredadera. Todos ahondan en las irregularidades cometidas durante los gobiernos del popular Juan Vicente Herrera, que se vio obligado a pedir perdón en 2017 después de que su número dos fuese imputado por la compra de un edificio público.
Los tres casos retratan la cercanía del poder empresarial al poder político de Castilla y León, y el papel que han jugado los grandes conglomerados de medios, en los que destaca la figura de José Luis Ulibarri. Los audios de esas investigaciones desataron un compadreo entre los representantes del sector público y los del privado y revelaron el poder absoluto del PP en la administración autonómica. El partido seguirá presidiendo ese gobierno cuatro años más gracias a Ciudadanos, que verá cómo se siguen destapando las irregularidades de la región.
Murcia, donde la ley ha beneficiado a los investigados
Murcia es otra de esas comunidades en las que Ciudadanos apoyará al PP, en el gobierno desde el año 1995. Ramón Luis Valcárcel gobernó este feudo popular durante dos décadas pero todo se torció cuando le cedió el testigo a Pedro Antonio Sánchez: tuvo que dimitir acuciado por los diversos casos de corrupción en los que estaba implicado, algunos en su etapa como alcalde.
La región ha experimentado cómo la limitación del PP a las investigaciones penales han acabado con un par de sumarios, archivados porque la Fiscalía pidió la ampliación fuera de plazo. Por eso se libró Sánchez del caso Pasarelas y lo mismo ha ocurrido con un sumario que amenazaba a Valcárcel, el de la desaladora, donde se investigaban los amaños para beneficiar a una filial de ACS.
Pero en esa región hay otros casos de corrupción que, si los plazos de investigación no lo impiden, acecharán al PP durante la próxima legislatura. El más importante es el caso Auditorio, en el que Pedro Antonio Sánchez se enfrenta a cuatro años de cárcel un delito de prevaricación continuada, un delito de fraude de subvenciones y un delito de fraude y prevaricación en la aprobación del proyecto modificado.