Dos juzgados de la Audiencia Nacional investigan desde 2018 la “operación parapolicial” que montó el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para hacerse con documentación comprometida que tenía en su poder Luis Bárcenas, el extesorero que manejó los fondos de la caja B del PP durante dos décadas. En ambos sumarios abundan las pruebas de que la operación se pagó con fondos reservados e incluso un informe policial señala que Rajoy tuvo “conocimiento” del espionaje.
La investigación ha revelado que se cumplió con el “objetivo marcado”, que no era otro que “apoderarse” de las pruebas que el extesorero tenía en su poder sobre la financiación irregular del partido para que no llegaran a la Justicia.
La operación, orquestada por un grupo de policías que trabajaban al margen del cuerpo y sin mandato judicial, recibe el nombre de Kitchen en referencia al “cocinero” o “K2”, el apodo con el que los agentes implicados se referían al chófer y hombre de confianza de Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias. El conductor fue captado como topo para robar documentos y facilitar información sobre los movimientos de la familia. A cambio, recibió más de 50.000 euros de los fondos reservados y una plaza en la Policía.
La trama deja ya una ristra de mandos policiales investigados. Por el momento, el único político imputado es el ex número dos de Interior, Francisco Martínez, que hasta ahora ha guardado silencio pero que amenaza con tirar de la manta si sus antiguos superiores siguen poniéndose de perfil. Además, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que impute tanto al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, como a la secretaria general del PP de aquella época, María Dolores de Cospedal.