El cuñado de Aguirre pide apartar a la jueza del Goya y la denuncia ante el Poder Judicial

Hace 14 meses que Íñigo Ramírez de Haro se querelló contra su hermano Fernando y su mujer, Esperanza Aguirre, por la herencia de su padre y la venta del retrato de Goya que era propiedad de la familia, hasta que en 2012 se transfirió al empresario Juan Miguel Villar Mir por más de 5 millones de euros. En este tiempo, la jueza del caso solo ha ordenado un par de diligencias –que no se han completado aún–, ha interrogado al denunciante y al experto en arte que intervino en la venta del cuadro. El cuñado de Esperanza Aguirre imputa a su hermano mayor los delitos de falsedad documental, estafa y fraude a Hacienda, entre otros, todos vinculados a la venta de la obra de arte que salvó de la ruina al marido de la expresidenta de Madrid.

La dilación en el proceso y la actitud de la jueza han llevado al cuñado de Aguirre a pedir que sea apartada del caso para que la investigación pueda continuar. Además, sus abogados han presentado una denuncia ante la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entender que ha cometido faltas graves que deben ser investigadas.

Así lo refleja un escrito presentado por sus abogados el pasado 23 de septiembre al que ha tenido acceso elDiario.es. En el documento llaman la atención sobre los escasos avances de la investigación y también sobre la actitud hacia el caso de la jueza, Concepción Jerez García, titular del juzgado de Instrucción número 26 de Madrid. El episodio que ha derivado en la recusación es el interrogatorio a James McDonald, director de Sotheby’s Londres y responsable en esa compañía de las ventas privadas de maestros antiguos.

McDonald fue el experto al que llamó la familia Ramírez de Haro para comprobar si el retrato de don Valentín Belvís y Moncada había sido pintado por Francisco de Goya cuando su autoría aún estaba en duda. El experto les ayudó a confirmarlo, tasó la pintura en un mínimo de siete y un máximo de ocho millones de euros y les orientó con el proceso de venta. El cuadro se lo quedó finalmente el empresario Juan Miguel Villar Mir por 5,2 millones, menos del precio recomendado por McDonald, y sin que el cuadro hubiera sido protegido por la administración.

El alto cargo de Sotheby’s declaró como testigo por videoconferencia el pasado 21 de septiembre en los juzgados de Plaza Castilla por este asunto. Según el escrito presentado por el abogado de Íñigo Ramírez de Haro, la jueza le interrumpió constantemente durante su turno de preguntas y alteró “el normal desarrollo del interrogatorio”. “Ha obstaculizado el ejercicio del derecho de defensa por parte de la acusación, faltando a la consideración debida a su letrado en ejercicio de su deber de defender mis derechos”, añade.

“Se trata del testigo que ha participado en la venta del cuadro de Goya en las circunstancias presuntamente delictivas para cuya prueba se ha pedido tomarle declaración”, señala el escrito, que también incide en que la jueza no ha respetado el deber de imparcialidad.

Sin pruebas de la declaración de McDonald

Al terminar la comparecencia en el juzgado del experto, la defensa de Íñigo Ramírez de Haro pidió verbalmente una copia del vídeo de la declaración. El escrito refleja que la secretaria judicial se comprometió a entregarla al día siguiente. En la misma tarde del 21, y ante lo ocurrido en la declaración, el abogado de Íñigo Ramírez de Haro presentó la recusación de la jueza y reclamó de nuevo el vídeo por escrito para poder documentar sus protestas sobre el interrogatorio.

El 22 de septiembre, el procurador de Íñigo Ramírez de Haro acudió al juzgado a por el vídeo, como se le había indicado. La oficial del juzgado le pidió que volviera dos horas más tarde. Le recibió entonces la letrada de la Administración de Justicia, quien le pidió que le explicara qué estaba solicitando exactamente; el procurador le dijo que en el escrito de recusación con carácter urgente reclamaba el vídeo con el que demostrarla.

La letrada se negó y dijo que daría trámite al escrito por orden de llegada. El procurador le pidió entonces que dejara constancia de que había reclamado el vídeo y no se le había entregado; la letrada se negó de nuevo.

“Esta negativa ha causado una minoración sustancial del derecho de defensa del querellante. Le ha privado del medio de prueba inmediata de los actos, hechos y momentos que han tenido lugar el 21 de septiembre y motivado la recusación presentada ese mismo día. Le ha imposibilitado completarla de inmediato y ha dilatado indebidamente –si no ha puesto finalmente en peligro– el normal desarrollo del procedimiento de recusación en los breves plazos legalmente establecidos”, recoge el escrito.

14 meses sin apenas avances en la causa

Además del incidente con la declaración de McDonald y el vídeo que lo recoge, la defensa de Íñigo Ramírez de Haro expone en su escrito que la jueza apenas ha avanzado en la investigación. La querella se presentó el 13 de julio de 2020 y no se tomó declaración al querellante hasta el 6 de abril de 2021 “con preguntas dirigidas algunas a tratar de que declarara contra sí mismo”, recoge la denuncia ante el CGPJ.

La jueza no ha llamado a declarar durante todo este tiempo a ninguno de los querellados –entre los que se encuentran la propia Aguirre y Villar Mir–. La defensa ha pedido un total de 48 diligencias sobre presuntos delitos de falsedad documental, estafa, fraude a Hacienda y otros, de las que apenas se han aceptado tres: la declaración de McDonald, la dirigida a la Comunidad de Madrid para conocer si ha inscrito el Goya como Bien de Interés Cultural –que no ha sido atendida tras cinco meses– y la enviada al notario para conocer la escritura de la venta, quien ha rehusado aportar el supuesto título de propiedad del cuadro.

Tampoco ha aceptado por ahora la petición de la Fiscalía de que se requiera a la Agencia Tributaria la declaración de la renta de Fernando Ramírez de Haro para determinar si cometió delito fiscal al no declarar la venta del cuadro el año anterior.

El escrito al Poder Judicial también hace constar que la jueza no ha resuelto el recurso para que la Audiencia Provincial decida sobre si deben aceptarse o no las diligencias necesarias para avanzar en la investigación. El recurso se presentó hace cuatro meses.