El coste directo de ETA para el Estado ascendió a 25.000 millones de euros, según el libro “La bolsa y la vida”

El coste económico directo que ha tenido la banda terrorista ETA para el Estado desde 1970 hasta 2013 ha ascendido a más de 25.000 millones de euros, según explica el libro “La bolsa y la vida”, que analiza los efectos que produjo la actividad terrorista sobre la economía y el entorno empresarial, así como las distintas fuentes de financiación de ETA, en las que se incluye la extorsión, los secuestros y los robos.

La obra, que acaba de ser publicada por la Esfera de los Libros, y recogida por Europa Press, ha sido coordinada por Josu Ugarte Gastaminza, fundador y director de la asociación vasca Bakeaz --Por la paz-- y en ella han participado el doctor en Ciencias Políticas Martín Alonso Zarza; el doctor en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco (UPV) Pablo Díaz Morlán y el periodista y director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez.

Junto a ellos, el Doctor en Historia Contemporánea por la UPV, Gaizka Fernández Soldevilla; el Licenciado en Historia Francisco Javier Merino; el Doctor en Derecho José María Ruiz Soroa; el agente de la Ertzaintza y miembro de la Asociación Vasca de Victimología, Doroteo Santos y el doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Alicante, Borja Sanz Montaño.

Para realizar el cálculo del coste económico directo que ha supuesto la banda terrorista para las arcas del Estado, los autores han utilizado un informe pericial de noviembre de 2004 realizado a raíz de un sumario abierto por el entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. El citado documento estaba dividido en dos partes. La primera iba desde 1970 hasta 1993 y para realizarla, los peritos judiciales se basaron en un libro de Florencio Domínguez.

El coste en esos años ascendió a 2.889 millones de euros, de los que el mayor fue por el cierre de la central nuclear de Lemóniz: 2.378 millones de euros. Le siguen los gastos del Consorcio de Compensación de Seguros, 207 millones de euros; la autovía Navarra-Guipúzcoa, 98,5 millones; los secuestros, extorsiones y atracos, 86,7 millones; los costes laborales y sanitarios, 49,15 millones y las indemnizaciones pagadas, 69,97 millones.

Para el cálculo del coste entre 1994 y 2003, los peritos judiciales recabaron información de los distintos ministerios, direcciones generales y consejerías implicadas en la lucha contra ETA y en las consecuencias derivadas de su actividad. Así cifraron esos gastos en 7.304,97 millones de euros.

El grueso se lo vuelve a llevar otra partida por el cierre de la central nuclear de Lemóniz, 2.964 millones de euros y le siguen los gasto de las direcciones generales de Policía y Guardia Civil, 1.327,55 y 1.260,72 millones respectivamente.

LOS ESPAÑOLES PAGARON EL 90 POR CIENTO

El Gobierno vasco habría gastado 666,86 millones de euros. Además, el Estado gastó 335,46 millones en indemnizaciones a víctimas del terrorismo; 268,78 millones de pensiones por clases pasivas y 145,73 millones de la Secretaría de Estado de Seguridad. Un total de 122,243 corresponden al Consorcio de Compensación de Seguros; 89,44 millones de pensiones a la Seguridad Social; 86,90 millones de Instituciones Penitenciarias y 36,10 millones para la seguridad de los partidos políticos.

La suma de ambos periodos asciende a 10.196,94 millones de euros a los que hay que añadir otros 4.000 millones de euros gastados en el primer periodo en partidas policiales, penitenciarias y de seguridad, que no se contemplaron en el estudio inicial. Junto a ellas, están los gastos desde 2004 hasta 2013, lo que eleva la cifra hasta los 20.000 millones de euros.

Tras aplicar la inflación acumulada durante los últimos trece años, los gastos directos ocasionados por ETA se sitúan en poco más de 25.000 millones de euros, de los que el 90 por ciento de esa “factura del terror” ha corrido a cargo de todos los ciudadanos españoles.

VENENO QUE CORROMPIÓ LAS RELACIONES MERCANTILES, POLÍTICAS Y LABORALES

Los autores del libro explican que es difícil de medir la pérdida del PIB que se ha producido por culpa del terrorismo en el País Vasco, pero precisan que la tasación del coste del terrorismo del 10 por ciento establecida por el estudio de Abadie y Gardeazabal en su análisis hasta 1998 se difumina si el análisis sigue su curso hasta el fin de la actividad de ETA en 2011.

Según el modelo que aplican los propios autores del libro, el País Vasco sin ETA “crece con más fuerza” que otro con la banda terrorista. Exponen, en este sentido, el “alivio” qeu supuso la tregua de 1999 y el cese definitivo de la violencia a partir de 2011, que pueden tasarse en un 2,9 y un 0,9 por ciento respectivamente en el crecimiento del PIB per cápita.

No obstante, precisan que no resulta lícito acumular tales porcentajes a lo largo del tiempo porque los efectos benéficos iniciales del fin de la violencia tienden a desaparecer a medio plazo.

Estos investigadores analizan también si ETA pudo tener influencia en la decadencia industrial de Euskadi, pero concluyen que aunque constituyó un “factor agravante”, no fue el único ya demás se entremezcló con el resto de factores causantes de la pérdida de posiciones del País Vasco.

En opinión de los autores, el principal coste del terrorismo no queda recogido en una cifra de PIB determinada o en un número concreto de inversiones perdidas, sino en la “intoxicación” de algunos de los vínculos que conforman la sociedad, “corrompiendo” sus relaciones laborales, mercantiles y políticas. “Este es el veneno del que más tiempo tardará en curarse en País Vasco”, concluyen.