Interior destituye al jefe de antidisturbios de Madrid y salva al responsable del operativo del 22M

El operativo policial del 22M, que terminó con 101 heridos de los que 67 eran agentes antidisturbios, se ha zanjado con un único cese: el del jefe de la primera unidad de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de Madrid, Francisco Javier Virseda. Así lo ha anunciado el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, durante su comparecencia en el Congreso para rendir cuentas por la actuación policial que siguió a las 'Marchas de la dignidad' el pasado 22 de marzo. Cosidó ha salvado al principal responsable del dispositivo: el jefe de antidisturbios de España, José Miguel Ruiz Igusquiza.

Cosidó ha negado la existencia de fallos en el despligue policial: “El despliegue fue correcto”, ha sentenciado antes de explicar que “el evento social fue afrontado por un numero idóneo de actuantes” y que la actuación se guió por una información “rigurosa”. Alrededor de 1.700 agentes - 30 grupos de antidisturbios y 6 unidades de prevención y reacción- se desplegaron en Madrid durante la manifestación tras la que se produjeron altercados protagonizados por “grupos de radicales marginales”, en palabras del máximo representante policial.

No obstante, Cosidó ha admitido errores en la coordinación y comunicación de las órdenes del operativo que “impidieron que llegaran a la policía las informaciones adecuadas” durante los incidentes. Por ello ha procedido a relevar de su puesto al jefe de la primera unidad de las UIP, aunque no se impondrán responsabilidades disciplinarias. Según fuentes policiales, el inspector destituido, Javier Virseda, llevaba escasos meses en el puesto. La destitución del jefe de los antidisturbios de Madrid salva al principal responsable del dispositivo del 22M: el jefe de las UIP de España, José Miguel Ruiz Igusquiza, identificado durante el despliegue como 'Marte'.

El mando del operativo fue criticado por los agentes en el terreno, según se desprende de las grabaciones en uno de los furgones policiales que publicó eldiario.es en las que varios agentes critican las órdenes de Igusquiza al que se refieren con el nombre policial de Marte.

“En las posiciones en las que estamos, estáticos. ¡Quietos!”, espetó el inspector destituido traslando órdenes de un superior mientras los agentes eran agredidos. Esa orden despertó las críticas de los antidisturbios que estaban en un furgón en el terreno: “Si tú no sabes de esto. ¿Para qué dices que todo el mundo quieto? Ya está, soy comisario de no sé qué y digo: ¡Todo el mundo quieto!”, dijo uno de los agentes. Los sindicatos policiales acusaron a los mandos policiales de “mala gestión”.

Cosidó, que durante su comparecencia ha destacado la “escalada del nivel de violencia” por parte de algunos de los grupos que participaron en la protesta -que se desarrolló pacíficamente hasta el final-, ha explicado que los incidentes comenzaron antes de que concluyera el acto por lo que el “avance” de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se produjo “de forma mínima hacia la zona de la plaza” debido a que el acto estaba aún repleto de manifestantes. Uno de los oradores informó de que la policía estaba interveniendo cuando el acto aún no había finalizado por lo que “se dio la orden de no seguir avanzando”, ha expresado Cosidó.

Actuar hubiera sido “contraproducente”

El director general de la Policía ha negado que se tardara 30 minutos en ir a socorrer a los agentes que quedaron aislados ante las agresiones de alrededor de 1.000 personas, según su versión, aunque ha admitido que existió una “dilación” y que no se actuó con la “prontitud” deseable.

Aunque ha evitado revelar quién fue la autoridad que dio la orden de no actuar, Cosidó ha defendido esa actuación: “La orden de contención se dio porque una actuación hubiera sido absolutamente contraproducente en esos momentos”, ha manifestado el dirigente, que ha recordado que había entonces miles de personas ejerciendo su “legítimo derecho a la manifestación” en esa zona.

Cosidó ha negado que las autoridades tuvieran “temor” ante la presencia de observadores internacionales que iban a evaluar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante las 'Marchas de la dignidad' como parte de un informe en el que pretenden identificar las fortalezas y debilidades de la policía en varios países miembros. “Confío y espero que el informe tenga un fiel reflejo de lo que ocurrió”, ha expresado Cosidó que ha deseado que la OSCE se haga eco de la “actuación proporcionada” de los antidisturbios el 22M.

La oposición: insuficiente depuración de responsabilidades

A pesar de haber negado la existencia de fallos en el operativo, Cosidó ha anunciado un “conjunto de medidas con el fin de hacer frente a la escalada de violencia y evitar que vuelvan a repetirse” incidentes como los del 22M. Entre las medidas se encuentran la “reorganización de unidades de intervención” para “hacerlas más operativas” con un grupo de actuación inmediata. El principal cambio es que estén formadas por cuatro grupos -actualmente son tres- y la mejora del material que protege a los agentes (con la renovación de los chalecos y la introducción de nuevos medios de protección). Además, ha dado la orden de que se extreme la vigilancia a los grupos de extrema izquierda y derecha, según ha informado Cosidó en el Congreso.

Izquierda Unida ha reprochado a Cosidó que la compra de nuevo material va a favorecer “un negocio para algunos”. El portavoz de UPyD en la Comisión de Interior, Toni Cantó, tampoco ha quedado satisfecho con las explicaciones del máximo responsable de la policía y ha considerado insuficiente que, tras el operativo que se saldó con 101 heridos (más de la mitad agentes), solo se haya depurado una responsabilidad. Cantó ha puesto en duda que el mando policial destituido diera las órdenes por su cuenta: “¿Y Marte? Era el encargado de la coordinación. ¿Por qué le protege?”, le ha interrogado en el segundo turno de palabra.

Antonio Trevín, del PSOE, también ha criticado que no se depuren responsabilidades en los altos mandos policiales, que son los que han elaborado la investigación, según ha explicado el diputado: “Paga el pato un mando inferior que pasaba por allí”. Ricardo Sixto, de Izquierda Unida ha ido más allá y ha exigido que destituya a al comisario de seguridad ciudadana y y al de la brigada de antidisturbios. Sixto ha pedido a Cosidó que dimita si esos dos altos mandos no cesan.

El diputado del PNV Emilio Olabarria ha recordado que cuando Cosidó estaba en la oposición pedía la dimisión de ministros del Interior por hechos menores que éste: “Es imposible que no se abra ningún expediente sobre la actuación de los responsables de la Policía, pusieron en peligro a otros policías”, ha afirmado.

Cosidó ha justificado que la destitución del jefe de los antidisturbios por ser el “responsable más directo de los policías que sufireron las agresiones” y ha insinuado que ese relevo puede conllevar más cambios en su equipo “a la luz de los informes críticos que se han elaborado”. En cualquier caso esas modificaciones afectarían a partes más bajas del escalafón y no a los altos mandos, que era la demanda que han hecho algunos grupos de la oposición.

Chaleco de prensa para “diferenciar de los violentos”

El director general de la Policía ha vuelto a justificar las agresiones a varios periodistas tan solo una semana después del 22M durante la manifestación 'Jaque al rey' al expresar que “ninguno de los reporteros portaba el chaleco que permitía diferenciarles de los violentos”. Cosidó ha expresado que durante la persecución de uno de los manifestantes un agente chocó con “una persona que portaba una cámara”. El director general de la Policía ha asegurado que los agentes respetan el derecho a la información pero ha matizado que “es necesario que los periodistas lo hagan con las garantías de seguridad” para evitar este tipo de incidentes.

El portavoz de IU, Ricardo Sixto, ha recriminado esta justificación y se ha preguntado que si una persona que no porte chaleco identificativo de prensa y haga una foto en una manifestación puede ser susceptible de recibir una agresión. En la misma línea, el PSOE ha criticado que los periodistas tengan que ir identificados: “El 29M iban igual identificados que el 22M”, ha señalado Antonio Trevín.

Cosidó también ha rendido cuentas por otras actuaciones policiales, entre ellas el operativo que cargó en el interior de la estación de Atocha el 25S. “No se produjeron irregularidades en la intervención policial”, ha sentenciado Cosidó en alusión a la “información reservada” que se abrió tras los incidentes. El PSOE ha cuestionado esa actuación: “Dígame qué manual de la Policía permite usar material antidisturbios en el interior de una estación”, ha expresado Trevín, que ha aprovechado para solicitar la retirada de la ley de Seguridad Ciudadana dado que el PP ha reconocido que España es un “país tranquilo y seguro”.