La Junta de Castilla y León tendrá facilitar todos los convenios y contratos de compra o alquiler de sus oficinas en el exterior. La Mesa de las Cortes, a la que el Grupo Parlamentario Socialista recurrió en amparo en diciembre de 2017, así lo ha acordado por segunda vez. La decisión llega tras la negativa del Gobierno regional el pasado 5 de marzo, que considera que la empresa que se encargaba de los programas de internacionalización, Excal, no era del sector público.
Ese carácter privado, en el que se basa la Junta, es más que discutible según la Ley de Sector Público, que determina que cuando una administración tiene la mayoría del accionariado, en este caso era un 47%, y su financiación es fundamentalmente pública, como era el caso, la empresa es pública. Pero es que además, Excal fue absorbida por Ade (Agencia de Desarrollo Empresarial) ahora denominado ICE (Instituto para la Competitividad Empresarial), que es público. También asumió su deuda, que ahora computa en la contabilidad regional.
El gabinete jurídico de las Cortes estima que en la petición de documentación del PSOE, que matiza que “deben considerarse incluidos los contratos de oficinas de Excal en ciudades del exterior de España”, hay que requerir a la Junta para que “a la mayor brevedad posible, dé respuesta” tanto a la petición de documentación como al amparo otorgado por la Mesa de la Cámara respecto de esta.
El objetivo del PSOE es conocer todos los detalles de las sedes exteriores ya que cuando la Junta facilitó el contrato de la oficina de Bruselas, bajo la Fundación Ade Europa y no de Excal, se descubrió que se había alquilado el palacete que la albergaba a los promotores del edificio de la Consejería de Economía conocido popularmente como ‘Perla Negra’. El encargo de la construcción y posterior compra de este edificio está siendo investigado por un juzgado por un sobrecoste millonario. Por el momento, se barajan presuntos delitos de prevaricación continuada, tráfico de influencias, revelación de secretos, malversación, cohecho y fraude a la administración. Entre los imputados hay directivos de la Consejería de Economía y exaltos cargos.
Fue en el marco de esta investigación penal cuando la Junta, al ser requerida para que facilitase el contrato de la sede belga y las transacciones económicas con los arrendadores del palacete en Bruselas, promotores a su vez del Perla Negra, envío más documentación de la que se le pedía. Tal y como publicó este diario, se remitieron unas facturas emitidas entre 2006 y 2007, que revelaron cómo se había pagado comidas de hasta 4.000 euros y limusinas con chófer para varios consejeros y directores generales de la Junta de Castilla y León.
Además, eldiario.es, pudo constatar que la Junta mantuvo ocultas otras dos sedes. En Miami, abrió una oficina, pero de manera distinta a las demás: a través de un convenio con la Cámara de Comercio de Valladolid, esta obtuvo unos fondos para contratar a un empresario amigo de Aznar que recibía 150.000 euros anuales por ceder una parte de su restaurante como oficina y realizar varias ferias anuales.
En Panamá, pese a que la Junta negó su existencia por escrito a preguntas del Partido Castellano en 2016, también hubo delegación comercial. En esta ocasión, la Junta llegó a un acuerdo con la constructora burgalesa Arranz Acinas, que tenía negocios en ese país. No era la única relación de la empresa con el Gobierno regional. Tal y como publicó eldiario.es en 2015, uno de los responsables de Arranz Acinas, Jesús Arranz Monje, constituyó una sociedad en Panamá con Francisco Javier Herrera Campo, hermano del presidente de Castilla y León. Juan Vicente Herrera nunca ha querido hablar del asunto. Lo cierto es que el nombre de la sociedad CyL & Centroamérica Consultores SA –CyL son las iniciales de Castilla y León– hacen sospechar que su objetivo pasaba por ofrecer consultorías a los empresarios de esa Comunidad, justamente lo que se pretendía con las oficinas de la Junta en el exterior.
Otra de las sedes sospechosas es la de Varsovia (Polonia), con un alquiler de unos 100.000 euros anuales, de los más caros que afrontó la Junta junto con el de Bruselas. Fue en ese país donde el que fue consejero delegado de Excal, Alberto Esgueva, se estableció tras dar un pelotazo de 51 millones de euros con la venta de parques eólicos. Esgueva, que está imputado en la trama eólica, construye imponentes edificios en Polonia.