La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó hoy al presidente del país, Jimmy Morales, que garantice el derecho a protesta de la ciudadanía durante las marchas convocadas para los próximos días.
El mayor tribunal jurídico decidió en el pleno de este lunes conceder, de forma provisional, el amparo solicitado el pasado fin de semana por el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, en el que pedía impedir que se restringieran estas manifestaciones.
Rodas solicitaba a la Corte este amparo para que se “decrete la abstención y cese de cualquier acto y omisión” que “implique amenaza” o tenga por objeto “encubierta o verdaderamente” la restricción de las manifestaciones públicas del pueblo de Guatemala.
Estas acciones, añadió el ombudsman, “pudieran atribuirse” al presidente, o al Ministro de Gobernación (Interior), Enrique Degenhart, o el director de la Policía Nacional Civil, Erwin Tzi, por lo que pidió que tampoco se use la fuerza pública contra los manifestantes ni “medios de grabación de los ciudadanos”, que “pudieran ser utilizados para generar represalias en su contra”.
En este contexto, alrededor de tres centenares de personas se reunieron hoy para protestar ante la Corte de Constitucionalidad contra Morales y en apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Ya entrada la noche, estos grupos realizaron una vigilia y algunos de ellos amenazaron con quedarse para otra marcha que efectuarán mañana, martes, y que será un plantón frente al Congreso para evitar lo que ellos llaman un “pacto de golpistas”, es decir, la aprobación de leyes regresivas.
Las principales organizaciones campesinas del país, estudiantes, religiosos, sectores indígenas, de mujeres y LGBTIQ acordaron acciones conjuntas para manifestarse desde el lunes hasta el miércoles en contra de la cruzada contra la Cicig que mantiene Morales.
El presidente ha sido acusado por la Comisión, que es un ente auspiciado por la ONU, y el Ministerio Público de posible financiación electoral ilícita.
El pasado 31 de agosto, Morales anunció el fin de la Cicig para septiembre de 2019, y el martes pasado indicó que no permitirá la entrada al país del jefe de la comisión, el abogado colombiano Iván Velásquez, a quien definió como un peligro para la seguridad y el orden público.
La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la Cicig se remonta a cuando la Comisión acusó al hijo y al hermano de Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.
Desde entonces, el presidente ha intentado, una y otra vez, minar el trabajo y la estancia de la Cicig, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder.