La última vez que Pablo Casado hizo referencia a la corrupción fue el 2 de abril, en una entrevista en El Hormiguero, el show de Pablo Motos. Pedro Sánchez la ha mencionado de forma superficial en sus mitines y Albert Rivera no pronuncia esa palabra desde hace semanas. Pablo Iglesias sí hace más alusiones al asunto, aunque siempre en relación con el espionaje a Podemos, convertido en uno de los pilares de su campaña.
No hace tanto la corrupción estaba en el centro del debate político, hasta el punto de que llegó a tumbar al último Gobierno del PP, el que presidía Mariano Rajoy hasta hace algo más de 10 meses. La sentencia de Gürtel hizo caer al Ejecutivo, provocó un terremoto interno en el PP y alumbró un nuevo Gobierno del PSOE que gestionó nueve meses y, con un apoyo parlamentario exiguo, acabó convocando elecciones ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos. En la campaña para el 28A, sin embargo, no se está debatiendo de eso, a pesar de que sigue entre las principales preocupaciones de los españoles, según el CIS.
Tampoco ha tenido ninguna presencia en el primer debate electoral que celebró TVE con los partidos que tienen grupo parlamentarios en el Congreso. No estaba entre los bloques pactados, más que de una forma colateral y tampoco se habló de ello. No es que no se expusieran recetas para luchar contra ella, ni siquiera propició ataques entre los candidatos que sí se engancharon a propósito de asuntos como Catalunya o incluso el feminismo.
Los programas de los partidos no ahondan en exceso en esta materia. El PP no la menciona y PSOE, Podemos y Ciudadanos coinciden en dos iniciativas que ya estaban en marcha pero que se truncaron durante la pasada legislatura: una ley que proteja a los denunciantes de corrupción y la supresión de los aforamientos.
El PP de Pablo Casado, desalojado del Gobierno tras la sentencia que confirmó que se había financiado irregularmente desde su fundación, ni siquiera menciona la palabra corrupción en su programa. En las más de 100 páginas del documento publicado el pasado 8 de abril solo se hace alusión a la reforma de la financiación de los partidos para “acentuar la transparencia de sus cuentas”. Es decir, controlar los préstamos, regular el crowdfunding -una forma de micromecenazgo a la que han recurrido Podemos y PSOE- y “agravar” las consecuencias en caso de que el Tribunal de Cuentas no apruebe los balances presentados.
Ninguna de estas medidas atajaría los casos de financiación ilegal por los que el PP está siendo investigado. En el caso del PP de Esperanza Aguirre, según los investigadores, se utilizaba un sistema de facturas falsas para superar el límite de gasto electoral impuesto por la ley. En Valencia, el partido ideó un sistema para fraccionar los donativos al que se denominó “pitufeo”.
Ni el programa del PP recoge medidas concretas contra la corrupción ni es un tema que a su líder le interese mencionar. Pablo Casado ha obviado la corrupción en sus intervenciones públicas y solo se ha referido a ella en una entrevista en 'El Hormiguero', antes de que comenzase oficialmente la campaña. El candidato de los populares redujo las grandes tramas que en los últimos años han sumido al partido partido en una espiral de imputaciones y condenas a “un par de sinvergüenzas que han traicionado al partido”.
Casado esquiva el tema porque, aunque trata de transmitir una imagen de renovación total del partido después de la salida del Gobierno, la formación aún sigue lastrada por la corrupción. Hace unas semanas la Audiencia Nacional imputó a Alfredo Prada, el responsable de vigilar la corrupción dentro del PP. Estos días la UCO ha seguido destapando las trampas del PP de Madrid para concurrir a las elecciones con mayor presupuestos y la cascada de casos de corrupción local no cesa. Ante ese escenario, el líder del PP prefiere centrar sus discursos en Catalunya o incluso volver a meter a ETA en sus discursos. Y el escenario a medio plazo no va a mejorar para los populares que verán como sus antiguos dirigentes desfilan por juicios como el de la caja B, Púnica o Lezo, entre otros sumarios famosos.
Tampoco el resto de partidos están incidiendo en este tema, a pesar de la baza que supone. Pedro Sánchez ha diseñado una campaña de perfil bajo donde la corrupción apenas tiene un pequeño hueco en sus discursos. En la entrevista del lunes en Antena 3 únicamente la mencionó de forma genérica para incluirla en las tres prioridades que tendrá si consigue formar Gobierno: reinstaurar la justicia social, acabar con la corrupción y superar “la crispación” territorial.
En el mitin del pasado fin de semana en Canarias la citó para cargar contra PP, Ciudadanos y Vox: “Las tres siglas de la derecha sólo ofrecen corrupción, confrontación y desigualdad”. “Frente a la desigualdad, justicia social; frente a la corrupción, limpieza y frente a la confrontación, convivencia”, había dicho en un acto unas horas antes.
En sus últimos intervenciones ha hecho algo más de hincapié para recordar que el Gobierno de Rajoy no cayó por Catalunya sino por la corrupción. Ha repetido la frase “la buena gente no roba, no insulta, no espía” y en Valencia -la tierra de Francisco Camps, Carlos Fabra y Alfonso Rus- ha dicho este sábado que los corruptos del PP “quieren tanto a España, España, España, que acabaron metiéndose en el bolsillo el dinero de los españoles”.
El programa del PSOE dedica más espacio a la corrupción que el PP, pero con medidas poco concretas y algunas ya planteadas que no se sacaron adelante durante la pasada legislatura. Así, el documento conocido este lunes plantea un pacto de Estado -de los muchos que piden los socialistas- que incluya una ley integral de protección a los denunciantes de corrupción, una norma que ya ha sacado adelante el Parlamento Europeo pero que el español fue incapaz de promulgar a pesar de haber trabajado en ello durante meses por la inacción del Gobierno del PSOE.
Los socialistas también proponen “premiar” a las empresas que luchen contra el fraude en los procesos de licitación, incrementar la rendición de cuentas de los cargos públicos -algo que el Congreso ya ha incorporado de cara a la próxima legislatura- y “regular de manera más efectiva los conflictos de intereses ante el fenómeno de las puertas giratorias”. Incluyen además dos propuestas del Ejecutivo que se quedaron a medio camino durante la legislatura pasada: la supresión de los aforamientos y la eliminación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que acorta las investigaciones penales.
Podemos es quien más desarrolla en su programa las propuestas contra la corrupción y quien más referencias hace a ella en los discursos públicos. Eso sí, Pablo Iglesias ha centrado la mayor parte de esas intervenciones en hablar, o bien de una corrupción legal e institucionalizada -donde incluye las puertas giratorias y la excesiva influencia de las empresas sobre el poder político-, o bien el caso de espionaje a Podemos.
Las revelaciones sobre las operaciones de la policía política contra Podemos han llevado a este partido a centrar sus denuncias sobre la corrupción en este asunto. Por ejemplo, ha desarrollado una de las medidas del programa, enfocada a las cloacas policiales, en sus intervenciones públicas: una nueva Unidad Integral contra la Corrupción Institucional (UCCI). No dependería de la estructura policial y estaría al mando de “jueces y fiscales”. Sus integrantes serían “los mejores cuadros de la Policía, la Guardia Civil y de las policías autonómicas”, estarían blindados ante castigos y también ante “los premios por parte del poder político”.
En su programa, Podemos pide “atrancar” las puertas giratorias ampliando el plazo de incompatibilidad y tipificando como delito “los casos graves de puertas giratorias”. Plantean también otro delito de enriquecimiento ilícito de cargos políticos -aquellos que “sin intervenir directamente en los delitos de corrupción, sí hayan obtenido un beneficio de estos”- así como un tipo agravado en los delitos de corrupción ya contemplados en el Código Penal que se aplique cuando se comentan “a través de partidos políticos”. El programa alude también a la necesidad de proteger a los denunciantes de corrupción y suprimir los aforamientos.
Por último, Albert Rivera también ha orillado la corrupción en lo que llevamos de campaña. El líder de Ciudadanos centra todos sus discursos en el tema catalán y no ha hecho mención ninguna a la corrupción. Su objetivo es atacar a Sánchez y tender la mano al PP para un pacto -que según las encuestas necesita además de Vox-, así que la corrupción no es uno de los ejes de su discurso de cara al 28A.
El programa de Ciudadanos sí que incluye algunas medidas en este sentido. Al igual que PSOE y Podemos, prometen acabar con los aforamientos e impulsar una ley que proteja a los denunciantes de corrupción. Como el partido de Iglesias, incluyen en su programa la creación de un delito de enriquecimiento ilícito. El resto de medidas van más enfocadas a fomentar la transparencia, pero destaca que incluyen en su programa, como hace el PSOE, la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que supone establecer un plazo máximo de seis meses para las investigaciones judiciales o declararlas causas complejas. Este límite temporal ha hecho fracasar algunos casos y supuso la absolución del expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.
Cuando se tramitaba esa reforma en el Congreso, que ha provocado el cierre de algunas investigaciones por corrupción, PP y Ciudadanos unieron sus votos en la Mesa de la Cámara Baja para bloquear la tramitación hasta en 58 ocasiones ampliando el plazo de presentación de enmiendas. Al igual que con la ley que regula la eutanasia, el partido de Albert Rivera incorpora como propuesta una ley que ya estaba en tramitación durante la pasada legislatura pero que no salió adelante por el bloqueo de Ciudadanos y PP.