El asesor jurídico del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, Covite, Antonio Recio, ha considerado hoy “un ejercicio de desvergüenza” ampararse y “echar la culpa” al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de que “136 asesinos en serie” estén en disposición de “salir de las cárceles”.
En un artículo publicado en la página web de Covite, Recio reprocha al Estado no haber ejercicio “la presión necesaria para convencer a Estrasburgo”.
Bajo el título “¿Qué ha ocurrido? Que hablen los hechos”, Recio opina sobre la sentencia del alto tribunal europeo difundida el pasado lunes sobre la doctrina Parot en el caso de la etarra Inés del Río.
Entre su argumentación, afirma que legalización de organizaciones de la izquierda abertzale y el fin de la doctrina Parot han sido “concesiones por parte del Estado” vinculadas desde “hace años” por la izquierda abertzale al cese de actividades de ETA.
Recio recuerda lo sucedido con “la legalización” de Bildu y posteriormente de Sortu, por parte del Tribunal Constitucional (TC), un tribunal de “marcado carácter político” que, a su juicio, “enmendó la plana” al Supremo, en el primer caso “con el Gobierno socialista” y, en el segundo, con jueces “mantenidos en su cargo” por el actual ejecutivo del PP.
“La Ley de Partidos no se derogó materialmente pero sí tácitamente, obteniendo la izquierda abertzale radical el primer pilar exigido”, sostiene el que fuera hijo del inspector de Policía y miembro del CSID, Antonio Recio, asesinado por ETA en 1979.
A juicio del directivo de Covite, “el caso de la 'doctrina Parot'” es “más de lo mismo”, a la vista del posicionamiento del magistrado español del TEDH, Luis López Guerra, quien fue secretario de Estado de Justicia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
“¿Se imaginan lo que pudieron pensar los demás jueces del TEDH cuando vieron que el juez español daba su voto y argumentaba en contra de la doctrina Parot?”, pregunta Recio, quien vuelve a cuestionarse sobre “el grado de influencia” que pudo tener dicho posicionamiento en el resto de magistrados europeos.
El abogado de Covite se plantea por qué el juez López Guerra “no se inhibió” en la sentencia del pasado lunes, cuando “ya lo había hecho en casos anteriores, como el de Rafael Vera por el secuestro de Segundo Marey”.
“¿Por qué nuestro Estado no utilizó los medios adecuados para conseguir dicha inhibición y por qué no ejerció la presión necesaria, puesta en marcha después en la fase de recurso, para convencer a Estrasburgo?”, se pregunta en definitiva Recio, quien concluye que son “demasiadas preguntas para lo que, al parecer, se trata de la actuación de órganos instrumentalizados”.
El asesor jurídico de Covite denuncia “el resultado final” que, en su opinión, supone que “las dos exigencias requeridas por la izquierda abertzale radical han sido otorgadas”, al tiempo que concluye advirtiendo de que la libertad para los presos con graves enfermedades y el reconocimiento de las víctimas de abusos policiales, figuran también entre sus demandas.