El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha abierto una nueva brecha en el Ministerio del Interior al declarar que “se está estudiando la prohibición de captación, reproducción y tratamiento de imágenes, sonidos y datos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” que se encuentren “en el ejercicio de sus funciones”.
Cosidó, que ha hecho estas declaraciones durante unas jornadas en Madrid, ha especificado que dicha prohibición se aplicaría cuando las imágenes puedan poner “en peligro” la integridad del agente de policía o “en riesgo la operación” policial que se realiza.
Con esta y otras medidas, ha añadido, se busca, en su opinión, “facilitar el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, especialmente cuando la integridad física se puede ver amenazada, así como la conservación de bienes públicos o privados ante situaciones violentas”.
Desde el Ministerio del Interior no se ha negado lo anunciado por Cosidó, aunque han asegurado que se trata de un supuesto que está todavía en fase y que en ningún caso pretende limitar el derecho de la libertad de expresión o información, y que tampoco impediría la toma de imágenes en concentraciones. Únicamente se aplicaría, han señalado fuentes del departamento a cargo de Jorge Fernández Díaz, en aquellos casos en los que la presencia de cámaras de televisión pudiesen poner en peligro el desarrollo de una operación o una detención, y en circunstancias en las que la integridad física de los agentes, o su honor, estuviera en riego.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha declarado, por su parte, que las palabras del director general de Policía constituyen una “declaración voluntarista”, aunque confía en que no sea “demagógica” ya que “no habla de impedir que se puedan captar imágenes ni difundirlas, sino que se refiere a aquella difusión que tenga un determinado fin contra los intereses de los policías”.
Ha advertido, sin embargo, que “aquí comenzarán los problemas legales” de Cosidó, al mismo tiempo que ha confiado en que se establezca “el mecanismo que permita determinar en qué supuestos se produce la vulneración de derechos necesaria para que la Dirección General active sus resortes jurídicos en defensa de los policías”. Por otro lado, desde la Confederación Española de Policía (CEP) han valorado las declaraciones de Cosidó como “positivas”.
A lo largo de las manifestaciones del último año, han sido numerosas las personas que han tomado imágenes de los policías durante imágenes. Las grabaciones han permitido demostrar la dureza de la represión de las protestas del 25S y días posteriores. Asimismo, han demostrado que muchos agentes antidisturbios no llevan al placa identificativa con su número, como marca la ley.