La diputada de la CUP en el Parlament Natàlia Sànchez y la de los comuns Marta Ribas han anunciado este viernes que presentarán una propuesta de resolución en el pleno del Parlament de la próxima semana para reformar con la máxima urgencia la Ley catalana de universalización de la asistencia sanitaria para “blindar” los derechos de los menores y embarazadas migradas, ya sea para continuar su embarazo o para poder abortar.
Lo han dicho en rueda de prensa junto a representantes de varias entidades sociales, después de haberse reunido con la Mesa de Trabajo sobre el acceso a la atención sanitaria de los menores de 18 años, mujeres y personas embarazadas y a la interrupción voluntaria del embarazo, que agrupa a varias entidades.
Sànchez ha explicado que estos dos grupos se han comprometido a apoyar las reivindicaciones de estas entidades, una de las cuales es reformar de manera urgente la Ley de universalización para “explicitar” que la atención sanitaria de menores y embarazadas migradas es un derecho fundamental.
La propuesta se tramitará por vía de lectura única --el procedimiento de máxima urgencia en la Cámara-- en el pleno monográfico sobre mujeres que se celebrará la semana que viene, ya que consideran que es una cuestión tan urgente que no puede esperar a la “lentitud de la administración”, ha afirmado Ribas.
La portavoz de Marea Verda Barcelona, Rosario de Mendieta, ha alertado de la “vulneración de derechos” que supone que los menores de 18 años y personas embarazadas migradas no puedan acceder a la tarjeta sanitaria, por lo que ve necesario garantizar que estos colectivos puedan ser atendidos en la sanidad pública.
CRÍTICA AL GOVERN
Ha asegurado que hace meses se reunieron con la Conselleria de Salud de la Generalitat, que se comprometió a aprobar el reglamento para desplegar la Ley de universalización sanitaria aprobada en 2017, según ella, pero ha criticado que todavía no lo haya hecho.
Por eso, las entidades se han reunido con JxCat, ERC, los comuns y la CUP, aunque pidieron reunirse con todos los grupos de la Cámara, y les han trasladado dos propuestas: apoyarles para exigir al Govern una “instrucción inmediata que regularice el acceso a la atención sanitaria” de estos colectivos, e impulsar una reforma urgente de la ley para garantizar estos derechos.
Tras el encuentro, ha celebrado que los comuns y la CUP hayan manifestado su apoyo a estas reivindicaciones, pero ha reprochado a JxCat y ERC que les hayan transmitido que todavía tienen que debatirlo internamente, aunque se reunirán de nuevo: “Nos sorprende que para hablar de una cosa tan fundamental requieran tanto tiempo”.
La Conselleria de Salud de la Generalitat se encuentra actualmente ultimando el reglamento de la Ley Universal de asistencia sanitaria --aprobada en 2017, tumbada temporalmente por el Tribunal Constitucional (TC) y después en vigor de nuevo-- que debe regular la atención de estas situaciones.
PRIMER SEMESTRE DE 2020
Se prevé que el reglamento salga a exposición pública a primeros de enero y que entre en vigor el primer semestre de 2020, han informado a Europa Press fuentes del departamento.
El reglamento contemplará la posibilidad alegar motivos de arraigo con otras vías que no sean la del padrón municipal --como una factura de suministros-- y otros motivos de riesgo de exclusión social.
La consellera, que este viernes se ha reunido con manifestantes de Pasucat que protestaban por esta situación, ha manifestado su compromiso para poner fin a esta situación, estudiar y resolver todas las quejas que se presenten en este sentido.