Lo que cuenta y lo que no dice el informe de la CIA sobre Felipe González y el GAL

“Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas”. La Razón publicó el pasado 15 de junio este contundente titular basado supuestamente en un informe de la CIA sobre los GAL. La repercusión de esa noticia ha llegado hasta el Congreso: este martes la Mesa ha rechazado la comisión de investigación sobre el papel del expresidente del Gobierno en la conocida como “guerra sucia” contra ETA.

El informe en el que basó su información La Razón es un documento de la CIA con fecha de 19 de enero de 1984. Tiene una extensión de 32 páginas y está publicado en su web bajo el título “Terrorism Review” pero, como todos los documentos desclasificados por la agencia, tiene parte de su contenido tachado y hay páginas enteras que no se pueden leer. Algunos medios ya publicaron informaciones sobre este documento hace casi dos años.

El informe -elaborado por un analista de inteligencia, no por un espía- hace un repaso sobre el incremento de la actividad terrorista en ciertas zonas (Líbano, Siria, Francia, Alemania o Yugoslavia) e incluye en sus primeras páginas dos epígrafes sobre España: uno sobre ETA y el otro sobre los GAL. En un primer resumen de este último, señalan que los Grupos Antiterroristas de Liberación son una organización “organizada, o al menos asistida por la policía española que están llevando a cabo una 'guerra sucia'” contra miembros de ETA escondidos en Francia.

El informe señala que las acciones del GAL han provocado una enorme respuesta en la sociedad vasca y se han dado enfrentamientos con la policía a ambos lados de la frontera.

La CIA desarrolla el contenido unas páginas más tarde, donde incluye un breve resumen de lo que es el grupo terrorista ETA y habla sobre la respuesta del Estado a los atentados. El informe cita informaciones periodísticas (sin detallar) para afirmar que el Gobierno ha enviado agentes de paisano al sur de Francia. Los agentes de la CIA dicen que creen que la intención era secuestrar a miembros de ETA en ese país para traerlos a España y lo enmarcan dentro de la “guerra sucia” contra la banda terrorista.

Es en ese punto cuando el informe habla de que “Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas”. Pero tanto la frase anterior como la siguiente está tachadas: no se identifica la fuente de la información que permite hacer esa afirmación. El documento relata algunas de las acciones de los GAL y que el Gobierno ha negado cualquier conexión con ese grupo.

“La prensa española está plagada con especulaciones de que las autoridades están detrás del GAL y que el gobierno de González ha indicado que está preparado para hacer todo lo posible para extirpar a ETA”, señala a continuación, aquí sí indicando que la fuentes son informaciones periodísticas.

Así, la frase sobre el papel de González en la creación de los GAL queda suspendida entre dos grandes huecos en blanco censurados por la CIA antes de publicar el informe, y antes de un párrafo donde se cita a la prensa como fuente de algunas de las afirmaciones. No se vuelve a incidir en ello y otros informes tampoco ahondaron en este asunto, limitándose a hablar de “rumores” sobre el papel del gobierno socialista en la creación del GAL.

Bildu, ERC y el PNV se han basado en la información publicada por La Razón para pedir en el Congreso una comisión de investigación sobre “los vínculos y responsabilidades de los gobiernos presididos por Felipe González y los GAL”, que ha contado en el último momento con el apoyo de Unidas Podemos. Ese partido primero restó importancia al informe, dijo que no desvelaba nada nuevo pero finalmente optó por apoyar la investigación parlamentaria.

El voto a favor de Unidas Podemos no ha sido suficiente en la Mesa del Congreso, que este martes ha tumbado la iniciativa con los votos en contra de PSOE, PP y Vox. Los socialistas rechazan esa investigación porque sostienen que todo lo que tiene que ver con los GAL está “juzgado y sentenciado”. Por su parte, Unidas Podemos se opuso en primera instancia a la creación de esa comisión al considerar que los cables de la CIA no aportaban “absolutamente nada nuevo que no se supiera ya”.