Tras el intento de torpedear en Bruselas la llegada a España de los fondos europeos para hacer frente a la pandemia, y después de meses cuestionando la democracia española por el bloqueo del Poder Judicial o tratando de vincular al Gobierno con Venezuela, esta semana el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha vuelto a evidenciar su deslealtad con el Estado en materia internacional ante la crisis migratoria vivida en Ceuta. Todo ello con el único objetivo de tumbar al Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos, al que desde su constitución, en enero de 2020, la dirección del PP ha considerado ilegítimo –por haber llegado a la Moncloa con el apoyo de fuerzas nacionalistas–, y contra el que en los últimos meses no ha escatimado en insultos y descalificaciones.
El martes, nada más producirse las primeras entradas de migrantes en la ciudad autónoma, Casado quiso simular su apoyo al Gobierno, que apenas duró unas horas. Ese día el líder del PP telefoneó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que minutos después le devolvió la llamada. Ambas partes destacaron entonces que la conversación entre los dos dirigentes había sido cordial y los 'populares' aseguraron que su máximo líder había trasladado al jefe del Ejecutivo su “apoyo” para defender “la soberanía nacional de Ceuta y Melilla” y “proteger la frontera española”.
En ese momento, Casado volvió a dejar en evidencia su doble juego en materia internacional, al mostrar ante Sánchez una disposición a la colaboración que no se corresponde con sus acciones de cara al exterior. Una semana antes de esa conversación con el presidente del Gobierno, al que le prometió apoyo en Ceuta, el máximo jefe de la oposición había mantenido una reunión, a espaldas de Moncloa, con un ministro marroquí y con con Nizar Baraka, el secretario general de Istiqlal, el partido marroquí de corte ultranacionalista que más fervientemente reivindica la anexión de Ceuta y Melilla a Marruecos.
La formación, la tercera en número de votos en las últimas elecciones del país vecino y que ostentó la Presidencia del país entre 2007 y 2011 en manos de Abbas el Fassi, está asociada al Partido Popular Europeo a pesar de que en las últimas décadas ha reclamado en numerosas ocasiones la “liberación” de las ciudades autónomas, ha denunciado la “ocupación” española de ambas y ha defendido su integración en Marruecos. Se trata de uno de los partidos más antiguos del país africano, que mantiene un contundente discurso nacionalista, y que en diciembre destacó el “fuerte apego a la marroquinidad de Ceuta y Melilla” en el Congreso marroquí, “que debe darse en el marco de un diálogo sincero y responsable y en las circunstancias adecuadas”.
Casado: “Conozco muy bien cómo hacer las cosas con Marruecos”
En los últimos días el PP ha justificado esa reunión. El secretario general del partido, Teodoro García Egea, llegó a asegurar el jueves que Casado se vio con el ministro marroquí y con el líder del partido anexionista el pasado día 11 porque “vio venir esta crisis” con el país vecino y tuvo “mucha más visión” que Pedro Sánchez, aunque no consta ningún aviso por parte del dirigente 'popular' a Moncloa respecto a la crisis en Ceuta. “Conozco muy bien Marruecos, conozco muy bien Estados Unidos y conozco muy bien cómo hay que hacer las cosas con Marruecos y con Estados Unidos”, defiende públicamente, el líder del PP.
Esa idea de su supuesta influencia en el país vecino se la lanzó Casado a Sánchez el miércoles, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que se evidenció que la ayuda que le había prometido al presidente del Ejecutivo el martes era una quimera, y que el líder de la oposición estaba dispuesto a convertir la crisis en Ceuta en una nueva arma para tratar de derribar la coalición de PSOE y Unidas Podemos. Durante el Pleno, el máximo dirigente del PP acusó al Gobierno español de “desleal” por su política internacional que, según él, es la causante de la crisis migratoria en Ceuta.
Lo ocurrido en a ciudad autónoma es, a su juicio, “la crónica de una crisis anunciada” después de los “errores diplomáticos” del Gobierno. “La pérdida de peso exterior y el cambio de aliados nos pasa factura”, aseguró Casado, para añadir que por eso el presidente de EEUU, Joe Biden, no devuelve las llamadas a Sánchez cuando “más falta hace”. “Espero que no sea demasiado tarde y rectifique porque la mejor política exterior es una buena política doméstica, pero el caos de su Gobierno es nuestra mayor debilidad fuera”, zanjaba.
“Cuando un barco hace aguas, el capitán no puede prometer a la tripulación y al pasaje recorrer la vuelta al mundo”, añadía Casado, para subrayar que Sánchez “no ha sabido gestionar ni la crisis sanitaria, ni la crisis económica ni la crisis territorial ni la crisis internacional”. “No puede apoyar al Ejército mientras piden sacarlo de Ceuta sus socios de Bildu. No puede defender la integridad nacional en Melilla mientras negocia la autodeterminación de Catalunya con sus socios de ERC. Y no puede vender humo para el 2050 cuando es incapaz de solucionar este desastre en 2021. El Gobierno le queda grande”, concluía.
Casado elevó aún más el tono contra el Ejecutivo el jueves, al asegurar que estaba dispuesto a ser “leal” a las directrices de Moncloa ante el problema migratorio aunque, para ello, ponía una compleja condición encima de la mesa: que Pedro Sánchez rompa su Gobierno de coalición y expulse del mismo a la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y a todos los ministros de Unidas Podemos. “Si Sánchez quiere dejar las cosas claras, que hoy mismo rompa los acuerdos en los 40 ayuntamientos en los que gobierna con Junts, que está pidiendo que Ceuta y Melilla dejen de ser españolas, y que hoy mismo rompa su acuerdo de Gobierno con Podemos, que es quien ha producido esta crisis diplomática”, aseguraba Casado durante su visista al stand de Ceuta en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, en Madrid.
En ese mismo acto, Casado aseguró lo siguiente sin pruebas: “Ayer [por el miércoles] dijo Podemos que Ceuta y Melilla son países africanos. Eso es evidente, están en el continente africano, pero insinuaron que no son españolas”. Y lanzaba a Sánchez una pregunta: “¿Con quién está, con la oposición leal que pide firmeza y responsabilidad o con sus socios que insinúan que Ceuta y Melilla no son españolas?”. El grupo confederal, en realidad, nunca ha cuestionado la españolidad de las ciudades autónomas y, preguntadas por ello, ese mismo jueves fuentes de la dirección nacional del PP se veían forzadas a asegurar a elDiario.es que la afirmación de su máximo jefe se debió a un “lapsus” de Casado, ya que en realidad cuando mencionó ese supuesto cuestionamiento de Podemos a la españolidad de Ceuta y Melilla quería referirse a Junts.
Alimentar la desconfianza entre los socios de la UE
La actuación de Casado ante la crisis migratoria, tratando de desacreditar la política exterior del Gobierno, se parece mucho a la mantenida por el PP hace tan solo unos meses en Bruselas, cuando la Unión Europea debatía allí acerca de los fondos que iban a ser destinados para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, y de los que finalmente correspondieron a España 140.000 millones. A finales de septiembre, el líder 'popular' se reunió con los embajadores en Madrid de todos los socios europeos para mostrarles su desconfianza en el Ejecutivo para gestionar esos millones del fondo de recuperación.
En pleno proceso de negociación del reglamento para el reparto de los fondos, cuando estaba en juego qué condicionalidades se iban a terminar de exigir, España encabezaba los datos de contagios en la UE –era la conocida como segunda ola de la COVID– y era uno de los países más afectados por el descalabro económico de la pandemia –en términos de paro y caída del PIB–, el líder del PP agitó el fantasma de la desconfianza hacia el Gobierno entre los 27 países de la Unión. Casado reclamó entonces una autoridad por encima de los ministros para gestionar los fondos, alimentando esas sospechas contra el Ejecutivo, que mantiene aún hoy en día.
Por esas mismas fechas, la jefa de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, la exministra Dolors Montserrat, envió un informe con el membrete de los populares europeos junto con una carta firmada de su puño y letra al comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, en el que cuestionó el Estado de derecho en España y acusó al Gobierno de querer “encubrir cifras que colocan a España entre los países con el mayor número de muertes en términos relativos”.
En ese informe de 13 páginas, titulado Evaluación de las medidas aplicadas en España durante el Estado de alarma, Montserrat criticó el estado de alarma decretado para hacer frente a la pandemia y que el PP dejó de apoyar hace más de un año. “Este documento expresa una preocupación fundada en el caso específico de la acción del Gobierno español. La persistencia de instrumentos constitucionales de excepción más allá de lo razonable, el ejercicio del llamado 'mando único' a través de reglas administrativas de bajo rango que, sin embargo, también suponen una intrusión grave en la esfera de los derechos económicos y civiles de los ciudadanos, así como el deterioro de la capacidad del Parlamento como instancia de control democrático son algunos de los aspectos que se analizan a continuación”, apuntaba el texto.
Los 'populares' también incluyeron en su dossier el acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para acelerar la derogación de la reforma laboral, un pacto que facilitó el apoyo parlamentario de la formación independentista al Gobierno: “Un último ejemplo de este mal uso de la situación de pandemia, que se está utilizando para tratar de modificar leyes que no están directamente relacionadas con ella, es el acuerdo alcanzado el miércoles 20 de mayo pasado por las dos partes que conforman el gobierno (PSOE y Unidas Podemos) con el partido separatista-vasco y filoterrorista EH Bildu para la derogación completa de la reforma labora”, destacó el documento.
Acción exterior sobre el Poder Judicial
Casado y su equipo también han tratado de erosionar la imagen de España en el exterior por el bloqueo de la renovación del Poder Judicial, a pesar de que, en realidad, ha sido el propio PP el que ha mantenido ese bloqueo desde 2018, levantándose de la mesa de negociación con el Gobierno hasta en tres ocasiones en los últimos meses –la última de ellas, en febrero–, cuando estaban a punto de cerrar un acuerdo. En noviembre, llegó a asegurar en el Congreso que la reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso –que fue finalmente retirada en abril, por las reticencias de la Comisión Europea– para reducir la mayoría parlamentaria necesaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y limitarla a una mayoría absoluta –ahora son necesarios tres quintos– iba a condicionar la llegada a España de los fondos de recuperación.
El pasado abril, el comisario de Justicia, Didier Reynders, emplazó a los partidos a volver a negociar esa renovación, después de que el PP se levantara de la mesa en febrero, con el acuerdo casi cerrado, por su negativa a aceptar magistrados propuestos por Unidas Podemos. “Tienen que volver a la mesa de negociación”, dijo entonces el belga en una conversación con algunos medios españoles.
A toda esa estrategia de desprestigio internacional del Gobierno se suma la obsesión del PP de vincular al Ejecutivo, al que tildan de “socialcomunista”, con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, por la coalición del PSOE con Unidas Podemos –partido al que intentan relacionar con el chavismo–, para restarle legitimidad democrática. Esta pretensión se ha evidenciado en la actividad parlamentaria de la oposición en materia internacional de la presente legislatura. De las iniciativas sobre política exterior registradas tanto en Pleno como en comisión desde que se constituyó el Congreso, en diciembre de 2019, las referidas a Venezuela ascienden a más de 200. La diferencia es abismal si se compara con las apenas ocho iniciativas presentadas sobre la guerra en Siria o la decena sobre Yemen, Libia y Palestina. Y el PP no ha registrado ni una sola sobre la reciente represión en Colombia por parte del Gobierno del derechista Iván Duque, amigo personal de Casado.
Venezuela es, de hecho, la principal arma del PP en materia internacional para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Durante la reciente campaña electoral madrileña, Casado volvió a compararse con la oposición venezolana, algunos de cuyos dirigentes están encarcelados. Aprovechando un acto junto al líder opositor venezolano Leopoldo López, exiliado en España y protegido durante meses en la embajada española en Caracas –durante el mandato de Sánchez–, Casado dijo que desde el Gobierno “se habla de expropiar viviendas, de fijar precios de alquileres con viviendas privadas, de expropiar medios de comunicación, expropiar empresas y hacer una especie de plan quinquenal sobre el modelo productivo y se habla de impuestos confiscatorios”.
Casado se equipara a la oposición venezolana
En su opinión, el “populismo” suele empezar “corrompiendo normas no escritas de la democracia” como a su juicio ocurre en España con el intento de “acabar con las mayorías constitucionales o del Consejo de Europa en la elección de los jueces”. “Sólo desde las ideas liberales podremos salir de los momentos oscuros en los que este virus, el de la pandemia, y este virus, el del populismo, ataca a nuestro Estado de derecho, nuestras sociedades libres”, dijo.
Este tipo de discursos han sido una constante en los últimos dos años. Casado nunca ha escatimado en descalificaciones contra el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, al que ha llamado “social comunista”, “populista”, “bolivariano”, “dictatorial” y hasta “filoetarra”, por sus supuestos vínculos con Maduro. “El objetivo del PP es defender la libertad como el bien más preciado que tiene el ser humano y por el que bien merece arriesgar la vida. Eso es lo que han hecho los valientes opositores cubanos y venezolanos, eso es lo que haremos la oposición en España, y estoy seguro que eso es lo que harán la inmensa mayoría de españoles cuando tengan la oportunidad de elegir”, llegó a proclamar el líder de los populares en diciembre.