Una pieza del caso Villarejo, la número 10, se ha convertido en la principal amenaza de la investigación para el Gobierno actual. El juez instructor, Manuel García-Castellón, considera que ha reunido los indicios suficientes para que el Supremo investigue a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, diputado y, por tanto, aforado ante el Alto Tribunal.
Esta es la cronología de cómo una de las piezas aparentemente más sencillas del caso Villarejo se fue complicando y pasó a atraer la máxima atención. Es el proceso de cómo llegó hasta aquí pese a comenzar, y representar durante mucho tiempo, un asunto secundario para el juez y la Fiscalía Anticorrupción de entre los encargos al comisario. Una pieza 10 que Podemos intentó, sin éxito, que acogiera una investigación de todas las maniobras policiales para impedir que gobernara en 2016.
Al final, la pieza 10 se ha convertido en el campo de batalla sobre el que decidir si existió o no una policía política que atacó a la oposición durante la primera legislatura de Mariano Rajoy con la connivencia de algunos medios de comunicación. La opción de señalar a Iglesias ha incluido cuestionar a la Fiscalía Anticorrupción por favorecer supuestamente a Podemos, personalizando los ataques en uno de los fiscales del caso, Ignacio Stampa, que investiga la organización criminal que dirigía el comisario Villarejo y a sus poderosos clientes.
1 de noviembre de 2015. Podemos continúa su trayectoria ascendente después de que irrumpiera en el panorama político en las elecciones europeas de mayo de 2014. Su líder, Pablo Iglesias, compagina la dirección de partido con su escaño en el Europarlamento. Una de sus colaboradoras más próximas es la marroquí Dina Bousselham. Ella y su pareja de entonces, Ricardo Sa Ferreira, acuden al Ikea de Alcorcón y en un descuido les roban varias pertenencias, entre ellas el móvil de Bousselham. Denuncian ante la Policía Nacional de la localidad madrileña.
12 de enero de 2016. Ese día amanece con dos digitales de Madrid, Okdiario y El Confidencial, informando del contenido de un supuesto informe policial sobre la presunta financiación irregular de Podemos. Como había ocurrido durante toda la Operación Catalunya, el supuesto informe de inteligencia no se enmarca en causa judicial alguna. Las publicaciones se producen coincidiendo con el arranque de las conversaciones entre Podemos y PSOE para una posible coalición de Gobierno.
elDiario.es tuvo acceso a ese informe y lo publicó después de que fuera incorporado a una denuncia contra Iglesias e Iñigo Errejón en el Tribunal Supremo por Manos Limpias. Sin firma, ni sello, su contenido fue despreciado por el Alto Tribunal y por la Audiencia Nacional. La Policía de Jorge Fernández Díaz lo terminó por remitir al Tribunal de Cuentas después de admitir que había sido confeccionado en la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Uno de los comisarios investigados en el caso Kitchen atribuye su autoría al hoy comisario Andrés Gómez Gordo, el policía asesor de María Dolores de Cospedal.
20 de enero de 2016. Antonio Asensio Mosbah, propietario entonces del Grupo Zeta, escribe por Telegram a Pablo Iglesias. Le cita ese mismo día para entregarle un material que ha llegado a la revista Interviú y que incluye fotografías de la que el editor piensa que es la pareja del líder de Podemos. Durante 40 minutos, Iglesias dispone de un ordenador para, en privado, poder ver el material. No es su pareja la que aparece en fotos íntimas junto a capturas de chats del partido y otro material relativo a Iglesias y la formación. Se trata de Dina Bousselham, de la que había surgido el falso rumor de que mantenía una relación con su jefe.
Según han explicado después al juez el director y subdirector de Interviú, Alberto Pozas y Luis Rendueles, respectivamente, la tarjeta del teléfono llegó de forma anónima a la revista. Ambos decidieron que no era material de interés periodístico y su editor se la entregó a Iglesias, gesto que éste agradeció. El líder de Podemos se quedó con la tarjeta, pese a no pertenecerle, durante al menos seis meses. Después ha explicado que quería proteger a Bousselham, bastante afectada por entonces de las informaciones que le vinculaban sentimentalmente a Iglesias.
Febrero de 2016. A los pocos días de recibir la tarjeta, el comisario Villarejo se pone en contacto con los periodistas de Interviú y les dice que sabe que tienen la tarjeta y que la necesita para sus trabajos policiales. Pozas y Rendueles comen con él en un restaurante madrileño y le entregan el material. El policía, entonces en activo, y los dos periodistas se encuentran imputados por un delito de revelación de secretos. El juez Manuel García-Castellón acaba de dictar contra ellos auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para los delitos castigados con menos de nueve años.
21 de junio de 2016. Ese día se celebran las elecciones generales y Podemos no logra su objetivo de dar el 'sorpasso' al PSOE. Con todo, Unidas Podemos obtiene 72 escaños, la suma de los 69 de las elecciones del diciembre anterior y los dos que obtuvo en ellas IU y eso abre la puerta a un Gobierno de coalición con Pedro Sánchez. No sería hasta julio cuando Pablo Iglesias formaliza la oferta al líder de los socialistas.
22 de julio de 2016. El medio dirigido por Eduardo Inda, Okdiario, publica una información que adjunta el pantallazo de un chat interno de Podemos en el que Pablo Iglesias afirma: “La azotaría hasta que sangrase… Esa es la cara B de lo nacional popular… un marxista algo perverso convertido en un psicópata”. Iglesias se disculpa públicamente del comentario en el chat privado: “Siento mucha vergüenza de haber hecho una broma machista”.
3 de noviembre de 2017. El comisario José Manuel Villarejo Pérez, jubilado en el verano de 2016, es detenido en su chalet de Boadilla del Monte por agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. El material audiovisual que encontraron allí, en una finca próxima, las oficinas y pertenencias de colaboradores por los policías y la Fiscalía Anticorrupción ha servido ya para abrir más de 30 piezas vinculadas a encargos realizados al comisario cuando estaba en activo. Las piezas se han ido abriendo según se examinaban los 40 terabytes almacenados por el policía o avanzaban los trabajos de desencriptación.
El 19 de marzo de 2019, el inspector al frente de las pesquisas remite un oficio al juez del caso informando de que han aparecido dos archivos, DINA 2 y DINA 3, que albergan “una multitud de información de la usuaria, tanto datos personales, bancarios, fotografías de carácter íntimo, además de contener comunicaciones con terceros a través de correo electrónico diversas aplicaciones para telefonía móvil (Whatsapp, Telegram), archivos de vídeo y audio, estando buena parte de esos documentos fechados en los años 2014 y 2015”. En la página 2 del informe se reproduce el mismo pantallazo del mismo chat que había publicado Okdiario.
27 de marzo de 2019. Pablo Iglesias y Dina Bousselham declaran ante el juez Manuel García-Castellón. En aquella declaración, Iglesias no le esconde que se quedó con la tarjeta cuando la recibió de manos de Asensio Mosbah. Por su parte, Bousselham cuenta al juez también que no pudo consultar su contenido después de que se la entregara Pablo Iglesias. Pese a ello, el magistrado ofrece a ambos personarse como perjudicados en el caso.
García-Castellón elogia la exposición que el líder de Podemos hace intercalando las publicaciones sacadas del teléfono de Bousselham y los hitos políticos del partido para concluir que se trató de una estrategia para perjudicarles. El magistrado instructor llega a decir a Iglesias: “Sabe usted que aquí estamos investigando implicaciones muy serias del Ministerio del Interior…”. El 8 de abril, el juez imputa a Pozas y posteriormente hará lo propio con Luis Rendueles.
18 de mayo de 2020. El caso pasa a un segundo plano durante un año, pero poco antes confinamiento, la Policía Científica entrega un informe que el juez les había encargado nueve meses antes sobre el contenido de la tarjeta. Anticorrupción considera que su contenido justifica volver a llamar a Bousselham a declarar. La exasesora había negado ante el juez haber difundido el contenido de su teléfono, pero los agentes certifican que los mensajes se hallaban en una carpeta del teléfono denominada “sent” (enviado). Ante el juez, Bousselham admite que ella hizo los pantallazos y que pudo enviarlos a terceros.
La Fiscalía considera que el caso da un vuelco, que ya Villarejo no es el único sospechoso de haber hecho llegar a los medios de comunicación los pantallazos y señala a Iglesias como presunto autor de dos delitos: daños informáticos por haber entregado la tarjeta a su dueña en un estado que impedía consultar su contenido; y otro de revelación de secretos, por haber guardado durante al menos seis meses el dispositivo que le había entregado Interviú sin trasladárselo a su legítima dueña. Los fiscales piden retirar la condición de perjudicado a Pablo Iglesias pero añaden que no se le puede investigar porque se trata de dos delitos que necesitan que el perjudicado se sienta víctima y ejerza acciones legales, lo que no ocurre en el caso de Bousselham.
25 de mayo de 2020. La unidad de acción entre juez y fiscales se fractura. El magistrado retira la condición de perjudicado a Pablo Iglesias pero no se detiene ahí y emprende una investigación con el líder de Podemos como principal sospechoso de la pieza 10, que margina otras investigaciones del caso Villarejo por la cantidad y el ritmo de las diligencias ordenadas por el juez.
García-Castellón ordena a Bousselham que deje de compartir abogado con Iglesias, envía una comisión rogatoria a Gales para que la empresa que intentó recuperar el contenido de la tarjeta —a petición del entonces marido de la exasesora— explique si llegó dañada “físicamente” y establece como prioridad que los policías de Asuntos Internos repasen la declaración de Ricardo Sa Ferreira, expareja de Boussleham.
10 julio de 2020. En esta fecha, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid abre una investigación a uno de los dos fiscales del caso Villarejo, Ignacio Stampa, por una denuncia de Vox basada en el contenido de las informaciones de varios medios que reproducen chats internos de Podemos. Esas informaciones concluyen que el Ministerio Público habría facilitado información confidencial a Podemos, como acusación popular, en el transcurso del caso Villarejo y, en concreto, en la pieza 10.
El jefe de la Inspección Fiscal ya ha archivado dos denuncias contra Stampa porque no aprecia irregularidad en su conducta, pero la última investigación interna está detenida a la espera de que la Fiscalía del TSJM se pronuncie acerca de la presentada por el partido ultraderechista. Algunos medios han llegado a dar por cierta una relación personal del fiscal y la abogada de Iglesias por insinuaciones que hace ella en los citados chats internos, pese a que en otra conversación niega que haya relación alguna.
26 julio de 2020. La empresa galesa que analizó la tarjeta que Iglesias le devolvió a Bousselham contesta al juez que no se podía acceder a ella sin un trabajo más a fondo, pero que ésta no estaba dañada “físicamente” cuando llegó a sus manos. Un informe posterior de la Policía Científica confirma que esos daños materiales por los que se interesaba el juez fueron producidos por los trabajos iniciales de recuperación de la empresa, que no siguieron adelante porque el marido de Bousselham rechazó el presupuesto.
Ninguna de las diligencias ordenadas por el juez permiten avanzar en los indicios contra Iglesias. El magistrado también ha ordenado a la decena de policías que investigan la treintena de piezas del caso Villarejo que den prioridad a analizar de nuevo la declaración sobre el robo en el Ikea del exmarido de Bousselham, pero el informe, entregado al magistrado en agosto, no ofrece nuevos datos. Entre tanto, García-Castellón rechaza tomar declaración de nuevo a Bousselham, como solicita Anticorrupción después de que ella haya escrito al juzgado cambiando de nuevo de versión y exculpando a Iglesias.
10 de septiembre de 2020. Declara ante la Audiencia Nacional José Manuel Calvente, antiguo abogado del equipo legal de Podemos, despedido por supuesto acoso a la abogada Marta Flor, una acusación que han rechazado los tribunales. Poco después de ser detenido, Calvente había acudido a la Guardia Civil en Barcelona, donde vive, para denunciar supuesta financiación irregular de Podemos. La denuncia acabó en un juzgado de Madrid que investiga en la actualidad a la formación.
Calvente se prodiga por los medios y niega a algunos de sus antiguos compañeros ser el filtrador de los chats internos utilizados contra el fiscal Anticorrupción por la presunta relación con Marta Flor. En una entrevista a El Mundo presenta la tesis de que Podemos utilizó el caso Dina de forma falsaria para presentarse víctima de las cloacas policiales. El juez considera que debe declarar sobre ello en la Audiencia Nacional. Allí acude Calvente y presenta una teoría que dice que le ha contado alguien de dentro del partido sobre quien se niega a revelar la identidad.
16 de septiembre de 2020. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelve el recurso presentado por Pablo Iglesias contra la retirada de condición de perjudicado en la causa y obliga a García-Castellón a que el líder de Podemos figure de nuevo como víctima. Los jueces de la instancia superior hablan de “meras hipótesis alternativas” al referirse a la posibilidad de que Villarejo no esté detrás de la filtración a los medios y le recuerdan que el presunto líder de una organización criminal tenía en su casa la información que luego fue publicada por Okdiario, El Confidencial y El Mundo, según recoge un informe de Asuntos Internos.
7 octubre de 2020. El juez toma la afirmación de que las “hipótesis alternativas” deberían, en su caso, ser investigadas por otra instancia y eleva exposición razonada al Supremo en la que acusa a Iglesias de dirigir un montaje para sacar “rédito político”. Esta acusación se basa en la declaración de Calvente que el magistado considera “minuciosa”. El juez pide igualmente en base a esa declaración que se investigue a la exresponsable de estrategia jurídica de Podemos Gloria Elizo, a la persona que ocupa ese cargo actualmente, Raúl Carballedo, y a la abogada Marta Flor. También pide imputar a Bousselham y su exmarido por falso testimonio.
Sobre los otros dos delitos, daños informáticos y revelación de secretos, dice que Bousselham ha mostrado “inequívoca voluntad” de que se esclarezcan y propone que sea el Tribunal Supremo quien le pregunte si quiere actuar o no contra Iglesias, única forma de emprender una investigación por ambos al vicepresidente segundo del Gobierno, y declaración que él se ha negado reiteradamente a practicar.