El recrudecimiento de la segunda oleada de la pandemia ha incrementado este viernes la presión que ejercen las comunidades autónomas para que el Gobierno central declare el estado de alarma en todo el país, lo que podría producirse de forma inminente, en los próximos días u horas. El objetivo esgrimido por todas las autonomías es que con la alarma podrán contar con un respaldo jurídico las restricciones a la movilidad que sean necesarias para atajar la emergencia sanitaria, entre ellas el toque de queda. Pedro Sánchez ha emplazado este viernes los gobiernos autonómicos a solicitar la activación de ese mecanismo constitucional en caso de que la situación en los territorios sea “extrema”. Ante la cascada de peticiones, el Gobierno trabaja ya en ese escenario y ha pedido a los ministros que despejen la agenda este domingo ante la posible convocatoria extraordinaria de una reunión del gabinete.
De momento, Catalunya, Euskadi, Navarra, Extremadura, Asturias, La Rioja, Cantabria y Melilla han solicitado este viernes formalmente al Ejecutivo que declare la alarma en sus respectivos territorios. Este sábado lo hará Castilla-La Mancha, tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario, tal como ha anunciado su presidente Emiliano García-Page, que lleva toda la semana reclamando la alarma para poner en marcha el toque de queda a nivel nacional. Ninguna de las autonomías que han planteado esa medida está gobernada por el PP. Madrid, Castilla y León o la Región de Murcia –gestionadas por los populares, en coalición con Ciudadanos– han anunciado, por su parte, toques de queda para impedir la movilidad durante la noche, unas medidas que tendrán que ser ratificadas por los tribunales en las próximas horas. También lo ha hecho el valenciano Ximo Puig ante la decisión tomada este jueves en el Consejo Interterritorial de Salud de aplazar la cuestión del toque de queda a la espera de encontrar el instrumento jurídico para llevarlo a cabo.
La presión sobre el Ejecutivo para que declare la alarma en un Consejo de Ministros extraordinario arreció después de la declaración institucional realizada este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que advirtió de que la situación de la pandemia es “grave” dado que se han duplicado los contagios respecto al peor día de la primera ola del coronavirus en España y reclamó la colaboración de todos para reducir la expansión de la enfermedad al mínimo y evitar así un nuevo confinamiento como el de primavera.
Sánchez dejó claro que las medidas para contener la evolución de la pandemia han de tomarlas las comunidades autónomas. De hecho, reconoció que las actuaciones que se pueden llevar a cabo según el acuerdo adoptado en el seno del Consejo Interterritorial de Salud del jueves contemplan en el último escenario la aplicación del estado de alarma, pero ha dejado en manos de las autonomías su solicitud. “El Gobierno está preparado para tomar las medidas que sean necesarias”, apostilló.
Después de que los gobiernos autonómicos hayan pedido la activación del estado de alarma a lo largo de la tarde de este viernes, el Gobierno apunta a hacerlo a la espera de los pronunciamientos de las autonomías. Fuentes de Moncloa señalan que es lo que ha trasladado el presidente en su comparecencia este viernes y enfatizan que Sánchez ha dicho “expresamente” que el Ejecutivo tomará las medidas que sean precisas. “Habrá que ver cuántas peticiones se plantean”, señalan esas fuentes. Moncloa no aclara si la medida tendrá carácter nacional -para lo que quiere la involucración del PP- o solo en los territorios que lo han solicitado. No obstante, la mayoría reclama que sea una medida para todo el país.
El lunes está previsto que se produzca una reunión de la Conferencia de Presidentes, a la que asistirá la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que se iba a abordar el reparto de los fondos de la UE, pero en la que previsiblemente se discutirán también nuevas medidas frente al virus.
Un “esfuerzo de salud pública”
Unos minutos después de la declaración de Sánchez de este viernes, el lehendakari Iñigo Urkullu, pidió formalmente al presidente del Gobierno que declare el estado de alarma en el País Vasco y ceda su control a los presidentes autonómicos. El Gobierno vasco, una coalición de PNV y PSE-EE, cree que es tiempo de “intentar preservar la salud de toda la ciudadanía” y reclama que el “mando y gestión” del régimen excepcional sea delegado al Ejecutivo autonómico.
En Catalunya, los miembros del Govern se han dado cita de forma extraordinaria este viernes a las 18:30 horas, donde han decidido reclamar al Ejecutivo central que active las medidas excepcionales, de forma que pueda aplicarse un toque de queda nocturno en la Catalunya. Con todo, el Govern reclama que las medidas del estado de alarma se gestionen directamente desde la Generalitat, es decir, que las competencias sean traspasadas a Catalunya tal como permite la ley.
La presidenta de Navarra, María Chivite, le solicitaba también formalmente a Pedro Sánchez la declaración del estado de alarma para la comunidad foral a última hora de la tarde con el fin de poder implantar el toque de queda. El Ejecutivo navarro, que ya anunció este lunes algunas de las medidas “más duras” a nivel estatal –entre las que se incluyen el confinamiento perimetral de toda la comunidad y el cierre de bares y restaurantes para frenar la expansión del virus–, decidía pedir la excepcionalidad ratificando el “compromiso” con el resto de comunidades y entendiendo que “lo razonable es” caminar “con estrategias compartidas que beneficien al conjunto de la ciudadanía, más aún en estos momentos de crecimiento de la incidencia de manera generalizada”.
También reclamó el estado de alarma esta misma tarde el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. “No hay normalidad mientras no haya una vacuna y un tratamiento eficaz”, ha dicho Barbón en rueda de prensa.
Otro de los presidentes autonómicos que ya ha pedido la alarma ha sido el de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que considera que de esta forma se tendrá “una base legal suficiente para restringir de manera clara la movilidad”. Fernández Vara ha aclarado tras la celebración del segundo Consejo de Gobierno extraordinario de este viernes que no se trata de confinar a los ciudadanos en sus domicilios, “sino de limitar la movilidad y este esfuerzo de salud pública será mucho más sencillo con el estado de alarma”.
La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha justificado su petición del estado de alarma en que el virus no entiende de fronteras. “Estamos obligados a actuar unidos”, ha señalado, en una declaración institucional. “No hay otra fórmula: criterios comunes, amparo común, cogobernanza y coordinación. Esta solicitud significa una sola cosa: disponer del amparo legal para poder adoptar las medidas que sean necesarias para atajar la curva de contagios”.
A estas comunidades autónomas se ha sumado también la ciudad autónoma de Melilla, que esta mañana solicitaba la aplicación del estado de alarma para poder adoptar medidas más restrictivas para hacer frente al virus.
Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha explican a elDiario.es que llevan “toda la semana pidiendo el estado de alarma para el toque de queda y las mismas medidas en toda España”. Y fuentes próximas a un presidente autonómico socialista insisten en que “para que sean eficaces, tienen que ser las mismas medidas en toda España”.
El Gobierno de las Islas Baleares no solicitará por ahora el estado de alarma como han hecho este viernes varias comunidades autónomas dado que su situación epidemiológica es mejor que en otros territorios, aunque no descarta hacerlo si empeora en las próximas fechas, según han informado a elDiario.es fuentes del Ejecutivo balear. “Es estos momentos Baleares tiene cifras mejores. Pero obviamente no lo descartamos si evoluciona negativamente”, apuntan esas fuentes.
Tampoco lo pedirá el Ejecutivo andaluz. A pesar de asegurar que lo están “valorando”, el vicepresidente del Gobierno de esa región, Juan Marín, ha dejado la pelota en el tejado del central: “Si el estado de alarma es la solución” para afrontar la incidencia actual de la pandemia del coronavirus en España, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo “decrete” y, “dentro de las competencias que las comunidades autónomas tenemos, nos permita poder trabajar al amparo de ese marco legal”, ha declarado en Cuatro Televisión.
Fuentes de Presidencia explican, no obstante, que “con las medidas que hemos acordado esta semana, creemos que nos anticipamos y que la situación está bajo control”.
El Gobierno de Aragón tampoco tiene previsto solicitar el estado de alarma. La comunidad aprobó este lunes un Decreto Ley, que las Cortes convalidarán en unos días, para adoptar medidas frente a la COVID incluidos los confinamientos. Su elaboración se hizo de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, según explican desde el Ejecutivo autonómico. “Este Decreto Ley ya está siendo aplicado. No obstante, el Gobierno de Aragón ha mantenido siempre una relación leal de colaboración con el Gobierno de España, de manera que, si éste adopta cualquier decisión respecto a la declaración del estado de alarma, toque de queda o cualquier otra, el Gobierno de Aragón la aceptará incondicionalmente, sin detrimento de la vigencia de su propio Decreto Ley y de su conversión en ley aragonesa, tal cual estaba previsto”, señala el Gobierno del socialista Javier Lambán.
Los presidentes reclaman “una medida unitaria”
La comparecencia de Sánchez se producía menos de 24 horas después de que el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunciara que a partir del lunes se implantará el toque de queda en la Comunitat Valenciana, entre la medianoche y las 06.00 horas de la mañana, al menos hasta el 9 de diciembre, para tratar de frenar el avance de la pandemia. Puig explicó que el ejecutivo valenciano estaba a favor de “una medida unitaria para todo el territorio español”, pero aclaró que algunas autonomías opusieron a la iniciativa en el Consejo Interterritorial del jueves, “lo que obliga a la Comunitat Valenciana a tomar sus propias decisiones”.
También anunció este viernes una especie de toque de queda –aunque se negó a utilizar este término– el consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. En la región se limitan las reuniones de doce de la noche a seis de la mañana solo a “convivientes”. Además, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha decidido implantar de nuevo medidas encaminadas a restringir la movilidad y los aforos en 32 zonas básicas de salud donde la incidencia del virus es mayor.
Preguntado sobre la petición de declaración de un estado de alarma nacional, Ruiz Escudero ha expresado en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, que la Comunidad de Madrid vería “interesante” su aplicación y que tendría “más sentido” que hacerlo individualizado, pero ha recordado que esa facultad le corresponde al Gobierno central
“Tendría más sentido nacional y siempre respetando la evolución en cada comunidad. Creo que sería una decisión que podría ser interesante, pero quien debe tomarla es el Gobierno de España”. Así, ha apuntado que Madrid está “esperando” que el Ejecutivo central lidere y tome la decisión sobre “algo que es su competencia”, la movilidad, y ha recordado que cuando se le impuso a esta autonomía “no se valoró” su opinión.
Aunque el jueves por la tarde la Consejería de Salud de la Región de Murcia consideraba que era el Gobierno central el responsable de adoptar la medida del toque de queda con los “instrumentos jurídicos que se consideren”, este viernes el presidente murciano, Fernando López Miras, comunicaba a los alcaldes de la Región la petición del aval al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) para poder imponer dicha medida ante el avance del virus en la Comunidad.
En rueda de prensa, el presidente murciano, a preguntas de los periodistas, no pudo aclarar cuándo entrará en vigor el toque de queda –ni la fecha hasta la que se decretará– pero sí adelantó que estará vigente desde las 23.00 hasta las 6.00 horas, “y en ese espacio de tiempo no se podrá circular por las calles de la Región salvo por desplazamientos laborales o una urgencia médica”. El objetivo, señalaba, es evitar reuniones “entre aquellos que siguen sin asumir que no estamos en una situación de normalidad” y ha citado “situaciones indeseadas como los botellones en la calle o las fiestas en domicilios particulares”; una “absoluta irresponsabilidad”.
La Junta de Castilla y León también aplicará un toque de queda según ha anunciado este viernes el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco. La medida entrará en vigor este mismo fin de semana y, según ha podido saber este diario, se iniciará a las 22.00 horas. La aplicación de las medidas no se producirá, en todo caso, hasta que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad.
*Con información de Iker Rioja, Pau Rodríguez, Rodrigo Saiz, Santiago Manchado, Carlos Navarro, Laura Martínez, Fátima Caballero, Elisa Reche, Erena Calvo, Laura Cornejo y Ángel Villascusa.