Perdón, pero no homenaje: Cospedal evita su promesa con las familias del Yak-42

Este sábado se cumplen 15 años de la tragedia del Yak-42. Han pasado ya tres lustros de aquel accidente que tuvo lugar el 26 de mayo de 2003, cuando un avión Yakovlev alquilado por el Ministerio de Defensa se estrelló en las montañas de Turquía provocando la muerte de 62 militares españoles que regresaban a casa tras participar en la misión que las Fuerzas Armadas españolas llevaban a cabo en Afganistán. Y ha pasado ya un año después de que el Ministerio de Defensa pidiera por primera vez perdón por lo sucedido y asumiera que cometió negligencias.

Pero 15 años después, el departamento que hoy dirige la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, no tiene previsto celebrar ningún acto específico de recuerdo a las víctimas. Desoye así la petición que le hicieron los familiares de los fallecidos en mayo de 2017 cuando, en rueda de prensa, dieron por concluida su “lucha” tras conocer la verdad de lo sucedido en el siniestro. Entonces, la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42 solicitó a Defensa que organizara un homenaje a los muertos por el 15 aniversario y que este se realizara en Zaragoza, donde estaban destinados la mayoría de los militares. Pero como recuerda ahora Miguel Ángel Sencianes, último presidente de la asociación que se disolvió en 2017, ese homenaje “no ha llegado nunca” y ya ni siquiera lo esperan.

Fuentes del Ministerio de Defensa consultadas por este diario han explicado que consideran que ya se celebró un homenaje a las víctimas del Yak-42 el año pasado en Guadalajara cuando varios familiares de los fallecidos participaron en una “ofrenda a los caídos por España” durante la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Pero han asegurado que no está previsto ningún acto específico este año, en el que la conmemoración del 15 aniversario de la tragedia coincide también con el gran día de los ejércitos que, en esta ocasión, se celebrará en Logroño.

“Una mera declaración de intenciones”

“En todo este año no ha habido ningún contacto con nosotros por parte del ministerio” asegura Sencianes, hermano del sargento primero José Manuel Sencianes que falleció en el accidente. Señala que Cospedal, tras pedir perdón, “prometió que se iba a llegar al fondo de todo este asunto, que iban a investigar y a buscar datos, así como los contratos de los aviones como el siniestrado, pero nada de eso se ha producido. Fue una mera declaración de intenciones porque lo que realmente ocurrió es que se dio carpetazo al caso”.

Tras 14 años pidiendo que se reconociera la responsabilidad de Defensa y de Federico Trillo, que era ministro en el momento del accidente, el dictamen que hizo público el Consejo de Estado el 3 de enero del año pasado supuso un hito en la lucha de las víctimas del Yak-42. “Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente”, recogía el informe aprobado el 20 de octubre de 2016 por unanimidad de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, que reconocía la responsabilidad del Estado en lo sucedido.

El Consejo de Estado subrayó entonces la importancia de un informe secreto del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (CISET), en el que se advertía de las malas condiciones de los vuelos en los que viajaban militares españoles casi un mes antes del accidente: “Se están corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, su mantenimiento es como mínimo muy dudoso”, decía el texto.

Semanas después de conocerse el citado dictamen, Cospedal comparecía en el Congreso y decidía dar el paso que hasta entonces no habían dado sus predecesores en el cargo: pedía perdón “en nombre del Estado” por no haber reconocido su responsabilidad en el accidente. “Reconozco la responsabilidad patrimonial de la Administración. Tenemos la obligación moral de honrar la memoria de las víctimas, pedir un justo y digno reconocimiento para ellas y para sus familias y, además, tenemos que aprender las lecciones a extraer de un tragedia así”, apuntó.

Trillo evitó pedir perdón a las víctimas

A la petición de perdón también se sumó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que forzó la dimisión de Trillo como embajador de España en el Reino Unido, el 12 de enero de 2017. Éste evitó en cambio cualquier disculpa a las familias, y se limitó a señalar que su marcha ya estaba prevista con anterioridad de que se conociera el informe del Consejo de Estado.

“Lo del año pasado fue muy importante, porque que el Ministerio de Defensa reconoció una negligencia y de alguna manera expresó un perdón”, asegura Sencianes. “Como no pudimos tener un juicio oral sobre el caso, fue como si nos dieran la razón, pero también nos dimos cuenta de que la justicia que tenía que haber funcionado no funcionó”.

El portavoz de las víctimas se refiere a la trayectoria que siguió el caso en los tribunales: en 2008 la Audiencia Nacional imputó por 62 homicidios al que el día del siniestro ere el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Antonio Moreno Barbera, a otros dos generales y a tres coroneles. Sin embargo, en 2012 el juez Fernando Grande-Marlaska decidió archivar el caso. Las víctimas recuerdan que el archivo llegó una vez que el PP consiguió recuperar el Gobierno, y que, al poco tiempo, Grande Marlaska fue nombrado jefe de la Sala de lo Penal de la misma Audiencia Nacional, por los votos conservadores del CGPJ.

Recuerdan, asimismo, que en 2010 el Tribunal Supremo condenó al general Vicente Navarro y a los comandantes Miguel Ángel Sáez y Jose Ramón Ramírez a penas de prisión por falsear y entregar 30 cuerpos aleatoriamente a sus familias, tan solo 48 horas después de la tragedia. Pero que el general no entro en la cárcel, al fallecer al poco tiempo, y los comandantes fueron indultados a la llegada al Gobierno de Rajoy.

La “lucha encarnizada” contra las familias

“Tenía que haber habido una investigación oficial y el ministerio tendría que habernos atendido a las víctimas. Pero por el contrario, empezaron una lucha encarnizada contra nosotros”, lamenta Sencianes. El que fue el último presidente de la asociación de víctimas señala además que por parte de Trillo se produjo un “proceso de persecución y de acoso” contra la “honorabilidad de las familias”, y que incluso “se procuró evidenciar” que estas tenían “intereses políticos”.

Después de 15 años de la tragedia las familias aseguran estar “satisfechas” por haber contribuido a devolver “la dignidad” que les habían quitado sus allegados fallecidos. No obstante, se muestran “muy dolidos con la impunidad con la que ha quedado todo este asunto. Porque no hemos tenido juicio, solo a personas acusadas pero a la vez indultadas y nadie ha asumido la responsabilidad”. Aún esperan, por ejemplo, que aparezca alguno de los contratos suscritos entre Defensa y distintas empresas de aeronaves para el transporte de los militares destinados en misiones internacionales.