Cuatro millones se llevan por delante la última operación para reflotar la monarquía

Hay actos institucionales montados con toda la pompa que se espera de ellos que tienen una fecha de caducidad tan inmediata como esos mensajes de las nuevas redes sociales que desaparecen a las 24 horas, no sea que los vean las personas equivocadas. Moncloa preparó el escenario perfecto –el hemiciclo del Congreso– y el reparto apropiado –todos los principales cargos del Estado– para lanzar un cable a la monarquía y al mensaje de que cualquiera que sostenga que la española no es una democracia plena y vigorosa es un disidente desinformado. El acto para conmemorar el golpe de Estado del 23F incluía también un reconocimiento del papel de Juan Carlos I en 1981. Dos días después, el exrey lo estropeó todo. Como llegar tarde a una fiesta un poco tocado, tropezar con la mesa de las botellas y dejar a los demás invitados sin bebidas.

En la noche del jueves, se supo que Juan Carlos ha vuelto a pasar por la ventanilla de Hacienda para regularizar sus ingresos ilegales. Esta vez no fueron 678.393 euros, que no es poca cosa, sino cuatro millones con los que legalizar el dinero que había defraudado. Es decir, el que no había pagado al erario público. Esa cantidad se corresponde con todos los vuelos obtenidos gratis total por la benevolencia de la fundación de un primo lejano, según El País, y que suponen un montante total de ocho millones. Una donación en especie que supondría un delito fiscal si Hacienda se hubiera enterado y se lo hubiera notificado a tiempo.

Ocho millones en vuelos. Se nota que Juan Carlos es un gran fan del transporte público.

En su libro sobre Felipe VI de publicación reciente, el periodista José Antonio Zarzalejos explica por qué “el peor adversario del rey Felipe VI ha sido y sigue siendo su padre”. Se puede decir que Juan Carlos I ha confirmado esa idea en varias ocasiones y que tiene la intención de seguir haciéndolo por mucho que la Casa del Rey y el Gobierno hagan todo lo posible por impedirlo.

Hay una investigación abierta en la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre los presuntos delitos cometidos por el anterior monarca cuando ya había consumido su muy rentable periodo de inviolabilidad. Lo único que sabemos de las pesquisas es que el sujeto investigado continúa haciendo regularizaciones extraordinarias.

El solemne acto del 23F del martes fue una hábil jugada política. Permitió a Felipe VI conectarse de forma simbólica con el fracaso del golpe de Estado que pretendía acabar con la democracia (algunos dirían que para 'reconducirla', pero el rumbo de la democracia sólo se cambia en las urnas). Es lo que tiene la monarquía. Se trata de una continuidad dinástica que permite a los herederos recibir de alguna manera los méritos del anterior monarca en el pasado. Aparentemente, no el descrédito por los delitos fiscales.

Con Juan Carlos refugiado en los Emiratos Árabes por decisión de la Casa Real, la ceremonia contaba con un ausente obligado. Lo que sí estaba era su recuerdo en boca del hijo: “Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución para que se tomaran, y cito textualmente, 'todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente'”.

El Gobierno conseguía así regalar al rey un momento de excepción, bien multiplicado en los medios de comunicación en sus portadas, y la oportunidad de tener un detalle con su padre para que tanto este como sus partidarios no crean que ya han decidido tirarlo al basurero para que no moleste.

Moncloa neutralizaba también las críticas frecuentes de la derecha por socavar supuestamente la monarquía. ¿Cómo puede ser eso cierto a partir de ahora cuando se han inventado un acto institucional sin precedentes –nunca se había hecho en cuarenta años– en favor de la imagen de Felipe VI en estos momentos difíciles?

Vivimos años en que los defensores de la monarquía y del PDP (Partido de la Democracia Plena) están pasando una mala racha. Creyeron que los negocios oscuros de Juan Carlos se solucionarían poniendo la presión adecuada sobre Corinna Larsen. El director del CNI fracasó de forma aparatosa. Creyeron que lo peor había pasado cuando se produjo la abdicación, pero fue una abdicación a medias, porque el anterior jefe de Estado se quedó en la fotografía, en una posición más retrasada, participando en actos públicos en nombre de la Casa Real y residiendo en el Palacio de la Zarzuela. Creyeron que los cortafuegos colocados de forma sucesiva para blindar a Felipe VI le protegerían del legado menos glorioso de su padre, el que tiene que ver más con el Código Penal que con la Constitución. Y todos se vieron desbordados por la realidad de que Juan Carlos I es realmente el personaje descrito por los titulares de los últimos años. Por ellos será recordado, y mucho menos por las hazañas de los años 70 y 80.

Por último, le montaron un acto institucional en el Congreso de los Diputados para obtener portadas que durarían un día y a las 48 horas recibieron un golpe en forma de cuatro millones que permanecerán en la memoria de la gente durante meses o años.

Y ahora a esperar a la próxima regularización. Probablemente, será más rápida que la Fiscalía.