El 18º Congreso Nacional del PP se preveía apacible. Las únicas inquietudes del partido del Gobierno eran la discusión de cuestiones internas, como la acumulación de cargos de María Dolores de Cospedal, y solo Vistalegre 2 amenazaba con robarles titulares. Sus casos de corrupción no estaban, ni se les esperaba. Pero Gürtel ha irrumpido en la convención del partido con la confesión un grupo de empresarios, la condena a la rama valenciana y la obligación de Ana Mato y del propio PP de sentarse a declarar frente al tribunal que juzga la primera época de la trama corrupta.
El PP considera que Gürtel ya no le puede hacer daño. Circunscriben cada nueva revelación a unos hechos ocurridos hace una década, y el propio Mariano Rajoy dejó claro su escaso interés por el juicio. “Francamente no estoy en este tema, me ha sorprendido usted”, contestó en una entrevista cuando le preguntaron por qué el abogado que les defiende de su responsabilidad civil había pedido la nulidad del proceso, como el resto de acusados.
Ese letrado, Jesús Santos, tendrá que declarar el lunes en el juicio de Gürtel. Como representante legal del PP, la Fiscalía le preguntará sobre la responsabilidad civil a título lucrativo del partido, que Anticorrupción cifró en 245.000 euros en los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, epicentros de la trama de corrupción. Pero ese día será la exministra Ana Mato quien concentre toda la atención.
También acusada como responsable civil, no esperaba tener que declarar en el juicio. Al término de la sesión del jueves, cuando se acabó el interrogatorio de los casi 40 imputados, el tribunal acordó que Mato tenía que declarar. Así, el lunes se sentará en el banquillo quien entre 2011 y 2014 se sentaba en el Consejo de Ministros junto a Rajoy.
Durante su declaración, Francisco Correa detalló las atenciones que tuvo con el matrimonio que conformaban Ana Mato y Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón, a los que regaló coches, viajes y pagó celebraciones familiares. Mato tendrá que escuchar preguntas sobre estas dávdivas, aunque lo más probable es que opte por no contestar.
Si la declaración de una exministra del PP en un juicio por corrupción no era suficiente para enturbiar el Congreso del partido, este viernes se ha conocido la primera sentencia de Gürtel. La primera condena a los empresarios que colaboraban con cargos públicos del PP para hacerse con fondos públicos a través de concursos amañados que ganaban a cambio de mordidas.
“Gracias a sus conexiones con el poder”
La sentencia de la pieza separa de Gürtel que juzga las concesiones irregulares de la Generalitat entre 2004 y 2009, el conocido como caso Fitur, se tenía que haber conocido hace tiempo. Unas complicaciones técnicas han propiciado que el fallo coincida con el inicio d e la reunión de los populares, a los que no deja en buen lugar.
El tribunal considera probado que la red de empresas de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes', “sin apenas estructura y gracias a sus conexiones con el poder, obtenían un enriquecimiento irregular”. Junto a ellos han sido condenados una exconsellera del PP durante el gobierno de Francisco Camps, Milagrosa Martínez, además de otros exaltos cargos de la Generalitat.
Lo que se ha juzgado en Valencia es la vía de escape de la Gürtel cuando se le cerraron las puertas en Madrid. Hay muchas versiones de por qué Mariano Rajoy dio la orden de romper con Correa. La del extesorero del PP, Luis Bárcenas, es que otro empresario advirtió al presidente del PP de las irregularidades en ayuntamientos madrileños, y este cortó la relación sin denunciar nada.
La trama buscó nuevas oportunidades de negocio en Valencia y las encontró, de nuevo, gracias al PP. A pesar de la prohibición, y según el relato de Bárcenas, el PP valenciano adjudicó eventos con la red Gürtel y el secretario general del partido, Ángel Acebes, autorizó a Camps a contratar con Correa la organización del mismo evento que los populares celebran este fin de semana, el Congreso Nacional. La supuesta prohibición de Rajoy llevaba en vigor cuatro años, pero no fue obstáculo.
La búsqueda de nuevas vías para hacer dinero de Correa y sus socios ha terminado en una sentencia demoledora con penas ejemplares. Y esta no es la única causa sobre las relaciones de Gürtel con el PP de Valencia. El próximo 13 de marzo comienza en la Audiencia Nacional el juicio la financiación ilegal del PP valenciano, que sienta en el banquillo a la cúpula de del partido.
A pesar de que comienza dentro de un mes, este caso también va a empañar el fin de semana de los populares. El pasado miércoles nueve empresarios implicados en el juicio llegaron a un acuerdo con Anticorrupción y admitieron haber financiado ilegalmente al PP valenciano. Habían dado dinero al partido para las campañas electorales de las municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008.
Reapertura de la causa sobre la caja B
Los dirigentes del PP que esperaban un Congreso Nacional sin mención a sus casos de corrupción han visto como en tres días se han derrumbado sus esperanzas. Ahora tendrán que prepararse para lo que viene, porque la Audiencia Nacional tiene que decidir si atiende a la petición de Anticorrupción, reabre la causa de la caja B del PP y llama a declarar a Correa en esta pieza separada sobre la financiación ilegal.
El cabecilla de Gürtel está a la espera de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJ), después de que la Fiscalía haya pedido que ingrese ya en prisión para cumplir la pena de 13 años de cárcel. La decisión se conocerá la próxima semana.
La decisión del TSJ puede influir en la decisión que tome Correa si finalmente es llamado a declarar en la caja B. La Fiscalía y las acusaciones querrán que tire de la manta, pero habrá que ver qué hace Correa si ya tiene garantizada una larga estancia en prisión y confesar no le ayuda a pasar menos tiempo entre rejas.