Cospedal impide el control de las cuentas de su Gobierno antes de las próximas elecciones
María Dolores de Cospedal se deshace de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, el organismo encargado de controlar al sector público y a los partidos políticos. La maniobra de la presidenta regional impedirá que un auditor externo se pronuncie sobre los ejercicios en los que Cospedal ha estado al frente del Gobierno antes de las elecciones autonómicas.
El último informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el sector público de la comunidad es del año 2011 -último gobernado por el PSOE y en el que la número dos del PP se hizo con el poder-. Ahora las competencias pasarán a ser del Tribunal de Cuentas. Los socialistas advierten de que este organismo ya tiene su plan de fiscalización para el año 2014 y no contempla auditar a Castilla-La Mancha, por lo que la gestión de Cospedal no será vigilada hasta después de las elecciones autonómicas de 2015.
El PP, que ha sacado adelante la supresión de la institución por 25 votos a favor y 23 en contra- sostiene que la decisión persigue “evitar duplicidades” y, por tanto, ser una fórmula de ahorro. Sin embargo, el PSOE rechaza este argumento y explica que si esa fuera la intención no se haría tres años después de arrancar la legislatura. En este sentido, recuerda que al principio acabó con el Defensor del Pueblo castellanomanchego y el Consejo Económico con el pretexto de la austeridad. “¿Por qué no acabó entonces con la Sindicatura de Cuentas?”, se ha preguntado la diputada socialista Delfina Carrasco. “Ahora, con tanto ahorro, el déficit debería ser menor que cuando llegó al poder, por lo que esa excusa no es válida”, añade.
Los socialistas insisten en que Castilla-La Mancha va a seguir teniendo que pagar a los 46 funcionarios que trabajan en la Sindicatura de Cuentas y proponen que pasen a formar parte de “una oficina de control presupuestario” en el Parlamento. El PP les ha recriminado que se acuerden de esa institución cuando están en la oposición y no durante los 30 años que estuvieron en el Gobierno.
Para el PSOE esta decisión “coincide en el tiempo” con el caso Bárcenas y las acusaciones vertidas por el extesorero del PP de una presunta financiación irregular de la campaña de Cospedal en las elecciones de 2007. Según Bárcenas, el PP recibió una donación “finalista” de 200.000 euros procedentes de Sacyr a cambio del contrato de basuras del Ayuntamiento de Toledo. El informe de la Sindicatura de Cuentas relativo a ese ejercicio no refleja la recepción legal de esa donación.
