Después de un lustro de parálisis, el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacía presagiar el fin del viciado ambiente que ha caracterizado durante los últimos años el acto de apertura judicial que se celebra cada septiembre en el Tribunal Supremo. Pero la —hasta el momento— incapacidad de los nuevos vocales para elegir a su presidencia amenaza con sumir al órgano en un nuevo bloqueo de consecuencias impredecibles. Las conversaciones siguen abiertas, pero es una incógnita si la situación se habrá desencallado para el próximo jueves y, por tanto, quién pronunciará el tradicional discurso con el que arranca el año judicial ante un despliegue de togas y autoridades, incluido el rey Felipe VI.
Todo ello en un nuevo curso en el que deberán empezar a revertirse las consecuencias del bloqueo al que ha estado sometido el órgano de gobierno de los jueces durante los últimos cinco años: principalmente, la acumulación de hasta casi un centenar de plazas vacantes en las cúpulas de los principales tribunales. Pero que también estará marcado por los retos de la aplicación de la ley de amnistía; la posible imputación del fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, por su desmentido a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso; o los avances en la causa contra Begoña Gómez, incluidas las querellas presentadas contra su instructor, Juan Carlos Peinado.
Lo más inmediato son las negociaciones para elegir la presidencia del CGPJ. Sus miembros se reunirán este lunes con la intención de resolver un asunto que debería haberse solventado el pasado 1 de agosto, según los plazos que marca la ley. Por el momento, miembros de los bloques conservador y progresista —con diez representantes cada uno— prefieren ser prudentes y confiar en que se llegará a un acuerdo, aunque admiten que la situación es “complicada”. Hasta ahora se han celebrado cuatro votaciones y ningún candidato ha conseguido los 12 votos necesarios.
Encima de la mesa están los nombres de siete magistrados del Supremo de los que debería salir la que será la máxima autoridad judicial del Estado durante los próximos cinco años, según las propias reglas pactadas por los vocales. El sector progresista aspira a que una mujer presida por primera vez el CGPJ, con la magistrada del Supremo Pilar Teso como su principal candidata. La terna del bloque progresista se completa con Ángeles Huet y Ana Ferrer, la única magistrada que defendió aplicar la ley de amnistía al delito de malversación y, por tanto, a Carles Puigdemont.
El perfil de Teso, con una gran trayectoria jurídica, no gusta a los conservadores, que la consideran una “emisaria” del ministro de Justicia, Félix Bolaños. El candidato preferido de los vocales elegidos a propuesta del PP es Pablo Lucas, al que intentan hacer pasar por un perfil progresista y de consenso, algo con lo que no coinciden en el otro bloque. No obstante, en el último pleno en el que se abordó este asunto aceptaron elegir a una mujer, pero siempre que fuera alguna de las magistradas propuestas por su sector: Carmen Lamela o Esperanza Córdoba. Su otro candidato es Antonio del Moral.
Ante la dificultad de llegar a un acuerdo, en los últimos días también se ha especulado con la posibilidad de buscar otros perfiles diferentes a otros siete. La ley permite que puedan ostentar la presidencia del CGPJ juristas “de reconocida competencia con más de veinticinco años de antigüedad en el ejercicio de su profesión”, pero distintas fuentes consideran que en la carrera —especialmente dentro del Supremo— no se entendería que el presidente no formara parte del Alto Tribunal.
En el último pleno en el que se abordó este asunto, los vocales conservadores propusieron que fueran todos los jueces los que se seleccionaran la presidencia de su órgano de gobierno a través de una votación. Ese es el sistema por el que se eligen las salas de gobierno de los tribunales y que supone un predominio de los representantes de las asociaciones judiciales que cubren el espacio ideológico de la derecha o el centro-derecha y una infrarrepresentación de las minorías y de los no asociados a pesar de que son casi la mitad de la carrera.
La aplicación de la amnistía
Más allá de la presidencia del CGPJ, el nuevo curso judicial estará marcado también por los retos de la aplicación de la ley de amnistía. Las miradas se dirigen al juez del Supremo Pablo Llarena, que ha rechazado aplicar la norma a Carles Puigdemont, y que tendrá que decidir si reactiva la euroorden y trata de abrir un nuevo proceso de extradición del expresident de la Generalitat después de su fugaz regreso a Barcelona el pasado agosto, cuando logró entrar y salir de España sin ser detenido.
La decisión de Llarena de no aplicar la amnistía, cuestionada por el Ejecutivo y que sólo comparte la extrema derecha de Vox, certifica que al enmarañado caso judicial de Puigdemont pueden quedarle todavía varios capítulos por escribir. El auto que le deniega la aplicación de la ley ya ha sido recurrido por su defensa, la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Entienden que el delito de malversación que el juez atribuye a Puigdemont entra en los márgenes de la norma porque no se enriqueció “personalmente” y que, además, su resolución va contra la “voluntad del legislador”.
El asunto acabará sin duda en el Tribunal Constitucional, que también estudiará próximamente si admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal y que, en los meses siguientes tendrá que analizar asimismo los recursos anunciados por el PP y las autonomías gobernadas por los conservadores.
La posible imputación del fiscal general
También se augura un otoño convulso en la Fiscalía General del Estado, cuyo máximo responsable, Álvaro García Ortiz, se expone a ser investigado en la causa abierta contra la Fiscalía a raíz de la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El juez entiende que pudo haber un delito de revelación de secretos en el comunicado con el que la Fiscalía buscaba desmentir varios bulos sobre el proceso judicial por doble fraude fiscal contra el empresario y comisionista.
El comisionista defiende que ese comunicado incluía información confidencial, como los términos en los que su abogado había propuesto un acuerdo de conformidad para evitar su entrada en prisión. El entorno del fiscal general defiende que su actuación fue acorde con el deber del Ministerio Público de dar publicidad a las actuaciones de la Fiscalía, tal y como establece el estatuto de la carrera y también para combatir la desinformación y acusaciones graves vertidas por un alto cargo de un Gobierno —Miguel Ángel Rodríguez— contra los fiscales.
Pero sobre todo, alega que no pudo revelarse ningún secreto puesto que los hechos a los que la Fiscalía puso fechas en su nota ya habían sido publicados por diferentes medios de comunicación gracias a una filtración de un correo amputado que hizo Rodríguez. Ahora será la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena la que decida si admite o no la exposición razonada del y abre una causa contra García Ortiz.
La causa contra Begoña Gómez
Tras un breve parón veraniego, también se espera que el juez Juan Carlos Peinado siga adelante con la investigación por presunta corrupción que mantiene abierta desde el pasado abril contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Y todo ello a pesar de que en los últimos cuatro meses ninguna de las diligencias puestas en marcha ha arrojado indicios claros de delito contra ninguno de los investigados: Gómez, el empresario Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache.
El magistrado tampoco ha aclarado por el momento de qué les acusa. Y, además, las pesquisas acumulan ya dos informes exculpatorios de la Guardia Civil y una decena de testimonios que niegan irregularidades en los hechos que originalmente denunció el sindicato ultra Manos Limpias.
El magistrado parece estar centrado ahora en la última ramificación del caso, que versa sobre la relación entre Gómez y la Complutense, donde dirigió una cátedra de Transformación Social Competitiva. En concreto, el juez indaga sobre si recibió algún trato de favor para dirigir esa cátedra y si, además, gestionó de forma irregular un software desarrollado en el seno del centro educativo. Ahora, tiene encima de la mesa la petición de que cite como testigos a una profesora y a un corredor de seguros amigo de Pedro Sánchez que, según las acusaciones de extrema derecha, habría ayudado a Gómez a buscar patrocinadores para su cátedra.
Mientras tanto, el juez Peinado estará pendiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), cuyos magistrados tienen encima de la mesa dos querellas que le acusan de revelar secretos y prevaricar en la gestión de esta investigación. Una de ellas la presentó la Abogacía del Estado en nombre de Pedro Sánchez. Los servicios jurídicos del Estado entienden que el juez retorció la ley para forzar que su comparecencia fuera presencial en la Moncloa y no por escrito. La segunda lleva la firma de Begoña Gómez, que acusa al instructor de alimentar una investigación “perversa y prospectiva”.