El Senado ha dado el aval parlamentario definitivo a la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. Con el PSOE apoyándose en el PP para enmendar una de las normas estrella de la legislatura de su socio de Gobierno, la definición de los delitos sexuales será cambiada por segunda vez en apenas unos meses, poco más de 200 días, para intentar hacer frente a los cientos de revisiones a la baja de condenas de violadores que firman diariamente tribunales de todo el país. Una reforma que arrancó hace un lustro y que se ha convertido en el mayor punto de fricción en el seno del Gobierno de coalición a pocos meses de las elecciones generales.
La posibilidad de reformar el Código Penal y los delitos sexuales llegó en 2018, cuando el feminismo se echó a la calle para protestar contra varios hitos judiciales del proceso de 'la manada', los cinco acusados en ese momento de violar en grupo a una joven en un portal de Pamplona durante los Sanfermines de 2016. Manifestaciones para protestar contra su puesta en libertad, contra el voto particular de un juez que llegó a afirmar que la víctima disfrutó de lo sucedido pero, sobre todo, para denunciar que fueran condenados por abusos y no por agresión sexual por los tribunales navarros.
La primera sentencia llegó con el PP en el Gobierno y fue el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, el que abrió la puerta a una posible reforma del Código Penal con la activación de una comisión de codificación que, lentamente, empezó a explorar la posibilidad de recuperar el término “violación” para unificar los términos. Un año después, a finales de 2019, el Tribunal Supremo usaba el mismo Código Penal para condenarlos por agresión sexual y aumentar sus penas hasta los 15 años de prisión por cabeza. Alertando incluso de la posibilidad de haber multiplicado la sanción al tratarse de una violación múltiple.
El cambio de Gobierno tras la moción de censura, mientras tanto, otorgó mayor prioridad a esta reforma legal que Podemos reclamaba desde la primera sentencia de 'la manada'. “Claro que hace falta formación, pero no basta con eso, hace falta reformar el Código Penal”, dijo Irene Montero, entonces diputada y portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, en Radio Nacional en junio de 2018 tras la puesta en libertad de los cinco acusados. Unas semanas después, su grupo presentaba sin éxito una proposición de ley.
De la calle al Consejo de Ministros
La llegada al Gobierno del partido que entonces dirigía Pablo Iglesias convirtió la promesa electoral de Podemos en un proyecto legislativo que venía de largo. En octubre de 2018, por ejemplo, el Gobierno y Podemos llegaron a un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado y “blindar que solo sí es sí”. El acuerdo se transformó en anteproyecto unos días antes del estado de alarma de 2020 y entró en vigor el 7 de octubre de 2022 después de obtener el apoyo parlamentario de los socios del ejecutivo de coalición pero también de ERC, Bildu, PNV, Ciudadanos, JxCat, Más País, Compromís y el BNG.
La norma suponía un hito en el tratamiento legal de los delitos sexuales pero también de las víctimas. Una ley que introducía modificaciones en 16 leyes distintas, entre otras el Estatuto de los Trabajadores o la de igualdad y que no tocaba solo las condenas o la división entre agresión y abuso. Preveía también la creación de centros de atención 24 horas para las víctimas, juzgados especializados, ayudas a la víctimas y la consideración estadística de feminicidio sexual.
Incluía también una nueva definición de consentimiento sexual mucho más completa que la que hasta ese momento recogían las leyes penales, aunque siempre hubiera sido un elemento protagonista en las causas por delitos sexuales. La fase consultiva fue exitosa: el Consejo Fiscal había alabado la nueva definición del consentimiento, el Consejo de Estado veía con buenos ojos el nuevo abanico penológico y el Consejo General del Poder Judicial afirmó que el anteproyecto, posteriormente corregido, podría comportar revisiones a la baja de condenas máximas.
La ley entró en vigor en octubre de 2022 pero, unos pocos meses antes, a finales de verano, habían llegado los primeros vaticinios que no había expuesto ninguno de los órganos consultivos. Agustín Martínez, abogado de los violadores de 'la manada', anunció que se acogería a la nueva ley para pedir rebajar las condenas de sus clientes. Ya entonces fuentes del Supremo explicaron a elDiario.es que en ese caso concreto no iba a existir ningún beneficio, pero un artículo del Código Penal sobrevolaba su aplicación: el que permite aplicar una nueva ley de forma retroactiva si beneficia a un condenado.
Goteo de casos, datos dudosos
La primera pieza del dominó cayó en noviembre del año pasado, poco más de un mes después de la entrada en vigor de la norma. El diario El Mundo hizo público un auto en el que los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid rebajaban la condena de un delincuente sexual al entender que la ley del 'solo sí es sí' le beneficiaba más que el antiguo Código Penal. Un pedófilo que abusó de la hija menor de edad de su pareja vio cómo su condena era rebajada de ocho a seis años de presidio.
Empezó entonces una cascada de resoluciones judiciales que rebajaban condenas de delincuentes sexuales aplicando la nueva ley. A veces revisando casos que se habían sentenciado hace una década, a veces aplicando la nueva norma a casos todavía por sentenciar y en ocasiones provocando la excarcelación del delincuente.
El debate jurídico se mezcló con el político y con todos los dedos apuntando al Ministerio de Igualdad de Irene Montero que impulsó una de las medidas más importantes de esa facción del Gobierno, en ese momento, junto con el ingreso mínimo vital. Juristas y algunas resoluciones apuntaban a que esta reforma del Código Penal había omitido incluir una cláusula que, en otros casos, había impedido rebajas masivas de condenas retroactivamente. La Fiscalía unificó su criterio pocas semanas después y rechazó las rebajas indiscriminadas. No existían datos fiables sobre el volumen de casos para compararlo con el número de titulares.
Mientras los casos ponían rumbo al Supremo, la otra mitad de la batalla se libraba frente a los micrófonos. Las responsables de Igualdad defendieron que ningún órgano consultivo había advertido de esta posibilidad y que una parte de la carrera judicial estaba aplicando la ley de forma errónea. Desde el otro lado del Consejo de Ministros, ya a principios de 2023, el ala socialista del Gobierno se abría a introducir cambios para paliar lo que se bautizó como “efectos indeseados”, mientras la oposición arrancaba el año doblemente electoral con un arma caída del cielo entre las manos.
El primer caso no tardó en llegar a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a finales de noviembre de 2022. La primera sentencia tendría que haber sido la que confirmó 12 años de cárcel para un hombre que violó a su sobrina en Pollença, pero los imprevistos en el calendario de la Sala llevaron el caso Arandina a la pole position del 'solo sí es sí'. El Supremo aumentó sus condenas pero, explicó, no tanto como habría podido hacerlo de no existir esta norma. La sucesión de sentencias dejó una colección exprés de jurisprudencia sobre casos pendientes de sentencia firme: una condena mínima se debe adaptar a las nuevas y más bajas condenas mínimas mientras que una condena intermedia viable con la nueva ley se queda como está.
La polémica por el 'solo sí es sí' se solapó con la derogación de la sedición y la reforma de la malversación mientras los datos seguían sin tener ningún tipo de fiabilidad. Los tribunales territoriales informaban de manera desigual y mientras los jueces de Madrid parecían más proclives a firmar rebajas de condenas, en La Rioja eran pocas peticiones de revisión las que pasaban el filtro. Pero nadie sabía con exactitud cuántas rebajas se habían firmado, cuántas se habían rechazado y cuántos delincuentes sexuales se habían visto beneficiados antes de que su caso fuera sentenciado en firme, que suena parecido pero es un tipo de proceso diferente y no comparable.
La guerra de cifras y la reforma
En plena refriega política y jurídica entró en juego el Consejo General del Poder Judicial. No entero, sino la facción conservadora que desde hacía meses se había convertido en el ariete del Partido Popular dentro del órgano de gobierno de los jueces, bloqueando por ejemplo durante semanas la renovación parcial del Tribunal Constitucional. En febrero, dos vocales conservadoras se reunieron para abordar este tema con una delegación del Parlamento Europeo a espaldas de sus compañeros del sector progresista.
Fue el CGPJ el que se propuso recabar las cifras de los efectos de la ley del 'solo sí es sí', con filtraciones de datos incompletos y la publicación de estadísticas. El último recuento, del pasado 14 de abril, deja 978 rebajas de condena en todo el país y 104 excarcelaciones de delincuentes sexuales. Datos más precisos que los conocidos hasta la fecha pero igualmente incompletos: una decena de audiencias, por ejemplo, no comunican cuántos casos han revisado en total.
Mientras tanto, los “efectos indeseados” del 'solo sí es sí' agrandaban la brecha entre los socios del Ejecutivo de coalición y la posibilidad de modificar la ley se abría camino en el lado socialista, incluso si era necesario con el apoyo del Partido Popular. Justicia e Igualdad cruzaron durante semanas reproches públicos y privados y la fórmula para la reforma llegó a mediados de abril: PSOE y PP pactaron una serie de enmiendas técnicas dando paso al acuerdo que este miércoles ha sellado la reforma en el Senado.
Dejó, por el camino, la imagen de la bancada socialista cariacontecida mientras los diputados del PP aplaudían con alegría una reforma que el partido de Alberto Núñez Feijóo esgrime ya como una intervención providencial para evitar la excarcelación de más violadores y pederastas.
La cámara alta ha aprobado los cambios con los votos a favor de una parte muy distinta del arco parlamentario que permitió sacar adelante la primera versión de la ley: PSOE y PP a favor y aliados tradicionales del Gobierno como ERC y EH Bildu en contra. Es el punto y final a semanas de debate sobre si el consentimiento dejaba de estar en el centro de la norma, sobre la necesidad finalmente aprobada de elevar las penas, y sobre una realidad: esta reforma no frenará las rebajas. Se aplicará, en todo caso, a las agresiones sexuales cometidas después de su entrada en vigor.
Poco más de seis meses ha durado íntegra la ley del 'solo sí es sí' que trasladó al Boletín Oficial del Estado el clamor social del feminismo después de las primeras sentencias del caso de 'la manada'. Todo esto mientras la Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo decenas de revisiones a la baja y sin que, por tanto, la Sala de lo Penal que marca el paso del resto de tribunales en España se haya pronunciado al respecto. Los jueces del Alto Tribunal tienen varios casos encima de la mesa y tendrán un pleno al respecto que se reunirá en la primera semana de junio para dar o no el visto bueno a las revisiones que han supuesto el mayor desencuentro entre los socios del Gobierno.