El documento prevé una Presidencia a cuatro encabezada por Mas y con tres presidencias de comisión de gobierno, como una Presidencia en transición “de un modelo autonómico a la república catalana”, como dijo el día 22 el diputado de JxSí Raül Romeva.
Al margen de que Mas sea presidente, el texto fija una serie de medidas de Govern: todo eso es lo que la CUP votará el domingo, con cuatro opciones en la papeleta.
Una opción es aceptar las medidas políticas de la propuesta de JxSí y aceptar a Artur Mas como presidente; otra es rechazar a Mas y seguir negociando con JxSí; otra opción es rechazar las propuestas de JxSí pero facilitar la investidura de Mas por parte de la CUP; y otra más es rechazar la propuesta de medidas políticas y a Mas, e instar a JxSí a buscar acuerdos sin la CUP, “a través de la abstención en el pleno de investidura”.
PRESUPUESTOS Y PLAN DE CHOQUE
La propuesta de JxSí prevé construir estructuras de Estado y un marco legal que asegure una transición “con todas las garantías jurídicas”, y hace hincapié en el compromiso escrupulosamente democrático del acuerdo, que tiene como objetivo ampliar la base social que apoye el proceso.
Buena parte del plan de choque social de la propuesta depende de aprobar unos nuevos Presupuestos, por lo que JxSí propone crear un Grupo de Trabajo Presupuestario --con representación paritaria de la Conselleria de Economía, de JxSí y de la CUP-- para diseñar los Presupuestos 2016 y que incluyan el plan de choque.
Romeva aseguró el día 22 que la propuesta de JxSí pretende priorizar la respuesta a las necesidades sociales de Cataluña, pero que algunas medidas no se pueden hacer con los Presupuestos prorrogados: “Están supeditadas a la disponibilidad de un nuevo Presupuesto que haga viable su aplicación”.
El plan de choque a aplicar inmediatamente es sobre pobreza infantil, pobreza energética y emergencia habitacional y política de prevención de desahucios, para la que prevén aplicar un sistema parecido al de municipios como Badalona (Barcelona), y otra parte del plan está previsto implementarla en los 18 meses de transición a la independencia.
Parte de esa ampliación de 270 millones irá destinada a recuperar la renta mínima de inserción, cuyo presupuesto se debe ampliar para garantizar el 100% de la cobertura, lo que costará 70 millones; a las prestaciones económicas de personas dependientes --50 millones--, y a la previsión de plazas de guardería --15 millones--.
SALARIO MÍNIMO Y BANCO PÚBLICO
El documento prevé un nuevo salario mínimo equivalente al 60% del salario medio, lo que lo ascendería a los 1.000 euros al mes, pero no especifica la partida para costearlo.
Prevén la reconversión del Institut Català de Finances en un Banco Público de desarrollo, “insertado en el entramado de apoyo institucional financiero europeo”, para ayudar a las pymes y para abordar la inversión de grandes proyectos estratégicos.
SALUD Y EDUCACIÓN
En cuanto a sanidad, propone una moratoria en el Consorci Sanitari de Lleida --ente que pretende unificar la gestión sanitaria en la provincia-- para garantizar que no podrá incorporar ninguna entidad privada en su actividad futura, tras la oposición generada por la Marea Blanca.
También propone reducir un 10% las listas de espera quirúrgicas y un 50% el tiempo medio de primera visita en el especialista sólo en centros públicos y sin externalizaciones, gracias a una inversión anual de 83,76 millones.
Se asegura el acceso a terapias médicas universales y gratuitas para los afectados de Hepatitis C, trasplantados y pacientes oncólogicos, así como personas en situación vulnerable, y un plan de rescate para afectados por fibromialgia, fatiga crónica y síndrome de sensibilidad química múltiple.
Además, se invertirán 5 millones en reducir la ratio de alumnos por aula en los barrios con más dificultades económicas, y se destinarían 15 para becas comedor.
BCN WORLD Y ATLL
El texto deja “en suspenso” el Plan Director Urbanístico (PDU) del macroproyecto BCN World y prevé un grupo de trabajo para una posible revisión del Plan de Govern JxSí-CUP, matizando que la vigencia de la suspensión del PDU se mantendrá hasta que haya acuerdo por consenso.
Un punto que queda en el aire es la titularidad pública de la gestión del agua en alta --donde se incluiría la empresa concesionaria Aigües Ter-Llobregat--, sobre la que el documento emplaza a tomar una decisión durante el proceso constituyente hacia la independencia, y sólo se compromete a “defender el modelo público de gestión”.