Un grupo de trabajadores de Coca-Cola permanece concentrado en la Plaza de Neptuno protestando por la situación en la que se encuentran desde que la empresa anunció un ERE. Los manifestantes son “controlados” por varios frugones de la Policía Nacional para evitar que avancen hacia las inmediaciones del Congreso de los Diputados, lo que no impide que lleguen hasta allí los gritos que no paran de lanzar contra el el Gobierno. La vigilancia policial es bastante discreta en comparación con los dispositivos montados en otras ocasiones.
Los conservadores detallan en su propuesta de resolución sobre el modelo de Estado que la Carta Magna “está plenamente vigente en toda su extensión”. Piden diálogo con el resto de grupos para aprobar las medidas anticorrupción que Rajoy anunció en el debate del año pasado.
El grupo formado por IU, ICV y la CHA pide una auditoría del déficit de tarifa y un umbral de renta para cortar el suministro energético por impago en sus resoluciones al debate sobre el estado de la nación.
Plantea suprimir la reforma laboral, la ley de eduación, el copago farmacéutico, la privatización de los hospitales, la reforma de las pensiones, las amnistía fiscal, la ley de Administración Local y hasta los billetes de 500 euros. También solicita que se retire la ley del aborto y la ley de Seguridad Ciudadana, y contrapone como alternativa sus propuestas recogidas en la Conferencia Política.
Lejos de entonar el “mea culpa”, el PP quiere que el Congreso de los diputados cierre filas con la Guardia Civil tras su escandalosa actuación en la tragedia de Ceuta que se saldó con la muerte de 15 inmigrantes. Los populares se quieren sacudir el escándalo y las críticas recibidas durante el debate del estado de la nación con una propuesta de resolución en la que la inmigración sea declarada como política de Estado. No contentos con eso, los populares piden que el Congreso “reconozca y agradezca expresamente la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en la vigilancia y control de las fronteras”.
Se trata de la primera ocasión en la que los populares plantean desde el gobierno una propuesta de resolución específica sobre el problema del control de fronteras y la derivada humanitaria que rodea al trabajo de las FCSE. La propuesta, que habrá de ser votada por todos los grupos, nace de la preocupación instalada en las filas del PP por las críticas a la gestión llevada a cabo por la Guardia Civil en Ceuta durante la madrugada del 6 de febrero en la frontera entre Ceuta y Marruecos.
El presidente del Gobierno ha empleado su última intervención en el debate sobre el estado de la nación para hacer un repaso de las las medidas y datos que ofreció este martes en su discurso.
En relación al modelo de Estado, Rajoy ha vuelto a decir que para reformar la Constitución es “muy importante que sepamos con claridad a dónde queremos ir”.
El presidente ha terminado su intervención apelando a que es necesario que se produzca la noticia de que “ETA se disuelve y deja de existir como banda terrorista”.
El portavoz del PP ha concluido su discurso con menciones a Cataluña y a ETA, así como haciendo un alegato por llegar a acuerdos en las poropuestas de resolución del debate.
“Hay políticos aventureros que quieren romper la nación”, ha empezado a decir Alonso en relación a Cataluña antes de alertar del “peliro de división y estancamiento” que supone el pulso independentista. “El Gobierno de Rajoy es garantía de la unidad España”, ha enfatizado.
También ha respondido al dirigente de Amaiur, Mikel Errekondo, que ha solicitado el fin de la dispersión de los presos etarras. Alonso ha asegurado que ETA “no tiene otro futuro que disolverse” y ha defendido que los jueces deben tener “las puertas de las cárceles cerradas” hasta que los presos por terrorismo cumplan íntegramente sus condenas.
“Le prohíbo que hable en mi nombre y mucho menos cuando esta hablando de la impunidad para los criminales de ETA”, ha reprendido Alonso al portavoz de Amaiur a quien ha acusado de hablar por todos los vascos. “En Euskadi hay muchos vascos como yo, solo hay una minoría a ETA durante 40 años y tenemos derecho a que no hablen por nosotros”, ha señalado entre los aplausos de la bancada popular.
El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha limitado gran parte de su intervención en el debate a alabar al Gobierno de Mariano Rajoy y a cargar contra el PSOE, tanto por sus años en La Moncloa como por la labor que desempeña en la oposición.
“Quien no supo decir la verdad desde el Gobierno es muy difícil que lo haga desde la oposición”, ha dicho en referencia a los socialistas: “No tienen derecho a arrebatar la esperanza a los españoles que se han ganado a pulso la recuperación económica que ahora comienza”, ha añadido basándose en el discurso triunfalista del jefe del Ejecutivo.
Apelando en varias ocasiones a la “esperanza” y la “ilusión”, Alonso ha utilizado su turno de palabra para alabar la gestión del Gobierno con generalidades, como la peitición de que mantenga el “rumbo”, o para ensalzar la figura de Mariano Rajoy, de quien ha sostenido que “no responde a más mandatos que servir al bien general”.
El presidente del Gobierno ha vuelto a cargar contra Amaiur por no pedir la “disolución” de ETA. “Usted y otros como usted deben explicaciones a las víctimas del terrorismo y al conjunto del pueblo español”, le ha dicho antes de asegurar que no va a permitir que nadie como él “se convierta en el interprete de lo que piensan los españoles”.
También se ha extendido en la respuesta al representante de Equo-ICV, a quien ha asegurado que intentarán llegar a un “entendimiento razonable” respecto a la financiación autonómica atendiendo a los distintos gobiernos. Además, se ha comprometido a estudiar la propuesta de prohibir que se embarguen las ayudas sociales que se conceden con carácter de urgencia y plantear a la Cámara la modificación si le parece “sensata y razonable”.
El portavoz de Equo-ICV, Joan Baldví, ha celebrado “el tono, más amable” de Mariano Rajoy, aunque le ha reprochado que no haya “contestado nada”, en referencia a la deuda histórica que el Gobierno reconoce, si van a variar modelo de financiación, ni sobre prospecciones en el Golfo de Valencia que combatían en la oposición. “Un año más, las inversiones en los presupuestos en Valencia están por debajo de la media”, ha dicho.
Baldoví ha invitado al Gobierno a tomar medidas pequeñas para que no haya que esperar a que las “grandes medidas macroeconómicas lleguen a la gente”. Así, ha propuesto que el próximo Consejo de Ministros apruebe una enmienda para impedir que se pueda embargar a los ciudadanos las ayudas sociales de emergencia que reciben. “Si cada viernes aprobaran una de estas medidas sencillas, la gente lo notaría más”, ha expresado.
El portavoz de Amaiur, Mikel Errekondo, ha respondido a la petición de Rajoy de que exija la disolución de ETA. “¿Cómo puede pedir la disolución a alguien que pretende que haga más cosas después?”, se ha preguntado antes de decir: “Si el Gobierno es incapaz de solucionar los problemas de la ciudadanía y el conflicto político (en referencia al conflicto vasco), disuélvanse ustedes por incapacidad”.
“Me pide usted que haga examen de conciencia pero aquí quien ha venido a dar explicaciones es usted”, ha señalado Errekondo, que ha vuelto a insistir en la necesidad de acabar con la dispersión de los presos etarras y poner fin “a las medidas excepcionales penitenciarias”.